El observador

Crónica de un Yasunicidio

Es una historia en tres partes: la lucha de la comunidad kichwa de Llanchama, en el corazón del Parque Nacional Yasuní; la acción de Petroamazonas frente a las comunidades en los campos petroleros y las zancadillas puestas a la consulta de YASunidos.

JUAN CARLOS CALDERÓN

Es un caso especial el de las comunidades de la ribera del Napo, dice el abogado Xavier Solís, un cuencano que trabaja en el Comité de Derechos Humanos de Orellana, en el Coca, atendiendo las denuncias y representación legal de estas familias indígenas y colonas, entre ellas a la Llanchama. Esta comunidad está en el ojo del huracán, en medio de los dos bloques petroleros que han movilizado a los Yasunidos y otros por su no explotación. “Desde fines del año anterior, el gobierno ha venido diciendo que todas las comunidades de los ríos Napo y Tipuntini, donde están los bloques 43 y 31, son comunidades en las cuales se ha hecho la consulta previa, de acuerdo al Art. 47 numeral 7 de la Constitución, donde dice que todas las comunidades tendrán derecho a que se les consulte de manera previa, libre e informada, sin embargo en comunidades como Llanchama, que ha venido resistiendo a la extracción petrolera desde hace varios años. En el documento que nosotros presentamos adjuntamos copias de documentos donde se puede ver claramente en la comunidad se ha dado una postura de no permitir la actividad extractiva en su territorio, porque han visto el impacto en las demás comunidades. Así decidieron y lo comunicaron al asambleísta Carlos Viteri Gualinga”, cuenta Solís.

La carta en mención fue ingresada el 30 de septiembre del 2013 a la Asamblea, dirigida el despacho de Viteri, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Ahí se declara que ante la decisión del gobierno de explotar el bloque ITT en el Yasuní, la comunidad decidió optar por un nuevo tipo de desarrollo: proyectos de ecoturismo. Y adjuntaron una petición: “se hace necesario legalizar la tenencia de la tierra de la comunidad Llanchama, que se encuentra apostada en la zona del ITT, dada la posesión ancestral que durante décadas las personas y comunidad nos encontramos ocupando tradicionalmente”. Y adjuntaron la firma de 40 de los 65 socios, por lo cual fue una decisión de la asamblea de la comunidad.

La respuesta de Viteri fue redirigir la petición a los ministerios de Agricultura y al de Ambiente.
Solís dice que la comunidad tomó esa decisión basados en los derechos de autodeterminación que da la Constitución a los pueblos y nacionalidades indígenas y los convenios de la OIT y Naciones Unidas.
La misma carta fue dirigida al presidente de la Corte Constitucional. No obtuvieron respuesta.

Llanchama se dieron reuniones de los pobladores para decidir sobre el ingreso de las petroleras.

Ante el silencio de las autoridades, el 2 de noviembre la comunidad hizo un pronunciamiento público, una carta abierta al pueblo ecuatoriano, a las autoridades y al Presidente de la República:
“A partir del 15 de agosto, cuando el gobierno ecuatoriano decide inconsultamente explotar el Parque Nacional Yasuní (…) empiezan a haber cambios que afectan nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones comunitarias”, empieza el comunicado, que fue el resultado de una nueva asamblea de socios.

Los ríos Tiputini y Napo son las arterias por donde estos pueblos alimentan sus vidas. Los niños y jóvenes van y vienen del colegio, compran los alimentos y sacan los productos a vender, llegan a los servicios de salud. Estas vías fluviales han sido copadas ahora por grandes naves, y son rutas de transporte pesado, con potentes motores y grandes desplazamientos. Las nuevas embarcaciones circulan a altas velocidades y generan olas de hasta un metro de altura. Esto afecta más en el Tiputini, porque es angosto y con muchas curvas, lo  cual pone en alto riesgo de naufragio o colisión los botes que usan las comunidades. Sus precarios puertos se desmoronan por el peso y fuerza de las embarcaciones, y hasta los huevos de las tortugas charapas, animales del río que anidan en la zona desaparecen y con ellos la especie.

A las comunidades preocupaba y preocupa ahora la militarización del río. Por la zona andan los militares y las embarcaciones de la empresa. Circulan a altas velocidades, no tienen respeto y hacen retenes a cada instante. Los ríos están cada vez mas contaminados de gasolina y combustibles, dijeron.

Por ello, en esa carta pública, la comunidad de LLanchama  exigió, antes de que la directiva fuera cambiada, que se respete su territorio, su tierra y se respete las relaciones autónomas dentro de la comunidad, sin injerencia de las autoridades del Estado. También pidieron que se limite la circulación de grandes embarcaciones, pues “ponen en riesgo la vida, afectan al territorio y acaban con la biodiversidad”. También que “los militares se limiten a proteger a la población y no trabajen para resguardar los intereses de la petrolera, y se legalicen las tierras ancestrales, se reconozca nuestra autonomía y autodeterminación”.

El comunicado de noviembre del 2013 fue firmado por la presidente de la asamblea de socios, Nereida Grefa, por Fausto Grefa el vicepresidente y por Juan Coquiche, secretario.
Tampoco hubo respuesta.

El abogado Solís recuerda el proceso posterior a esta carta: “Los de la empresa empezaron a intervenir en la directiva de la comunidad, asesorando a la nueva directiva, que cambió a fines de diciembre, y de todas maneras lograron dividir a la comunidad. Ahora está muy dividida. El grupo que firma la carta es el que mantiene su postura y denuncia que esta decisión de entrar a la comunidad para hacer la sísmica, con los subcontratistas fue sin el consentimiento de la asamblea de la comunidad. Lo que sucedió que Petroamazonas llegó con gente de la Subsecretaría de hidrocarburos y dijeron: vamos a firmar un acuerdo para legalizar las tierras, lo cual había sido una lucha de muchos años. Firman y luego ven que el acuerdo para legalizar las tierras era una autorización para que la empresa entre a hacer la sísmica en el campo 43.