sábado, 9 de marzo de 2019

HAN PASADO MÁS DE SESENTA DÍAS Y EL TRIBUNAL PENAL NO PUBLICA LA RESOLUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL CASO: EL LUCRATIVO Y CRIMINAL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS. EL OBSERVADOR HACE UN LLAMADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA QUE EXIJA UNA EXPLICACIÓN, PORQUE JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA.



Acta resúmen de la parte pertinente de la resolución dictada en contra de Omar Andrés Vásquez Espinoza, por el Tribunal Penal del Azuay.
“....Por lo que se declara su culpabilidad y se le condena a la pena privativa de libertad de cinco años, la misma que no se le modifica pues no operan agravantes de aquellas previstas en el art. 47 Del COIP, no opera la agravante del fraude propuesta por fiscalía y acusación particular para agravar la pena , pues esta implícita en el acto, esto es parte constitutiva del acto. Con respecto a la procesada María Isabel Tálbot Gonzáles accionista minoritaria y presidenta de MEDIVEZA, no obstante que conocía de la ilicitud de la actividad desarrollado por su cónyuge y se beneficiaba de sus réditos, la acusación oficial y particular, no han logrado demostrar la actos ejecutados por aquella en cuanto a producir y distribuir medicamentos falsificados y medicamentos caducados, por lo que procesalmente corresponde declarar su estado de inocencia y dejar sin efecto las medidas cautelares que se hubieren dictado en su contra. Se ordena la destrucción integral de todos los medicamentos incautados, y será la agencia de regulación, control y vigilancia arcsa quien en coordinación con las dependencias especificas del Ministerio de Salud y con la asistencia de gestores ambientales se proceda a dicha destrucción. Se ordena también que toda la maquinaria en numero de 7, incautada a MEDIVEZA pase a ARCSA. Con respecto a los vehículos que eran utilizados para la transportación y distribución de las medicinas falsificadas, sean puestos a órdenes de ARCSA, que el Ministerio de Salud realice una campaña de seguimiento a todas las farmacias, boticas de las provincias australes para recoger los medicamentos falsificados distribuidos por mediveza, se dispone que el estado a través del Ministerio de Salud emprenda una campaña de concienciación pública sobre la compra de medicamentos eficaces y estables, que posean registro sanitario autorizado por el ARCSA; se ordena que este fallo cuando el mismo se encuentre ejecutoriado se proceda a su difusión a través de los medios de comunicación escrita...”

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