Los cambios, digamos las revoluciones que hace falta para romper el inmovilismo que ancla al pasado, son complejos por la conducta reacia de las gentes que requieren sostener sus privilegios o sus prejuicios, aunque de ellos devienen perjuicios. Y por el acomodo politiquero que no enfrenta esa reticencia. Esto sucede cuando se propone reformar las leyes laborales y acabar con un sistema de seguridad social empobrecedor, ineficiente y socialmente pernicioso. Son temas tabú. Apenas surge una propuesta, los resentimientos sociales, los prejuicios y las pasiones ideológicas impiden una mínima perspectiva sobre la realidad.
De esa abyección ha sido víctima el actual Presidente del Consejo Directivo del IESS, el socialista y excorreísta Paúl Granda. Neófito en la materia, él descubrió que estructuralmente el sistema de seguridad social está colapsado no porque los gobiernos hayan usado sus recursos para financiar gasto público o porque los políticos han llenado de burocracia el IESS o porque los corruptos se han enriquecido con las compras y construcciones. No por eso, sino porque las aportaciones son insuficientes para sostener el sistema. Granda merece una repelada. No porque haya dicho esto y que se debe pensar en incrementar la edad de jubilación, sino por su irresponsabilidad en hacer declaraciones sin tener una propuesta, una alternativa, una posible solución. Granda, como es común en este gobierno, se engolosina con las entrevistas solo para decir sin proponer. De esa forma, el debate termina en el bla bla insulso y no en abordar las transformaciones y, peor, ejecutarlas.
Los aportantes se benefician de una solidaridad abusiva. Veamos, los aportes para seguro de salud y de jubilación (sumados el patronal y el personal) son insuficientes. Los hijos menores tienen cobertura de seguro de salud sin ninguna aportación. Los jubilados tienen cobertura de seguro de salud, con cargo a las aportaciones pasadas. ¿Hay alguna empresa de seguro de salud que paga gastos médicos sin aportaciones actuales, que financie esa prestación? Como el aporte es insuficiente, los seguros que benefician a los jubilados se pagan con lo que aportan los afiliados activos. Llegará el momento en que para los aportantes actuales no tendrán cuando se jubilen y no habrá forma de financiar ni su seguro médico y, peor, las jubilaciones. Por eso el Estado debe financiar el 40% de aportes, lo que una monstruosa injusticia redistributiva. Los que no tienen empleo ni están afiliados, ceden parte de los recursos fiscales a favor de los privilegiados con empleo.
El sistema de aseguramiento necesita una revolución. Un cambio que no quede en ajustes al mismo modelo de reparto, sino uno nuevo que recoja las mejores experiencias de sistemas de aseguramiento del modelo de cuenta individual. Hay que ajustar la edad de jubilación a la expectativa de vida, corregir el descuadre entre los aportes y las prestaciones y, sobre todo, acabar con el monopolio estatal que permite el secuestro político de los recursos previsionales y la condena a las nuevas generaciones, atrapadas por el anacronismo mental de políticos y dirigentes sindicales.
Es obvio que es inútil esperar que este gobierno emprenda esta tarea. Paúl Granda no tuvo la delicadeza intelectual de exponerse ante los medios, más allá de la simpleza del que descubre el agua tibia. Mostró la improvisación del que llegó a ese cargo sin una agenda, sino como premio consuelo.
Algún rato, y llegará, se deberán enfrentar con entereza estos cambios que parecen imposibles. Romper el molde en el que se forjaron las leyes que regulan las relaciones laborales y las de aseguramiento y habrá que pasar por encima de los inmovilistas que encadenan el futuro a sus dogmas. El IESS, tótem del estatismo, sobrevive consumiendo los recursos que casi inconscientemente se descuentan de la nómina de los trabajadores que, en contraparte, reciben una pésima cobertura de salud y luego, pensiones insuficientes porque parte de sus aportes no alimentaron sus fondos personales previsionales sino que fueron a la bolsa común de la solidaridad. Esto es crucial y debe estar en la agenda electoral que se avecina.
Diego Ordóñez es abogado y político.
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