El poder al descubierto

Por: Felipe Burbano de Lara

¿Por qué el Gobierno terminó por negociar con los médicos? ¿Se asustó, acaso, de las movilizaciones anunciadas para esta semana? ¿Temió una crisis en el sistema de salud pública? ¿Lo hizo para evitar que el conflicto pudiera tener repercusiones sobre la campaña electoral y en particular sobre el escenario político quiteño, donde, al parecer, el candidato de Alianza País enfrenta dificultades? Cualquiera haya sido el motivo que les llevó a negociar, el conflicto con los médicos deja al menos dos hechos nuevos: el primero, que el Gobierno aceptó el diálogo y la búsqueda de un acuerdo a pesar de toda su retórica grandilocuente de jamás ceder ante las presiones. Segundo, que el lenguaje que despliega Rafael Correa, respaldado luego en una inmensa campaña publicitaria en defensa del artículo 146 y en contra de los médicos, muestra cómo el Gobierno carece de límites cuando trata de imponerse en un conflicto. 

La Secretaría de Comunicación, en su habitual estilo guerrerista, lanzó una gigantesca campaña para desprestigiar a los médicos en sus argumentos, presentarlos como incapaces de expresar una posición propia frente al Código, y denunciar que estaban siendo manipulados y engañados. Si era cierto todo lo que sostuvieron el presidente y  la Secretaría de Comunicación, negociar sugiere al menos tres cosas: que el Gobierno se sintió débil, que los médicos tenían razón –y en consecuencia todo lo que se dijo de ellos era una burda manipulación publicitaria para desacreditarlos- o que el conflicto le estaba haciendo daño. ¿No son señales de que algo empieza a cambiar en las relaciones del Gobierno con la sociedad? ¿Dónde esconderá Fernando Alvarado la campaña de las últimas dos semanas? ¿Sentirá un mínimo de incomodidad por todo lo que se dijo de los médicos? Es el precio que deben pagar los diligentes funcionarios de la revolución.

El otro caso que ha desnudado al Gobierno es el de Bonil. Hemos visto a la Supercom, conducida por otro diligente funcionario, el licenciado Carlos Ochoa, hacer explícito el pensamiento que justifica la censura de opinión: agitación social, deslegitimación de la autoridad y enfoque equivocado de los hechos. AL forjar un argumento para sancionar al caricaturista y al medio que publicó su dibujo, el poder de la Supercom se mostró sin tapujos, abierto, transparente en sus intenciones. Luego, tampoco el procedimiento seguido dentro del “proceso administrativo” guardó las formas mínimas: la Supercom actuó de oficio, como juez y parte. Y finalmente, como ya se esperaba, llegó la sanción: se castigó al caricaturista y a El Universo. Ochoa leyó la resolución sin aceptar preguntas de los periodistas, como quien tiene miedo de sostener su argumento en un intercambio de preguntas y respuestas. Prefirió retirarse en silencio. 

Al Gobierno le había preocupado poco las formas, pero nunca tan poco como en los dos casos relatados. Con los médicos, ha debido tragarse sus acusaciones; y con Bonil, ha cumplido al pie de la letra su guión en contra de los medios. Estamos frente a una revolución que no puede contenerse a sí misma, ni en las formas y menos en el lenguaje.