El año 2015 estuvo marcado por una serie de decisiones polémicas con relación al manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El Gobierno anunció una reforma para no seguir realizando el pago del 40% del fondo de pensiones, alegando que dicho fondo tiene liquidez suficiente, y, al mismo tiempo, una comisión conformada por el IESS y el Ministerio de Finanzas determinó que es imposible establecer el valor que el Estado debe al fondo de salud, debido, supuestamente, a una traba legal.
Al mismo tiempo, por lo menos desde el año 2010 que el IESS no cuenta con informes actuariales actualizados, que permitan proyectar en el tiempo cuándo durará el dinero que la seguridad social ecuatoriana tiene invertido en el Banco del IESS (BIESS) y otros instrumentos que deben asegurar el rendmiento financiero del dinero de los afiliados, quienes, en su mayoría, provienen de empresas privadas.
En otra polémica reforma, se dispuso que del 9.74% del sueldo de cada afiliado, que se depositaba en el fondo de pensiones, por lo menos el 5% pase al fondo de salud, esto debido a que las prestaciones de salud del IESS registran un déficit.
Aunque se estima que el fondo de pensiones tiene un valor de por lo menos USD 9 mil millones, una fuente del IESS que habló con PLANV a cambio de la reserva precisó que la gran mayoría se encuentra invertido en papeles, y que la liquidez real del fondo es de apenas USD 60 millones.
Mientras tanto, el fondo de salud tiene un déficit de por lo menos 1700 milllones de dólares, de los que no menos de USD 800 se deben a clínicas privadas, y USD 400 millones se destinarían a la construcción de tres nuevos hospitales en Quito, Guayaquil y Machala, cuya rentabilidad es cuestionada.
Según cifras del IESS a agosto de 2015, la seguridad social ecuatoriana tiene por lo menos 3´112.839 afiliados, de los que 2´363.038 provienen del sector privado, 632.791 del sector público, y 117.010 son afiliados voluntarios o independientes. Todo estos afiliados tienen por lo menos 2´926.069 hijos menores de 18 años.
Entre enero y junio de 2015, el IESS recaudó, en su mayoría por concepto de aportaciones, la cantidad de USD 3.884´817.274, de los cuales el 70% provinieron de aportes, el 14% de préstamos quirografarios, el 9% de fondos de reserva, el 5% de préstamos hipotecarios, y el 2% restante de mora patronal.
Del total de dinero que entró al IESS en el primer semestre de 2015, se presupuestó para el seguro de salud gastos de por lo menos USD 1787 millones, frente a ingresos que sumaron USD 1443, lo que significaría un déficit de aproximadamente USD 345 millones.
Según datos a diciembre de 2014, la situación del fondo de salud era la siguiente: USD 2090 millones de patrimonio, cuentas por cobrar al Estado por USD 1876 millones (que según un informe no se pueden determinar legalmente ni mucho menos pagar), otras cuentas por cobrar por USD 580,5 millones, anticipo a unidades médicas por USD 1181 millones, cuentas por pagar a prestadores por USD 653 millones, y otras cuentas por pagar a prestadores por USD 1103 millones.
Para el sector empleador, la situación del fondo de salud al 2014 más el déficit estimado en 2015 significarían que el seguro no es viable.
A pesar de esta situación, precisa un informe elaborado por Pezo, los hospitales que el IESS tiene previsto construir en Quito y Guayaquil tienen costos de construcción demasiado altos, lo que no permitiría recuperar la inversión realizada. En efecto, el caso de los hospitales en Quito y Guayaquil, el costo de construcción sería de por lo menos USD 3400 por metro cuadrado, mientras que en otro hospital que se construye en Machala sería de USD 1700 por metro cuadrado, caso en el cual sí se estaría recuperando lo gastado.
De esta forma, el único mecanismo para obtener liquidez del fondo de pensiones, sería vender parte de la cartera del BIESS, pero no está claro cuál será el impacto de estas operaciones financieras en la duración del fondo de pensiones, pues al haber retirado el Gobierno el pago del 40%, se cree que podría durar doce años o menos.
La problemática fue analizada por el vocal de los empleadores, Felipe Pezo, quien dirigió varias comunicaciones al presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa.
¿Debe o no el Estado al fondo de salud?
