La Amia, Nisman y Chile
El fiscal argentino, en reuniones públicas y
privadas, comentó a autoridades y miembros de la comunidad judío-chilena la
relación que existía entre Santiago y el atentado a la mutual israelita en
1994. La revelación del expediente activó en los últimos días una serie de
diligencias que van desde un oficio a la Cancillería para que explique la
acreditación diplomática de personeros inculpados, hasta la petición para que
un persecutor se haga cargo de investigar la arista chilena, e incluso, que el
tema se trate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
por Hernán López - 01/02/2015 - 09:23
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© AFP
MARCELO
Isaacson, miembro de la comunidad judía en Chile, recuerda dos visitas del
fiscal argentino Alberto Nisman a Santiago que él coordinó. La última de ellas
fue en 2009, en una jornada que lo tuvo como protagonista de varias
actividades, de las que participó, según él, con especial interés. “Vino por el
tema de la Amia, él estaba muy comprometido con la causa”, dice Isaacson, en
referencia a la investigación que el abogado lideró -desde 2004- por el
atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, y que el 18 de enero
pasado fue encontrado muerto en su domicilio de Puerto Madero, en Buenos Aires,
con un disparo en la cabeza.
Apenas se
enteraron de la noticia, y conociendo a Nisman tras múltiples encuentros, en la
directiva de la comunidad descartaron de plano la tesis del suicidio -que en
las primeras horas se convirtió en la versión oficial-, compraron pasajes
aéreos y partieron rumbo a Buenos Aires.
En cada
conversación que sostuvo con dirigentes chilenos, el fiscal no perdía
oportunidad de contar en qué iba su investigación. En su última visita, de
hecho, Nisman comentó que estaba gestionando un espacio de cooperación con el
Ministerio del Interior y la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) para
esclarecer una de las aristas del caso: el nexo de los principales implicados
en el atentado con algunos países de América del Sur, como Chile, y que tras la
liberación del expediente, que comenzó a difundirse entre los miembros de la
comunidad, activó un fuerte despliegue.
En el
documento de más de 500 páginas, elaborado a partir de más de 1.700 carpetas de
investigación, se reafirma la participación del gobierno iraní en el incidente,
apunta al rol de las embajadas de ese país en Chile y Uruguay, y detalla la
labor de Mohsen Rabbani, principal acusado de liderar la penetración de Irán en
Sudamérica.
Según el
expediente, Rabbani -que mantiene junto a otros cinco dirigentes la
notificación roja de Interpol, de captura y extradición- ingresó al país en
siete oportunidades, con siete pasaportes distintos; habría financiado a
principios de los 90 la instalación de centros culturales con dineros del
gobierno iraní e incluso mantuvo algunos seguidores en Temuco. Todos esos
movimientos, bajo la protección que otorga el título de agregado cultural y la
consiguiente inmunidad.
“Aquí no
se trata de la comunidad islámica, aquí se trata del radicalismo islámico y de
la forma de operar del radicalismo islámico iraní. Una de las cosas que
descubrió Nisman es que la exportación de la revolución tenía varias patas. Una
de esas patas eran las embajadas y los centros culturales. Eventualmente, ahí
tenían personas que se convertían en espías o en gente terrorista. Ese modelo
fue replicado en Chile”, explica Gerardo Goridisher, presidente de la comunidad
judía, y que afirma que la relación con sus pares de la comunidad islámica, hoy
por hoy, es “buena, a mucha distancia”.
***
El lunes
26, los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), miembros del grupo
interparlamentario chileno-israelí, se reunieron con el fiscal nacional Sabas
Chahuán y con el presidente de la Corte Suprema. Ambos parlamentarios, con los
nuevos antecedentes proporcionados por la investigación de Alberto Nisman,
pidieron a través de un escrito la designación de un fiscal para que tome la
arista chilena en el caso Amia.
El último
antecedente respecto de diligencias en el caso es un exhorto internacional
enviado por el propio Nisman en el último trimestre de 2011 a la división
jurídica del Ministerio del Interior, que fue derivado por esa repartición a la
Corte Suprema, para recabar información respecto de si ocho personas de
nacionalidad iraní, supuestamente involucradas en el atentado, mantenían bienes
en Chile, tales como “inmuebles, automotores, cuentas bancarias, buques,
aeronaves, armas, acciones”.
Tras los
encuentros con las autoridades judiciales, los diputados afirman que Chahuán se
mostró dispuesto a designar a un fiscal para que pueda indagar en la arista
chilena y cooperar, de esa forma, a la investigación de Nisman que, tras su
muerte, quedó en medio de la incertidumbre.
Las
diligencias de Silber y Farcas, sin embargo, no terminan ahí. Mañana entregarán
un oficio en la Cancillería para que explique el procedimiento de acreditación
de representantes diplomáticos y para que recolecte antecedentes sobre la
visita, en siete oportunidades, de Mohsen Rabbani. “Haremos una presentación
formal, porque hay varias cosas que no se saben. El señor Rabbani tuvo alta
influencia en algunos centros y nos preocupa. Lo mismo ocurre con el tema de
las credenciales diplomáticas”, dice Farcas.
El
requerimiento de los parlamentarios está relacionado con Rabbani y con el
embajador de Irán en Chile, Hamid Reza Hosseini, entre 1993 y 1996, que
previamente había sido expulsado de Estados Unidos por su participación en actividades
de inteligencia. Incluso, una declaración de la Policía de Investigaciones
incluida en el expediente lo describió como “un ideólogo de la línea dura”.
