El observador

 

El crimen organizado impone "zonas de silencio" y "autocensura" a periodistas en Ecuador, alerta la SIP

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, ha denunciado la imposición de "zonas de silencio" y "autocensura" por parte del crimen organizado en Ecuador.

En un llamado urgente al Gobierno, Rock exigió el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los periodistas en el país, afectado por la creciente influencia del narcotráfico.

"El crimen organizado impone zonas de silencio inicialmente, zonas de autocensura, que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos", expresó Rock durante una declaración a la prensa desde la sede del gobierno el martes 19 de marzo.

Rock sostuvo una reunión en el palacio de Carondelet con el mandatario Daniel Noboa, quien firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, ambas relacionadas con el respeto y la garantía de la libertad de expresión en América y en la era digital, respectivamente.

El presidente de la SIP resaltó que el aumento de la violencia del crimen organizado es un fenómeno que requiere la atención y la acción conjunta de toda la sociedad. "No se me ocurre un tema donde la prensa y la autoridad puedan marchar juntos de manera más urgente que en esto. Aquí no hay dos visiones distintas, el enemigo está claro", señaló Rock.

Rock instó al Ejecutivo a fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, establecido en 2022 en respuesta a la escalada de violencia del narcotráfico que llevó a nueve periodistas a exiliarse por amenazas en 2023, según informes de la fundación Periodistas Sin Cadenas.

Además, solicitó una firme acción contra la impunidad en casos de ataques a periodistas y medios de comunicación.

En medio de una ola de violencia desatada en enero pasado tras la fuga de prisión de alias "Fito", líder de la banda criminal Los Choneros, un grupo armado irrumpió en el canal TC Televisión mientras transmitía en vivo y amenazó a los periodistas.

La situación llegó a un punto crítico cuando Noboa declaró un conflicto armado interno, desplegó a las fuerzas armadas en las calles y las cárceles, e impuso un estado de emergencia, incluyendo un toque de queda nocturno.

El presidente de la SIP también urgió a revisar la normativa que penaliza con prisión la calumnia y la difamación, así como a fortalecer la ley de acceso a la información pública.