La polémica sobre el Estado debe o no al fondo de salud del IESS sigue sin resolverse, según documentación a la que tuvo acceso PLANV.
En efecto, según una comunicación enviada el 9 de julio de 2015 por Camilo Torres, director general encargado del IESS al contralor general del Estado, Carlos Pólit, una comisión integrada por un delegado del IESS y otro del Ministerio de Finanzas, emitió un informe interinstitucional el 13 de abril de 2015, cuyo propósito era determinar "los valores adeudados al IESS por contribución de prestaciones de salud, y que se determine la forma de pago de estos valores, que servirán para mejorar la inversión en el área de salud", cuya rotunda conclusión fue que "no existe deuda u obligación que se haga exigible, por la falta o vigencia de un reglamento a la Ley de Seguridad Social, de la cual no es legal hacer una determinación de montos o porcentajes por concepto de las prestaciones de salud".
El informe mencionado, que es un documento de ocho páginas, firmado por Cristian Hidalgo, delegado del IESS y Marco Almeida, del Ministerio de Finanzas, establece que, tras realizar varias consultas legales, han llegado a establecer que "no existe el Reglamento a la Ley de Seguridad Social en que se definan, para cada clase de riesgo, las coberturas y exclusiones de cada una de las contingencias amparadas por el Seguro General Obligatorio, los montos de los beneficios mínimos y máximos, y los porcentajes de aportación sobre la materia gravada, con sujeción a los parámetros establecidos".
De esta forma, el Estado alega que no debe aportar al fondo de salud, lo que obligó a buscar otros mecanismos para financiar el déficit.
La salida Volrisk
El Consejo Directivo del IESS fue convocado el 16 de noviembre de 2015 para conocer el informe, que había sido declarado "reservado" por un funcionario del IESS y elaborado por una consultora llamada Volrisk. que proponía el cambio en las tasas de aportación como salida para la falta de recursos para el seguro de salud.
En dicho informe se propuso el polémico cambio de las tasas de aportación, que fue aprobado sin tomar en cuenta las objeciones del sector empleador. Así, en un oficio dirigido por el vocal Felipe Pezo al presidente del Consejo, Richard Espinosa, se precisa que según la Constitución y la Ley del Seguro Social, hacer ese traspaso de fondos sería ilegal, además de atentar contra la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Para Pezo, al hacer esta redistribución de tasas, no solo que se ha violado la ley, sino que al hacer la necesaria desinversión de los recursos del fondo de pensiones para obtener dinero en efectivo, se afectará la capacidad del IESS para otorgar préstamos prendarios e hipotecarios, lo que, estimó el vocal Pezo, afectará al sector de la construcción y, con ello, tendrá consecuencias negativas sobre el empleo.
Además de los daños a la estabilidad del IESS que advierte en su comunicación, el vocal Pezo sostiene que no hay eficiencia en el manejo del seguro de salud, pues se estaría dando un "gasto sin medida y sin control", por lo que reclamó que se prioricen los gastos en atención médica por sobre los de infraestructura, entre otros temas.
Según el análisis efectuado por Pezo, la situación del seguro social se va a complicar todavía más en 2016, pues si en este año se estimó que el déficit en el seguro de vejez fue de no menos de USD 350 millones, esta cifra se dispararía a no menos de USD 1660 millones en el próximo año. En el caso de la salud, el año cerraría con déficit de por lo menos 567 millones, pero para el año 2016, si se mantiene el ritmo de ingresos del IESS, habría un supéravit de USD 80 millones.
¿Darle la vuelta al déficit?
Según ha declarado Richard Espinosa, cada año hay un déficit en el seguro de salud de entre USD 600 y USD 700 millones. Pero defendió la necesidad de construir nueva infraestructura de salud, al tiempo que sostuvo que el déficit de salud no puede ser atribuido a la atención a hijos menores de 18 años, pues esto solo significaría USD 180 millones. Admitió sin embargo que será necesario que el BIESS realice una desinversión de los recursos del fondo de pensiones, aunque esta no afectará, en su opinión, al fondo, pues luego se volverán a colocar los recursos. Para Espinosa, hay un supéravit en el fondo de pensiones de por lo menos USD 500 millones este año, incluyendo los rendimientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario