El manejo ambiental del proyecto Loma Larga, en el Azuay, fue una de la razones por las cuales la Contraloría General del Estado destituyó del cargo de Ministra de Ambiente, que ocupaba en el Gabinete correísta, 6 años después, a la actual asambleísta de RC, Marcela Aguiñaga.
El hecho político fue el destacado de esta decisión. La razón de la entidad de control fue que, en su calidad de Ministra, ella no observó la intersección del corredor biológico del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, con las concesiones mineras del proyecto Loma Larga.
La sanción se aplica, de acuerdo con la Contraloría, “por no establecer medidas coordinadas con el Ministerio Sectorial, ni implementar los correctivos referentes a la intersección del corredor biológico perteneciente al área nacional de recreación Quimsacocha, con las concesiones mineras Centro Casco y Río Falso, lo que ocasionó que las autorizaciones para las actividades mineras, en fase de exploración, se mantengan vigentes sobre el corredor perteneciente a Quimsacocha, cuando este ya estaba considerado como área protegida”.
En el 2012, el Ministerio de Ambiente incorporó al Área Nacional de Recreación “Quimsacocha” al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, prohibiendo así actividades no compatibles.
La respuesta de Aguiñaga
La respuesta de la legisladora correísta fue un tuit con insultos contra el contralor Pablo Celi. Dijo que se trataba de una retaliación política. "Hay bajezas, canalladas y luego están las actuaciones del pesquisa pseudo contralor Celi. Este servil cumpliendo la agenda de persecución contra la bancada de la Revolución Ciudadana, hoy pretende destituirme, como Ministra, de manera absurda e ilegal ¿Tanto miedo nos tienen?", trinó la legisladora correísta.
La medida fue notificada el 27 de marzo y hecha pública dos días después, en plena ofensiva correísta por tumbar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y provocar un juicio político al presidente Lenín Moreno por supuestas vinculaciones a una empresa off shore, Ina Investment, que vincula a uno de los hermanos y a varias amistades del Presidente.
Aguiñaga es uno de los tres alfiles del correísmo ortodoxo, que son las cabezas visibles de esa ofensiva. El segundo, el ex canciller Ricardo Patiño, está fuera del país tras una orden de prisión por un supuesto delito de instigación; y el tercero es Paola Pabón, la flamante prefecta de Pichincha, quien en redes sociales ha expresado su voluntad expresa que desde su dignidad de elección popular, provocará la caída del Gobierno.
Pero la respuesta política a Marcela Aguiñaga vino de la Contraloría. El "oportuno" informe, sin embargo, contiene mucho más que la sanción a la ex ministra de Ambiente del correísmo. Contiene cuestionamientos sobre cómo las concesiones mineras en el Azuay violaron normativas expresas ambientales y mineras para la no explotación de minería en áreas protegidas.
Las 145 hectáreas en disputa
Según el oficio fechado el 27 de marzo de 2019, remitido por la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, en el examen especial realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, se estableció una predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, en el ejercicio de las funciones de la ex ministra, entre el 15 de noviembre de 2007 y el 9 de noviembre de 2012.
En el documento, se precisa que la ex ministra de Ambiente tomó decisiones que facilitaron que se mantenga una concesión de exploración minera en el corredor del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, considerada una zona intangible. Este corredor, de 145 hectáreas, se encuentra en una zona en donde la zona protegida de Quimsacocha y la concesión minera de Iamgold, la empresa canadiense que opera en el lugar, se encuentran.
La Contraloría menciona en especial el acuerdo 007 del 25 de enero de 2012, publicado en el Registro Oficial 680 del 11 de abril de 2012, en el que se declaró como Área Nacional Protegida al sector de Quimsacocha, con una superficie de 3217 hectáreas. Antes, el 8 de enero de 2008, el titular minero de la concesiones Cerro Casco y Río Falso había devuelto 3221 hectáreas concesionadas, que fueron incorporadas al área protegida en Quimsacocha. Para crear un corredor biológico de conexión en las áreas revertidas, se incluyeron 125 hectáreas de Cerro Casco y 20 de Río Falso, lo que sumaron 145 hectáreas.
En Quimsacocha, al sur de Cuenca, se habrían concedido permisos mineros de manera irregular.
Pero luego tuvo lugar la concesión a la empresa canadiense Iamgold. Según la Contraloría, hubo un acuerdo con la minera para incorporar el corredor biológico al área protegida que no fue cumplido y sobre el que la ex ministra del Ambiente no se pronunció en su momento.
Según la notificación de la Contraloría, al no tomar en cuenta la situación de las 145 hectáreas de ese corredor biológico, la ex ministra del Ambiente incurrió en una responsabilidad administrativa culposa.
Las leyes que habría violado la ex ministra
La Contraloría explica que se violó el artículo 397 de la Constitución, que hace referencia al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por medio de la intangibilidad de las áreas protegidas. También se habría violado el artículo 405 de la Constitución, que establece que el sistema nacional de áreas protegidas deberá ser financiado y sostenido por el Estado. La Contraloría agrega que el artículo 407 de la Carta Magna establece que está prohibida la actividad extractiva de recursos no renovables en ese tipo de áreas, condición inalterable si no ocurre un pedido de la Presidencia de la República y la aprobación de la Asamblea Nacional.
La Contraloría señaló a Aguiñaga por violar el artículo 6 de la Ley de Gestión Ambiental, que establece que el aprovechamiento de recursos naturales es las áreas protegidas solo puede tener lugar por excepción.
Así mismo, se habría inobservado una norma del Ministerio del Ambiente, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, que obliga al ministro del Ambiente a cumplir y supervisar toda la normativa interna de esa cartera de Estado.
Por las violaciones expuestas, el contralor Pablo Celi consideró que se habían cumplido las condiciones previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y estableció la destitución del cargo de ministra del Ambiente y una multa de USD 5840, equivalentes a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general, de 292 dólares cada uno, que era el valor vigente al 2012.
La asambleísta y ex ministra tiene 30 días para responder a la Contraloría, pues se trata de una predeterminación, una sanción que, sin embargo, el contralor puede poner en firme al terminar ese plazo.
Una práctica constante en el correísmo
Pero además de la cuestión del corredor de 145 hectáreas, la concesión de Loma Larga, según la Contraloría, tiene una serie de irregularidades. Uno de los sectores del concesión de Loma Larga, conocida como Cristal, no habría contado con licencia ambiental, lo que no impidió, destaca la Contraloría, que se siguieran realizando trabajos de prospección en el sector. Varias de estas irregularidades fueron cometidas, estima la Contraloría, por las dependencias del Ministerio del Ambiente con asiento en Cuenca.
El informe señala también que la concesión en el sitio llamado Cristal nunca contó con licencia ambiental, y que las sucesivas administraciones ambientales y mineras bajo el correato nunca tomaron en cuenta que el proyecto de Iamgold en Quimsacocha estaba cerca de áreas protegidas y cuencas hidrográficas.
Se establece también que hay varias razones para declarar la caducidad de la concesión minera en el sector, lo que debería ser ejecutado por las autoridades ambientales, mineras y del agua en la zona.
Para Alberto Acosta, ex titular de la Constituyente de Montecristi, a pesar de haberse aprobado en los primeros años del correísmo el Mandato Minero, el Gobierno de Rafael Correa nunca cumplió con sus preceptos, facilitando por el contrario la explotación minera a cielo abierto en varios proyectos en todo el país.
Así, el caso de la destitución y multa contra Aguiñaga revelaría algo más de fondo: la política correísta de constante evasión de las normativas mineras, ambientales y del agua para favorecer el desarrollo de proyectos mineros.
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