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Han
pasado seis años desde que la guerrilla de las Farc cometió uno de los crímenes
más dolorosos en la historia de Nariño. Fue la masacre de 27 indígenas Awá, del
resguardo Tortugaña Telembí, la que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las
comunidades que están en medio del conflicto armado.
Así
lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto A004 de 2009, con el que le
ordenó al Estado tomar medidas para proteger a los grupos étnicos que estaban
en riesgo de “ser exterminados cultural o físicamente”.
“Con
el auto de la Corte la problemática se hizo visible, pero casi nada ha
cambiado”, dice Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena
de Colombia (Onic). Entidades internacionales han respaldado su afirmación. En
2013, Amnistía Internacional le advirtió al Estado que “más de una tercera
parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados con ‘exterminio’”.
Un año más tarde, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los
Pueblos Indígenas de Colombia (ADPI) señaló que al menos 34 de las 102
comunidades indígenas que tiene el país podrían desaparecer.
La
Corte reconoció a 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción, que reúnen a
cerca de 35.000 personas. Comunidades como los Wiwa, Hintú, Awá, Nukak Makú y
Kamentzá, según el alto tribunal, han ido desapareciendo y perdiendo sus
costumbres por factores como el desplazamiento forzado. La Onic ha señalado que
los pueblos en riesgo en realidad son 64, es decir, el 62% de los pueblos
indígenas en Colombia: “Tenemos casos complicados en regiones como Casanare,
con comunidades que han perdido los recursos para subsistir”, dice Arias.
Protección al territorio
Hacen
falta por reconocer, según la Onic, comunidades como Tsiripu, Eduria, Pisamira,
Piaroa, Wipijiwi, Yaruro, Dujos, Bara, Ocaina, Amorua y Carijona. Después de
una serie de diálogos con el Gobierno, la Onic logró que el Ministerio del
Interior expidiera el Decreto 2333 de 2014, el cual fija unos mecanismos para
la protección de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas. Una de las
novedades del decreto fue la creación de “un sistema de coordinación
interinstitucional para la unificación de la información predial de los
territorios indígenas”. Esto permitirá establecer la ubicación exacta de los territorios
a proteger.
Definida
la ubicación, el Incoder comenzará a analizar las solicitudes de protección
enviadas por las comunidades indígenas. Una vez expedida la resolución de
reconocimiento y protección del territorio ancestral, el Incoder establecerá una
demarcación del área protegida. Se espera que este año comiencen a verse los
resultados de los compromisos que quedaron establecidos en el decreto.
Sobre
los grupos étnicos en riesgo de extinción, el Ministerio del Interior le
respondió a El COLOMBIANO que “se estima que en la actualidad existen más de
800 solicitudes sin resolver, realizadas por los pueblos indígenas ante el
Incoder, sobre la titulación, constitución, saneamiento y ampliación de
resguardos indígenas en el país; la mayoría de las cuales lleva más de 16 años
en trámite y 828 procesos priorizados por la Comisión Nacional de Territorios,
en los cuales no ha existido la diligencia necesaria para avanzar en la
protección jurídica de estos territorios indígenas”.
En
los pronunciamientos de la Corte Constitucional aparece que, además de los
conflictos por las tierras, existen situaciones de pobreza y “débil presencia
institucional”. El problema, como lo reconoce el Ministerio, es que “muchos de
estos territorios no están priorizados para compra por parte del Estado. Es
imperativo requerir el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de los
pueblos indígenas”.
Según
los estudios del Ministerio, existen 268 resguardos habitados por un total de
364.934 indígenas (52.130 familias). Esta población habita en un territorio de
149.045 hectáreas “que demandarían ser ampliadas en una superficie no menor a
1.192.628 hectáreas adicionales, con el propósito de asegurar condiciones
razonables de vida a las comunidades titulares del dominio de los resguardos”
Antonio
Palechor, uno de los voceros del Consejo
Regional Indígena del Cauca (Cric), explicó que “en lo que se refiere al
cumplimiento del auto de la Corte se ha avanzado, pero no se ha cumplido. Las
amenazas por parte de los grupos armados y de las bandas criminales continúan.
Los decretos no están reglamentados. Todo está en el papel. Para obtener
registro en el reconocimiento del Incoder hay que llenar una serie de registros
que, por lo menos en el Cauca, a los cabildos les ha costado cumplir”.
En
julio, el Cric le presentará una propuesta al Gobierno para reglamentar tres
decretos que apuntan a mejorar la calidad de los pueblos indígenas. Si bien
estas medidas constituyen un avance, el líder indígena del Cauca, Feliciano Valencia,
considera que hace falta un largo camino por recorrer: “En 2009 el Gobierno
debió crear una ruta metodológica para atender a 102 pueblos indígenas, según
ordenó la Corte. Para las 34 etnias en riesgo de extinción se comprometió a
adelantar 34 planes de salvaguarda. Todo esto se quedó en reuniones y
conversatorios”.
Hay
antecedentes, dice Valencia, que generan escepticismo: “En 1999 se expidió el
Decreto 982, que no se ha reglamentado. Los decretos abren posibilidades, solo
eso. De ahí a ver acciones concretas, difícil”.
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