Xavier Cazar negocia 528 mil dólares por juicio a Fidel Egas

Publicado en diciembre 7, 2017  en La Info  por Martín Pallares

Derroche y despilfarro no hubo durante el correato únicamente en obra pública, en contratación de videos para el aparato de propaganda o en arriendos para oficinas públicas con precios exorbitantes. También hubo despilfarro en contratos con abogados por montos tan inflados que cuando se ve quiénes fueron los beneficiados es fácil caer en la tentación de pensar en que ahí hubo mucho más que simple despilfarro.

Un ejemplo de esto es un contrato que firmó la Superintendencia de Bancos con el abogado Xavier Cazar por 528 000 dólares. De acuerdo al texto del contrato, la Superintendencia acordó con Cazar, en el 2012, para que la representara como abogado externo en la demanda que, por presión del entonces Rafael Correa, puso al banquero Fidel Egas. Correa sostenía que Egas no había desinvertido en Teleamazonas en virtud de una norma constitucional del correato que prohibe a los banqueros a tener participación en medios de comunicación. Actualmente el juicio está en segunda instancia luego de que el banquero hizo una apelación tras haber  perdido en primera.

Dos estudios jurídicos de Quito que pidieron que sus nombres no sean revelados dijeron a 4Pelagatos que pagar más de medio millón de dólares a un abogado por un trabajo como ese es completamente absurdo. Uno de esos estudios, sin duda uno de los más caros de Quito, sostiene que para el trabajo que se contrató a Cazar un pago de 70 000 dólares sería considerado como “muy caro”, pero que 528 000 es simplemente impresentable.  El otro estudio consultado dijo, asimismo, que se podría cobrar 100 000 dólares pero en condiciones extraordinarias.

De acuerdo al contrato, los pagos deberán hacerse de la siguiente forma: un 20% luego de la presentación de la demanda, otro 20% al inicio de la etapa probatoria y un 15% tras la sentencia de primera instancia. Como ha sido presentada la apelación, la Superintendencia debe pagar un 5% del monto por la apelación hecha, en este caso por la defensa de Egas, y otro 10% tras la sentencia. Todos estos pasos ya han ocurrido. El resto de los pagos deberán hacerse así: otro 5% al momento que se presente, si eso ocurre, del recurso de casación por cualquiera de las partes y el 10% faltante a la hora de la sentencia. No se dice si ese pago final se hará si la sentencia es desfavorable para la Superintendencia.

Xavier Cazar no es cualquier abogado y eso es lo que hace a este contrato, al que tuvo acceso 4Pelagatos, muy sospechoso. Según sus credenciales profesionales, Xavier Cazar un abogado que ha tenido unas relaciones especialmente privilegiadas con el correísmo. Eso no tendría nada de irregular si no fuera porque se trata del esposo de Johana Pesántez, en ese entonces Ministra de Justicia de Rafael Correa y, actualmente, asesora jurídica de la Presidencia de Lenín Moreno. La esposa de Cazar fue sin duda una de las piezas más importante en la sistema correísta de control de la administración de justicia.

Según un paquete de correos electrónicos filtrados del círculo más cercano a la Presidencia de Correa, el matrimonio Cazar-Pesántez era un eslabón importante en el sistema que operaba para obtener fallos favorables en las cortes del país. En esos documentos, que fueron validados como ciertos por el presidente de la Judicatura, Gustavo Jahlk, la figura de Cazar aparece como pieza indispensable en el circuito entre Alexis Mera y su esposa Johana Pesántez.

Xavier Cazar apareció luego en otro paquete de documentos filtrados. Se trató del material de la Secretaría de Inteligencia, Senain, que salió a la luz pública asimismo por una filtración. En esos documentos se veía que Cazar había sido investigado por esa central de inteligencia del gobierno de Rafael Correa a través de la información que había de él en la herramienta Dato Seguro.

En el texto del contrato entre Cazar y la Superintendencia de Banco se dice que la contratación fue en virtud de una invitación directa hecha el 23 de agosto del 2012. En la claúsula cuarta del contrato, donde se habla del objeto del mismo, se dice que que la “Superintendencia de Bancos y Seguros requiere contratar los Servicios de Asesoría y Patrocinio Jurídico para la prosecusión y ejecución de acciones judiciales, para reclamar el presunto incumplimiento de las normas constitucionales (…) en que habrían incurrido uno o más accionistas de entidades o grupos financieros sujetos a control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como los fideicomisos creados para tal enfecto en el proceso de desinversión que deben realizar respecto de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A y Teleamazonas”. Cratel es el nombre de la empresa que opera a Teleamazonas.

En primera instancia, una jueza dio la razón a la Superintendencia y el caso está ahora en la Corte Provincial de Pichincha. En declaraciones a El Comercio, Fidel Egas dijo que ese fallo “envilece a la justicia ecuatoriana” y recordó que Correa “ya ha utilizado a los jueces venales para que el Banco Pichincha le entregue 600 000 dólares que invirtió fuera del país sin pagar impuestos”. En esas mismas declaraciones aseguró que “no tengo nada que perder pues Teleamazonas no es mío desde hace mucho tiempo”.

Abogados consultados por 4Pelagatos sobre el tema dijeron que es conocido que hubo un alcance al contrato entre la Superintendencia y Cazar y que el monto total de lo que se comprometió fue de 700 000 dólares. Sin embargo, no ha sido posible conseguir ningún documento que permita sostener ese supuesto.

Este contrato no parece ser el único entre Cazar y el gobierno. Según documentos obtenidos por el sitio La Posta muestran que el esposo de Johana Pesántez, actual asesora jurídica de la Presidencia, firmó con Petroecuador un contrato por 160 mil dólares para una asesoría legal. Cazar les respondió que no existe conflicto de interés pues no tiene ninguna relación con los miembros del directorio de Petroecuador. En ese caso, la contratación de Cazar se hizo bajo la modalidad de invitación directa; es decir sin concurso público. Cazar, además, fue durante un tiempo abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli, acusado de actos de corrupción en los trabajos de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

La contratación por un monto escalofriante de dinero hecho por un organismo del Estado a favor de un abogado que tenía una relación muy cercana a la entonces Ministra de Justicia no hace sino confirmar un modus operandique ha funcionado en el Ecuador durante los últimos años y que consiste en el intercambio de favores con dineros públicos. Más de medio millón para un abogado parecer ser sin duda un gasto exagerado. Y si ese gasto es a favor del esposo de una Ministra, entonces se vuelve inevitable pensar que hubo algo más que despilfarro.