EL PODER SE ENSAÑA CON UNA MUJER DECLARADA INOCENTE

 POR MAYRA TOAPANTA

La Corte Constitucional al mando de la Jueza Ruth Seni Pinoargote, realizó la semana pasada la audiencia pública por la acción extraordinaria de protección interpuesta por la Fiscalía bajo la representación del fiscal Galo Chiriboga, con respecto al caso de Mery Zamora, a quien en junio del año pasado el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificara su inocencia, después de que en primera y segunda instancia fue hallada culpable y sentenciada a 8 años de cárcel.
Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), fue acusada de sabotaje y terrorismo, por supuestamente haber incitado a estudiantes del colegio Aguirre Abad de Guayaquil, a realizar una manifestación en las calles el 30 de septiembre de 2010.

Según los argumentos de los abogados, Pedro Granja y Juan Vizueta, es una contradicción que sea el mismo Estado el que se acuse de vulneración de derechos.

Para Pedro Granja, “hoy está en juego la libertad de una madre de familia que no ha cometido otro pecado que el de pensar distinto al gobierno, son mas de 58 páginas que tiene el fallo, en las que se establece claramente los errores que cometió la fiscalía en la hipótesis de suposición. El fundamento de la acción no puedo agotarse única y exclusiva en la consideración supuestamente de lo injusto o equivocado de la sentencia, por consiguiente, la demanda presentada por el fiscal no debió ni siquiera haber sido admitida a trámite, lo que pretende hoy la fiscalía, es reaperturar el debate” explica.

“En el caso de Mery Zamora ya fue confirmado su estado de inocencia, por consiguiente, revertirlo es imposible, a menos que vivamos en una dictadura. Tomemos en cuenta que aquí se ha dicho que vivimos en un Estado Constitucional de derechos y justicia, que no debe ser distorsionada para terminar perjudicando al mas débil”, comenta.

Además menciona: “la Corte Constitucional no están para corregir los errores del Estado, fue instituida para tutelar los derechos del más débil, del ciudadano concreto, no puede desnaturalizarse la escancia del juez constitucional, quien está para tutelar los derechos, no de ellos, que son los que históricamente han tenido el poder, sino del ser humano concreto”.

El abogado Juan Vizueta comenta, “desde el primer momento que conocimos de la acción propuesta por la Fiscalía General del Estado, fuimos muy enfáticos en señalar el absurdo jurídico que existía respecto a esta pretensión de minimizar los derechos de los ciudadanos y garantizar el abuso del poder”.

Además explica: “hemos señalado de manera puntual lo improcedente, porque aquí no vamos a distraernos, no vamos a ir al territorio que pretenden llevarnos con esta acción extraordinaria de protección, para revisar si hubo motivación, tutela judicial efectiva, si de una u otra manera se ha generado alguna violación a los derechos consagrados en la Constitución, que protege a los derechos humanos. ¿Será que la fiscalía tiene derechos humanos?, se pretende que la Corte Constitucional proteja, el día de hoy será a la fiscalía, el día de mañana a un municipio, por lo tanto, es una equivocación que se este planteando esta acción, porque quienes tienen este derecho son los ciudadanos a título personal o colectivo, pero de ninguna manera un ente público, que es lo que pretende hacer la fiscalía”, culmina.

Mery Zamora señaló: “quiero agradecer a mis hijos, a mis compañeros, amigos, a todos quienes se encuentran presentes en este momento y que están a la expectativa de lo que sucede en mi proceso, quiero decirles que en la audiencia simple y llanamente el fiscal de la nación, ratificó su ignorancia y desconocimiento frente a lo que tiene que ver con una acción de protección. Ha quedado demostrado, gracias a la solvencia y conocimiento de mis abogados Juan Vizueta y Pedro Granja, lo que se ha venido sosteniendo: la acción de protección es un recurso del cual el ciudadano hace uso cuando tiene una sentencia condenatoria”, menciona.

“Fui declarada inocente por la Corte Nacional de Justicia y, por lo tanto, esa acción de protección no procede, entonces, la Corte Constitucional en la sala de la Doctora Ruth Seni, luego de haber escuchado a las partes, debe ratificar mi estado de inocencia, es lo que esperamos el pueblo ecuatoriano y yo, que se detenga la persecución política y que se deje de estar utilizando los instrumentos judiciales en este país, por odio y persecución inmisericorde a una mujer, madre y maestra, que ha demostrado que continua mirando al frente”, manifiesta.

La jueza encargada deberá elaborar un proyecto de sentencia, que después debe ser analizado por el Pleno de la Corte Constitucional para su aprobación, sin plazo establecido.