El observador

POR: Galo Muñoz Arce Publicado en la Revista El Observador, edición Octubre  del 2015

Resisten autoritarismo estatal

El Ecuador vive días de mucha turbulencia por cuenta de las protestas indígenas y  sociales que están en todo el país desde principios de agosto. En primer lugar, se organizó una marcha que salió desde la amazonia   el 2 de agosto hacia la capital, Quito. Fueran aproximadamente  mil kilómetros recorridos con la participación de los indígenas, campesinos, trabajadores y otros actores sociales.   En la pauta de reivindicaciones estaban las demandas indígenas sobre el territorio, sobre la necesidad de consultas públicas, en contra de las leyes de minería, educación, agua y herencia. También estaba la agenda de los trabajadores urbanos en lucha contra la política económica y social del gobierno, incluyendo el corte de 40 e las pensiones. Buscaban aún la suspensión de las negociaciones sobre el acuerdo comercial que está en curso entre el gobierno ecuatoriano y la Unión Europea, que creen ser muy perjudicial para el país.  No es de hoy que las comunidades indígenas luchan contra numerosos proyectos y leyes del gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Desde el final del primer mandato de Rafael Correa han surgido las primeras escaramuzas en función de la propuesta de ley de minería que, en opinión del mundo indígena abrió el territorio para la destrucción y la contaminación de los ríos.  A lo largo del gobierno de Rafael Correa él ha propuesto una “explotación sostenible” de petróleo y minerales dentro de un proyecto de “desarrollo sostenible”, que fue tomando el control. Pero con el pasar del tiempo la población  se ha dado cuenta de que no tenía nada sostenible en eso del desarrollo y que no respetaba el principio básico, garantizado por la Constitución, de consultar a los pueblos indígenas sobre el proceso de minería en sus tierras. Así que muchas tierras fueron cedidas a empresas transnacionales para la exploración de petróleo y otros minerales. Se detectó la utilización incluso del mercurio en muchos de estos proyectos mineros que han comenzado a contaminar los ríos, que son la base para la supervivencia de muchos pueblos indígenas y campesinos, además de tener fuerte sentido espiritual, pues son en los ríos que nacen los dioses. Con el tiempo las luchas de los pueblos indígenas empezaran a crecer y la respuesta del gobierno de Correa, en lugar de diálogo, fue la descalificación del movimiento e incluso la persecución. Un ejemplo fue el desalojo de la CONAIE, una de las más importantes organizaciones indígenas del país, de un edificio público que la entidad ocupa desde los años 80. Hasta ahora los pueblos  indígenas luchan para asegurar su estancia en el hogar histórico que ha servido como base para de grandes levantamientos políticos, incluyendo el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en 2005, y apoyo a la elección del entonces joven economista Rafael Correa. Otro ejemplo de la persecución de los indígenas aparece en el cierre de la Universidad Intercultural Amautay Wasy, una institución creada por los pueblos originarios para una formación desde la lógica indígena del equilibrio con la tierra y del conocimiento compartido. Fue cerrada por no estar dentro del modelo de educación colonizada, que es combatido por los movimientos. El diálogo que nunca funcionó Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto la  “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones.  Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de los  dirigentes y  organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento. Jorge Herrera, Presidente de la  CONAIE, asegura que durante estos ocho años de gobierno de Alianza País las reacciones del régimen han sido el insulto, la descalificación, la amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció la convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”. Sostuvo que en todos estos años las organizaciones sociales, y el movimiento indígena en particular, están  cansados en pedir diálogo y se han enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; han participado en consultas pre legislativas que no han tenido la sensatez democrática de recoger nuestras propuestas.  