Un caso
similar fue el Seyed Yousef Arabi, espía de alto rango que entre 1992 y 1995
figuró como encargado de asuntos consulares.
Farcas
reconoce que ha visitado varias veces Buenos Aires convocado por el Congreso
Judío Latinoamericano (CJL), que cada 18 de julio, en conmemoración del
atentado a la Amia, invita a parlamentarios de toda la región a un seminario y
a un posterior acto en recuerdo de las 85 víctimas -que tiene entre los
fallecidos al chileno Carlos Bobadilla- que se realiza en calle Pasteur 633. Al
final de cada cita, los asistentes firman una declaración en contra del
terrorismo. En la entidad transandina aseguran que unos 50 diputados han pasado
por los encuentros.
De hecho,
en el encuentro de 2013, Nisman expuso sobre los avances en el caso. En esa
oportunidad, los representantes chilenos tuvieron la posibilidad de conversar
por varios minutos con el fiscal, que relató parte del nexo chileno con la
investigación y dio cuenta de algunas dificultades en su pesquisa. En la
versión del año pasado, en tanto, a través de un video, un grupo de ex
presidentes de toda América enviaron un mensaje de respaldo a la CJL y de
condena al atentado. Uno de los ex mandatarios que participaron en la grabación
fue Ricardo Lagos.
“Hoy, la
Argentina vive un momento muy delicado, porque el fiscal que denunció a la
Presidenta de la República apareció muerto en circunstancias dudosas. Alberto
Nisman siempre estuvo en nuestras actividades, por ejemplo en el seminario
donde participaron decenas de diputados chilenos; siempre tuvo una gran
relación con la comunidad de toda América. Era un tipo de mucha determinación”,
dice Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL, que destaca la relación con
Chile y que recuerda que el fiscal tenía entre sus planes acusar a Cristina
Kirchner y al canciller Héctor Timerman -para quien la comunidad judía en
Buenos Aires ha pedido su expulsión de cualquier agrupación ligada a ellos- de
encubrimiento.
A tanto
llega la tensión en Argentina, que el 27 de enero, día internacional en memoria
de las víctimas del holocausto, la comunidad judía se restó del acto organizado
por la Casa Rosada y realizó una actividad propia.
***
En el
expediente de Nisman aparecen tres nombres de ciudadanos chilenos que
supuestamente habrían sido discípulos de Mohsen Rabbani. “Muchos de los líderes
de los centros islámicos chilenos fueron adoctrinados por partidarios del sheik
en nuestro país, y luego viajaron a Irán para completar su instrucción”, dice
el texto. Uno de esos supuestos discípulos es Javier Alejandro Oyarzún Vega.
Contactado por Reportajes, Oyarzún Vega afirmó que el tema está en manos de las
autoridades competentes y declinó referirse a su situación.
En 2012,
dos entidades religiosas de derecho público se constituyeron en el país. Una de
ellas es la Comunidad Islámica de Chile, con domicilio en Puerto Montt, que
entre sus constituyentes tiene a Oyarzún Vega.
La otra
institución inscrita ante el Ministerio de Justicia ese año es la Comunidad
Islámica Inamita de Chile, ubicada en Las Condes, y que tiene como uno de sus
miembros a Fuad Musa. Una de sus declaraciones como presidente del Centro
Cultural Islámico de Chile aparece en el expediente del fiscal para ilustrar la
finalidad de estas instituciones.
Las
entidades en Chile promueven la difusión, estudio y conocimiento del Islam,
realizan actividades de beneficencia con características educacionales y
culturales, y fomentan la coordinación de la comunidad musulmana.
Musa
también fue contactado por Reportajes, pero aclaró que no concedía entrevistas
a medios escritos.
Un miembro
de la comunidad musulmana, que pidió dejar su nombre en reserva, afirma que el
grupo siempre ha condenado los hechos de violencia y que han optado por no
hacer mayores referencias a la investigación de la Amia.
Otro hecho
que involucra a la investigación del caso Amia con Chile es la historia de
Assad Ahmad Barakat, ciudadano libanés ligado a Hezbolá que estableció un
fluido intercambio comercial en Iquique. El empresario, junto a otros
compatriotas, estuvo bajo la mira de la Policía de Investigaciones e incluso de
la CIA. Barakat mantenía residencia y negocios en Ciudad del Este y Foz de
Iguazú.
En 2001,
tras el atentado a las Torres Gemelas, la justicia de Paraguay dictó una orden
de captura en su contra acusado de financiar organizaciones terroristas. En
2002, Barakat fue capturado en Brasil y, 11 años después, la corte de ese país
decidió extraditarlo a Asunción.
Conocidos
todos los antecedentes, distintas organizaciones y dirigentes políticos
pidieron a La Moneda que impulse una “investigación internacional” por el caso
Amia, idea que fue rápidamente descartada por el canciller Heraldo Muñoz. De
todos modos, en la comunidad judía algunos piensan que, junto con las gestiones
en Cancillería, una posibilidad es pedir a la Presidenta Bachelet que explicite
una posición en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde Chile es miembro,
no sólo por el deceso del fiscal, sino, además, para que el siguiente
magistrado a cargo continúe con las diligencias que él llevaría adelante.
“Esperamos que la muerte de Nisman no signifique la muerte de la
investigación”, dicen.
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