Desde que el Ecuador retornó a la democracia en 1979, el Parlamento (como congresos o asambleas) ha sido un escenario de escándalos derivados de pactos, componendas y compras de conciencia; y ha experimentado una constante evolución en prácticas corruptas que pasaron de los diezmos y repartos de cargos públicos a casos de delincuencia organizada vinculados con el narcotráfico.

La Asamblea Nacional no ha demostrado suficiente capacidad para autodepurarse, las acciones políticas no pasan más allá de una reforma puntual para castigar esos hechos o de la creación de comités o comisiones de ética, integradas por los mismos legisladores quienes juzgan las conductas de los asambleístas envueltos en escándalos, siempre y cuando se presente una denuncia.