El dirigente indígena, aclaró,  que por estas razones,  rechazan la propaganda oficial de “que no tenemos propuestas y declaramos que el gobierno ha cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no están dadas las condiciones”. Con la misma energía, que rechazan  la burda acusación del gobierno del presidente Rafael Correa,  de que “estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el extranjero, cuando la población conoce que para liberar a nuestros compañeros detenidos, Tuvimos  que realizar una recolecta pública para cubrir las fianzas de 3500 dólares por cada detenido. Enfatizó que la marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación de la dignidad; “los pueblos levantamos nuestra propia voz” Entre los objetivos de la marcha destacan: El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales, como es la reelección indefinida,  por ser inconstitucional, por atentar contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores. La derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades. También exigen  el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y los  territorios como una manera concreta y legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Exigen  el restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi, el fortalecimiento de los modelos de educación comunitaria y se oponen a su cierre, el libre ingreso a las universidades puesto que los mayores afectados son los sectores rurales, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas. De manera urgente exigen  un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos, así como el inicio de un  proceso de reforma agraria, con base en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que promueva la democratización del régimen de tenencia de la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos naturales. Otro   tema permanente de la protesta ha sido   la deuda pública de más de 35 mil millones de dólares con efectos que condicionan no solo la economía, sino sobre todo la explotación de la naturaleza y los impactos a los pueblos indígenas de la Amazonía, que son conocidos  como “Deuda Ecológica”. El endeudamiento, sobre todo el de la China está orientado principalmente a proyectos hidroeléctricos, petroleros y mineros. Debido a acuerdos previos con China, los proyectos se entregan a sus empresas bajo el régimen de excepción, es decir sin mediar una convocatoria pública; y con una serie de ventajas como la construcción directa, la compra de suministros y la contratación de mano de obra de ese país. El desarrollo de estos proyectos implica el movimiento de enormes cantidades de tierra y rocas, la destrucción del paisaje natural, el uso de sustancias químicas tóxicas, la liberación de elementos peligrosos, el consumo intensivo de agua y energía. Estos proyectos están enclavados en territorios de gran biodiversidad y  territorio ancestral de la nacionalidad Entre las demandas de la marcha se llama a detener la persecución de dirigentes de los pueblos indígenas y defensores de la naturaleza y se pide “ratificar el pleno compromiso para derrotar el modelo de economía capitalista, sustentada en la explotación petrolera y minera implementado por este Gobierno. Y establecer una economía comunitaria alternativa en coherencia con el Estado Plurinacional.” Objetivo del gobierno: ¡Descabezar al movimiento! Para Napoleón Saltos, sociólogo y analista político, el objetivo principal es descabezar al movimiento. No es una coincidencia que los dos principales dirigentes de la Marcha y el Paro, Salvador Quishpe y Carlos Pérez, hayan sido los principales objetivos de la represión policial. En el ataque a Salvador Quishpe hay un cerco planificado. De los cincuenta y siete heridos y contusos atendidos en el Parque de El Arbolito en la noche del 13 de Agosto, once eran del grupo que acompañaba a Salvador. Extraído de la masa, Salvador fue arrastrado y golpeado salvajemente. Y luego el intento de linchamiento mediático en la redes, con memes racistas. Paralelamente hay el ataque a Carlos Pérez. Pero en donde aparece claramente la estrategia es en el apresamiento a Manuela Picq. El Comercio pudo documentar el hecho: Manuela trata de defender a Carlos y es atacada por diez policías, la golpean en el piso, la apresan. Luego el poder crea su propia versión, para justificar la detención ilegal: la policía defendía a Manuela “que habría sido agredida por personas desconocidas”. Según la policía no hubo la detención, según la Cancillería Manuela no tiene visa. El símbolo es la imagen de dos policías tratando de tapar con los escudos la filmación de los hechos. La realidad se licúa en la versión oficial. El silenciamiento general se anunció en la sabatina, con la firma del Decreto 755.  La incapacidad de prevención ante el proceso de erupción del Cotopaxi, ha sido sustituido por la declaratoria de Estado de excepción: un evento de la naturaleza convertido en el pretexto para silenciar todas las voces. En el manejo oficial no hay sitio para el Estado de emergencia, para prevenir y auxiliar a la población, hay el ejercicio puro del poder: “soberano es quien decide sobre el Estado de excepción.” (Schmitt, 2009) Qué poder tiene un individuo? En la sabatina del 5 de septiembre, Rafael Correa hizo mención a su inconformidad con el artículo 98 de la Constitución  referido al derecho a la resistencia.  