GABRIEL HIDALGO ANDRADE
Politólogo y abogado. Docente universitario.
La conjura
Es curioso encontrar a tantas personalidades con el mismo origen partidario en la labor de impulsar una misma causa. Otros lo hacen sin saberlo. Los une promocionar el voto nulo para, según ellos, socavar la legitimidad en la elección del Consejo de Participación y presionar su eliminación. Coincido con lo segundo. Es urgente expulsar del sistema institucional a una figura creada para concentrar el poder en el presidente que sea, instalar la corrupción y controlar a la sociedad. Discrepo en lo primero, lo manifesté en una modesta columna de opinión, luego en declaraciones para un programa de televisión y desde entonces se producido un torbellino que ha desempolvado antiguos clivajes geográficos e ideológicos.
Conmigo coinciden políticos, constitucionalistas, matemáticos y estadísticos de la región Costa, principalmente de Guayaquil, algunos liberales y socialistas y otros conservadores y socialcristianos. Discrepan con mi tesis de la falta de normatividad y de método para contabilizar los votos, principalmente académicos, políticos y funcionarios antiguamente democratacristianos de Quito, en su legítimo derecho, por supuesto. ¿Qué podría apuntar esta curiosa coincidencia?
Estamos a días de las elecciones y el Consejo Nacional Electoral podría introducir una fórmula para dividir en 7 los votos válidos o multiplicar los votos nulos y blancos por 7 y así resolver la anomia producida al convocar a tres distintas elecciones, una por cada papeleta, para componer un órgano colegiado integrado por escaños unipersonales. Para instrumentar esta finalidad se deberá reglamentar una ecuación matemática que compense la diferencia entre los votos válidos y los votos no válidos, lo cual sería inconstitucional. Pero aun así esto no será suficiente. Habrá sí muchos votos nulos o blancos por equivocación o por convicción, pero no los suficientes para superar la sumatoria que totalice los votos conseguidos por cada uno de los 43 candidatos de acuerdo a lo que exige el Código de la Democracia para declarar la nulidad de las elecciones. Entonces ¿cuál es la finalidad que parece más lógica? Después de tanto debate, no parece suficiente con socavar la legitimidad de un órgano convertido en representativo, sino de socavar la aprobación popular del sistema de elecciones, del sistema representativo y del sistema institucional. ¿Para qué? Para crear las condiciones de rechazo al modelo constitucional y justificar la convocatoria e instalación de una asamblea constituyente que redistribuya los equilibrios de poder que el presidente Moreno ha sido incapaz de gestionar.
En Ecuador, los democristianos clásicos son expertos en constituyentes. Estuvieron detrás de la constituyente de 1978 y de 1998. En la última de éstas reformas se coaligaron al socialcristianismo y al populismo cefepista que finalmente, en el último tramo, se quedó con la presidencia del órgano, incorporando a la socialdemocracia y al indigenismo que hicieron una nueva mayoría. De ahí nace una constitución mixta, progresista en derechos y liberal en instituciones. Luego se opusieron a la constituyente de 2008, a la nacionalsocialista de la revolución, porque tenían plena conciencia de sus consecuencias instrumentales. Ahora tienen la oportunidad de volver a rediseñar el Estado. Para esto buscan socavar la legitimidad del sistema representativo en general, no de un órgano en particular.
Actores públicos de altísima influencia y prestigio han manifestado su deseo de recorrer el país para conseguir las adhesiones ciudadanas suficientes para convocar a una consulta popular que enmiende la Constitución y derogue al Consejo de Participación. Pero de eso a convocar a una nueva constituyente estamos a un paso. Si esto último sucediera, los actores políticos serían casi los mismos: la democracia cristiana hoy en el partido de Guillermo Lasso y el populismo nacionalista, hoy en el nuevo partido de Rafael Correa. Y así otra vez refundamos la patria. Pero ¿eso nos conviene como país?
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