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CARACAS
La muerte de un
adolescente venezolano el martes pasado después de que un agente policial le
disparara con una escopeta cargada de perdigones de goma en la cabeza ha
causado no solo conmoción en la opinión pública, sino también el rechazo de
buena parte de la sociedad al uso de armas para reprimir protestas.
El jueves, un grupo
de estudiantes, juristas, académicos y opositores se pronunciaron contra la
resolución del Ministerio de la Defensa emitida recientemente que permite a la
Fuerza Armada el uso de la fuerza “potencialmente mortal”, en caso de que sea
necesario durante la represión de protestas.
El grupo presentó un
recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir ante la Sala
Constitucional la nulidad de esta resolución “nefasta” y “mortal” al tiempo que
exigieron un pronunciamiento rápido a esta solicitud pues aseguraron que “la
vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo” por culpa de este
instructivo.
El estudiante de
bachillerato Kluiverth Roa, de 14 años, falleció en un escenario de protestas
en San Cristóbal, estado Táchira (oeste) y el agente de la estatal Policía
Nacional Bolivariana (PNB) Javier Mora, de 23 años, ha sido imputado por
“homicidio intencionado” con agravantes por tratarse de un menor de edad.
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Mora confesó que
disparó al adolescente con una escopeta de perdigones de goma, según la
Fiscalía venezolana.
El defensor del
Pueblo venezolano, Tareck William Saab, aseguró el jueves, sin embargo, que la
resolución no guarda relación con la muerte del joven ya que ésta regula la
actuación de las fuerzas armadas y no de la PNB, cuerpo al que pertenece el
imputado.
“En este caso, quien
actuó fue la PNB lo que ocurrió fue que un policía de manera indebida, de
manera criminal, mató a un menor de edad, eso no tiene que ver con ninguna
resolución”, dijo Saab.
Los obispos
venezolanos, por su parte, pidieron a las autoridades del país que no empleen
métodos o armamentos “contrarios a la legalidad” en clara alusión a la
resolución que, según sus detractores, es contraria a la Constitución donde se
establece que las manifestaciones no pueden ser controladas con armas de fuego.
En un comunicado
firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y respaldado por la
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se exhorta además a que, “siguiendo la
invitación del papa Francisco” se agoten los espacios “para el encuentro y el
diálogo” que sea constructivo para la búsqueda de soluciones.
Sobre la detención de
los políticos, una representación de 15 burgomaestres pertenecientes a la
Asociación de Alcaldes por Venezuela se concentró el jueves frente a la prisión
militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para demandar la liberación
de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Entretanto, el
Gobierno ofreció detalles sobre el fallido plan de golpe de Estado que denunció
hace dos semanas el propio presidente, supuestamente trazado desde Estados
Unidos y en el que estarían involucrados, presuntamente, militares de la
aviación y opositores.
El presidente de la
Asamblea Nacional venezolana (AN), Diosdado Cabello, presentó en televisión una
relación de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente desde el teléfono de
Ledezma en enero de este año a un número de Estados Unidos perteneciente a dos
venezolanos que estarían detrás de la financiación del fallido golpe.
Según Diosdado, con
el mismo número de Estados Unidos al que aparecen llamadas efectuadas en el
registro del teléfono de Ledezma se comunicó también el teniente Henry Salazar,
detenido como uno de los ejecutores de la tentativa golpista.
Maduro dijo el jueves
que si al pueblo de Venezuela “le tocara luchar” solo, “sin el apoyo del
mundo”, así lo hará, en un acto en el que acusó a Washington de presionar “a
todos los países de Latinoamérica y el Caribe” para que se sumen y apoyen una
intervención estadounidense en Venezuela.
También pidió a los
“diputados de la derecha” del Parlamento Europeo (PE) que “no metan sus
narices” en los asuntos de Venezuela después de que la mayoría de grupos políticos
de la Eurocámara demandasen el miércoles la liberación de Ledezma y el cese de
los episodios de violencia en el país.
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