jueves, 30 de abril de 2015

TIRANÍA CONSTITUCIONAL Por Estuardo Melo

EStuardo meloCabe preguntarse qué fue lo que obtuvieron los ecuatorianos al respaldar en las urnas al Rafael Correa y a su improvisado y maltrecho proyecto autodenominado de la revolución ciudadana en el que se camuflaba la intención de conducir al país hacia un sistema de idénticas características al que impera actualmente en la República de Cuba.
Una estabilidad tiránica de ocho años que van para catorce, si no opera previamente el paso a un consenso opositor inteligente, bien intencionado con unidad para defender un sistema democrático real.
La des-planificación y la consigna política ligada a fondos de contingencia dejados por otros gobiernos, la abundancia de dólares petroleros, crédito costoso y la recaudación de impuestos, hizo que el gobierno emprenda en un vórtice de gasto e inversión pública con enfoque populista sin equilibrio, factibilidad real ni análisis de costo-beneficio.
El gigantesco crecimiento del Presupuesto del Estado en gasto corriente, sumado a la sobrevaloración del 30% de los costos de la obra pública, derivó en un consumismo frenético y en una sensación falsa de progreso.
La sensación falsa sumada a la propaganda del régimen que ha saturado los medios, influye en una población poco calificada que permitió con su voto, la hegemonía de un partido único, con el dominio todos los poderes del Estado, sitiando a la sociedad ecuatoriana y arrinconándola en una indefensión casi absoluta.
Esa hegemonía pasa a convertirse en una cadena de leyes dictadas bajo el efecto de la sumisión fanática de un grupo llevado por obra de la votación popular a implementar todo lo que le conviene al Presidente del gobierno para cumplir con las consignas políticas y económicas del proyecto de origen cubano-venezolano.
Ese fenómeno de incondicionalidad sumisa y obsecuente, tiene igual efecto al de un gobierno dictatorial e inconstitucional, que apartado de la Constitución y las Leyes, gobierna por decreto.
En efecto, el gobierno, gracias a su inopinada forma de administrar el país, nos ha llevado a un estado de quiebra de la caja fiscal; con inminente riesgo al sistema monetario que con los precios del petróleo a la baja, no tiene posibilidad de repago de las cuantiosas deudas que contrajo en los últimos ocho años. La cuasi insolvencia, le ha dificultado conseguir más créditos, único recursos que le queda para cubrir el enorme hueco fiscal, pues necesita al menos doce mil millones de dólares, para mantener el ritmo de falso crecimiento convirtiendo al Estado en una insaciable bestia que apela a todo cuanto esté en sus manos para cubrir su desprestigio y la censura de la ciudadanía.
Lo antes dicho, se demuestra por ejemplo, en la nueva Ley aprobada, mal denominada de Justicia Laboral. En ella se resume toda la voracidad y ruptura de la normativa vigente, Constitución incluida:
- Pisotea el Precepto Constitucional que obliga al Estado a contribuir con el 40% para la solvencia y sustentabilidad del sistema de pensiones jubilares. (La única razón ha sido la falta de fondos para cumplir con esa obligación constitucional) y desconoce por sí y ante sí la obligación y como único arbitrio, convierte su carencia de fondos en Ley.
- La Ley trata más de cuatro materias, asunto prohibido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (Art. 56.- Calificación de los proyectos de Ley.- El Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional y verificará que cumpla, con los siguientes requisitos: 1. Que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte).
- Afecta a los derechos constitucionales de trabajadores a los que se les limita la cuantía de sus utilidades, en un claro retroceso. (El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas).
- Limitar techos de utilidades para un grupo de trabajadores implica discriminación, segregación, dedicatoria y ausencia del principio de generalidad de la Ley.
- Incluye en el sistema de Pensiones del IESS al grupo de ¨trabajadoras del Hogar¨, con un proyecto que no tiene sustento financiero y colabora en su deterioro institucional.
- Confunde la disposición de universalidad del aseguramiento social, con obligaciones no sustentables que nada tiene que ver con la ley de seguridad social.
Otro acto dictatorial y tiránico, es la pretensión de prorrogarse en funciones de forma indefinida con base en una enmienda constitucional.
Cómo lo hizo: Dio a entender en una sabatina su pretensión. Inmediatamente la Presidenta de la Asamblea pidió el pronunciamiento de la Corte Constitucional que aprueba el tratamiento de la reforma como enmienda, violando el Artículo 441, que dice:
“La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental (de la constitución), se realizará mediante referéndum. La Corte Constitucional no sustentó en su veredicto en qué consiste la ¨Estructura Fundamental de la Constitución¨ o si con la enmienda se altera su parte fundamental o su parte accesoria. La Corte debió asegurar la corrección de su dictamen, pero prevaricó ante la orden emanada del Presidente en la sabatina.
Por otra parte, al buscar el Presidente su reelección, caerá en Perjurio, porque a su posesión juró cumplir el mandato constitucional determinado para su cargo, que establece la reelección por una sola vez.
Muchos ecuatorianos se rinden ante la evidencia de la obra pública y la infraestructura vial, equipamiento escolar y hospitalario, centrales hidroeléctricas y de control de inundaciones en los ríos ecuatorianos, pero no están en capacidad de juzgar si esa obra ha sido ejecutada bajo parámetros aceptables de prioridad y costo, en razón de la falta de transparencia.
El gobernó no ha presentado ninguna evidencia que permita aceptar que los valores invertidos hubieran sido producto de una administración honesta, o por medio de un informe de fiscalización de cada obra, peor con auditoría de las entidades de control.
Pero van surgiendo evidencias del sobrecosto de esas obras a medida que se van inaugurando.
- La vía a Collas, de acceso al nuevo aeropuerto de Quito, ejecutada por el gobierno, tuvo un sobreprecio del 50%.
- El sistema de almacenamiento de gas en Monteverde, ejecutado por la Marina nacional, con un costo inicial de $263´000.000, terminó costando $660´000.000, un sobreprecio del 250%.
- La central hidroeléctrica Manduriacu, que debió costar $72´000.000, terminó costando 230´000.000, el 300% de lo que debía.
- El proyecto Coca codo Sinclair, que nominalmente debió costar para sus 1500 MW instalados el valor de $1800´000.000, fue contratado en 2.300´000.000 y terminó costando $2900´000.000.
- Denuncias que son indicios de corrupción, desde el mismo seno del gobierno ( Sobreprecios en obras púbicas presentadas por Alfredo Vera) 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=89491
- Denuncias originadas en la empresa australiana contratista de varios proyectos hidroeléctricos con respecto a pagos a funcionarios del gobierno, para acceder a contratos (CAMINOSCA).
- Denuncias presentadas por Andrés Páez, por depósitos en paraísos fiscales originados en la China para funcionarios cercanos al Vicepresidente.
- Denuncias documentadas constantes en el libro Ecuador made in China.
Resta solamente un año, para que se pueda develar toda la corrupción denunciada y es necesario que quienes creen en la obra pública de este gobierno, también se convenzan de que la ejecución de las obras fue realizada con honradez y entreguen su voto convencidos de esa realidad, no obnubilados por la propaganda y el falso discurso.
La enorme suma que el gobierno de la revolución ciudadana ha manejado, su afán por realizar Mega Obras, la falta de auditoría de esas obras: la queja de los contratistas a quienes extorsionan los funcionarios para que se devuelva al menos el 30% del valor que contrataron; la coima que recibieron por adjudicar, permiten suponer que se ha generado gracias a la falta de transparencia y auditoría un enorme perjuicio proporcional al monto invertido.

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