Sin inmutarse, menos avergonzarse, dijo: “Cómo me arrepiento haber cedido”, según él,  a “la novelería” de Alberto Acosta, para ese momento presidente de la Asamblea Constituyente, de incluir en la Constitución de Montecristi el derecho a la resistencia. Sin pudor alguno hizo alarde de la penosa respuesta que hiciera al pedido hecho: “estás loco, conociendo a ciertos dirigentes esto va a servir para que opositores hagan cualquier cosa y además ya está en los tratados internacionales”. El último sábado 12, una vez más indiferente a las acertadas críticas que varios sujetos políticos, incluidos el economista Alberto Acosta, hicieran a las penosas declaraciones presidenciales, la insolente vanidad pudo más. En la  sabatina del 12  de septiembre: “Yo dije el  que cómo me arrepiento de no haberme levantado más fuerte enfrente del bebé de 60 años que es Alberto Acosta, porque es un bebé. Él vive de esto, de la resistencia, nunca tiene una propuesta.”  ¿Quién es Rafael  para arrepentirse de un artículo constitucional redactado por una Asamblea Constituyente y aprobado por la mayoría de la sociedad ecuatoriana? ¿Qué poder tienen un individuo entre tantos frente al legítimo poder constituyente? Más aún, ¿Quién es este señor para arrepentirse de un derecho no solo constitucional, sino fundamentalmente humano e histórico, conquistado con la lucha y la dignidad de los pueblos en todas las épocas del caminar humano? De lo que sí debería arrepentirse, en un acto de decencia política y  no lo hace, es de manipular e irrespetar el acuerdo constitucional a su antojo  y querer reformarlo para perpetuarse en el poder; de entregar la mitad de la reserva del oro nacional a la voracidad financiera internacional; de endeudar al país y empeñar el presente y el futuro de los ecuatorianos; de ampliar la frontera extractiva en el territorio ecuatoriano; de dar paso a la firma de un TLC con la Comunidad Económica  Europea; de hacer un manejo inadecuado de la economía nacional que nos pone al borde de una crisis; de retirar el 40 el aporte estatal a las pensiones jubilares del IESS; de confiscar los fondos de Cesantía de los maestros, de criminalizar la lucha social, perseguir, juzgar y encarcelar a dirigentes sociales y jóvenes estudiantes; de imponer su visión machista como política de gobierno; de irrespetar a los ecuatorianos y ecuatorianas que discrepan con su proyecto y sus ideas políticas; etc., etc.   “Es tiempo de una nueva siembra” El objetivo no es el “golpe”, como difunde el gobierno e insinuaron inicialmente los grandes medios. Las voces proclaman que Rafael Correa debe seguir, para que coseche las tempestades que sembró, ahora que hay escasez. Por ello, la consiga central es el rechazo a las enmiendas y se construye un Mandato en torno a la resistencia al extractivismo y al autoritarismo, y la defensa de la vida y el agua, afirma Napoleón Saltos. El resultado es que se inicia la recomposición de los movimientos sociales, todavía lentamente. Ha empezado por recuperar las calles y las carreteras. Allí el régimen ha perdido la iniciativa y la respuesta es el control policial y militar. Esta recomposición se inicia también a nivel internacional. Algunas voces críticas empiezan a reconocer la justicia de las luchas sociales, de las movilizaciones indígenas. El analista político reconoce que todavía hay vacíos en la movilización social, sobre todo de conducción, respecto a los objetivos de poder. Todavía no hay estrategias para enfrentar las nuevas formas de represión. Todavía hay que caminar en las alianzas del campo y la ciudad. Todavía falta una política de comunicación que contrarreste el silencio de los de arriba; aunque el régimen ha perdido la batalla de las redes sociales. Todavía hay un largo camino - incluso en la izquierda – para que se llegue a la comprensión de que los conceptos colonizados no encajan en la estructura del mundo indígena. El Paro continúa. Luego vendrán otras jornadas, sobre todo en el plazo de las enmiendas. La paciencia indígena, un camino largo de 520 años de resistencia, vuelve a abrir los cauces de la movilización social autónoma, el tiempo de una nueva siembra. Durante  la movilización nacional del 16 de septiembre, el dirigente del  Frente Unitario de los Trabajadores, Mesías Tatamuez,  llamo  a todos los sectores sociales, con absoluta legitimidad, a aplicar el derecho  a la resistencia.  “A resistir, compañeros, porque el derecho a la resistencia es contra los abusos de la autoridad pública o de grupos de poder privado”. El inquilino de  Carondelet, parece que no alcanza a entender que el derecho a la resistencia al que muchos sectores sociales y políticos del país se han acogido tiene como fin luchar en contra de su autoritarismo y de su proyecto antipopular.  Tampoco logra entender que gran parte de la sociedad ecuatoriana, y fundamentalmente los sectores populares y de izquierda a quienes dice representar, está, si,  muy arrepentida de haber entregado la dirección del Estado y de la sociedad a un gobierno y aun presidente que gobierna  a sus espaldas y en contra de ella.  Le guste o no, al “adulto” que aún ejerce las funciones de presidente, entienda o no, los pueblos del Ecuador seguirán resistiendo a la dominación colonizadora de Alianza PAIS como lo han hecho desde la época de la conquista. Seguiremos siendo indignados y dignos. Expresó el dirigente sindical.