La desdolarización en marcha
Un punto medular para procesar esta salida ordenada de la economía radica en la forma. Para el correísmo la salida vendrá dada por una combinación entre acciones tecnocráticas y prácticas autoritarias, mientras que sería necesaria una salida democrática, con amplia participación social, inclusive para impedir que los grupos de poder sean los beneficiarios de un proceso que solicita mucha equidad.
18 de agosto del 2014
ALBERTO ACOSTA
Las cinco y más patas del gato
El objetivo explícito del Código Monetario y Financiero es cumplir con el mandato de la Constitución de Montecristi: del artículo 308 al artículo 312, que habla del sistema financiero. En concreto se parte de la definición de dicho sistema como un servicio de orden público (artículo 308).
Un banco, esto cabe dejar sentado, no es una empresa cualquiera, ni siquiera un servicio público tradicional. Un banco asume no solo el cuidado de los depósitos de los clientes y la colocación de dichos recursos. Un banco, al generar dinero, tiene un poder que debe ser regulado y controlado por el Estado. Debe quedar claro que el ahorro no financia el crédito como usualmente se piensa. Los bancos inclusive no requerirían depósitos previos para crear crédito. Esto lo conocen muy bien estas instituciones y es allí donde radica su gran poder y ese poder debe ser regulado.
Luego de las duras experiencias vividas en el país, cuando el sistema financiero privado, directa o indirectamente, controlaba la economía y la política, resulta necesario contar con todos los mecanismos que permitan su adecuado control y regulación. En esta dirección parecen apuntar los justificativos y algunos elementos del Código.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la conformación de una súper Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera presenta algunas debilidades. La primera, que el Banco Central solo tendrá voz, no voto. En lo relativo a manejar y controlar el sistema financiero, esta Junta no garantiza el total cumplimiento de los objetivos constitucionales.
Fue el ingeniero León Febres Cordero, el líder socialcristiano, quien, cuando fue diputado en el año 2005, propuso que el 75% del ahorro en la banca se direccione a inversiones productivas.
El hecho de que a los miembros de la Junta se les garantice una amplia inmunidad, inclusive en contra del artículo 309 de la Constitución, a la postre también podría demandar en un momento dado la misma proporción de responsabilidades ante la ciudadanía. Así, a pesar de que la Disposición General Primera diga que “El Estado no es responsable de la solvencia de las entidades del Sistema Financiero Nacional y de las entidades que conforman el régimen de valores y de seguros, y no asumirá deudas privadas”, en un futuro no lejano, será fácil echarle la culpa al Estado. Se podría endilgar potenciales problemas a una Junta con tantos poderes, con lo que inclusive pueden quedar puertas abiertas para salvatajes, que serán vistos como legítimos, aunque no sean legales. En síntesis, si las cosas van mal, habrá motivos de sobra para responsabilizar a la Junta y echar mano de los recursos públicos para sanear bancos.
Pero hay más. Sin pretender agotar todos los temas de un Código tan extenso, de su estudio se puede desprender que el Gobierno está interesado en direccionar el ahorro que está en el sistema financiero privado hacia inversiones productivas. Esto no es necesariamente criticable, aunque dependerá de los mecanismos que se utilicen y los sectores beneficiarios. La inversión pública ha sido, hasta ahora, el motor de la economía durante la gestión del presidente Correa. Esto se debilita. En el último tiempo asoman indicios de que habrá restricciones financieras que no se cubrirán tan fácilmente como antes recurriendo a los cuantiosos créditos chinos.
Es curioso, pero la idea de utilizar dichos recursos ahorrados para fines productivos tiene historia en el Ecuador. Fue el ingeniero León Febres Cordero, el líder socialcristiano, quien, cuando fue diputado en el año 2005, propuso que el 75% del ahorro en la banca se direccione a inversiones productivas, al mismo tiempo planteó anclar las tasas pasiva y activa de la banca, reduciendo las comisiones que ésta cobra. León Febres Cordero, presidente del año 1984 a 1988, fue, como todos recordamos, un prototipo de gobernante autoritario empeñado también en modernizar, a su manera, la economía ecuatoriana.
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