El observador

 

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Édgar Lama, respondió este jueves a las acusaciones del asambleísta Héctor Rodríguez, quien denunció presuntos cobros indebidos en el Seguro Social que habrían favorecido a empresas vinculadas a familiares del funcionario.

 

Rodríguez hizo pública la denuncia este miércoles, asegurando que una resolución de la Contraloría General del Estado, con fecha 21 de abril de 2025, ratifica una glosa por USD 3,7 millones en contra del IESS por supuestos pagos irregulares.

Según el legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el informe revela indicios de peculado y conflicto de intereses en la adjudicación de contratos.

El asambleísta, acompañado por otros miembros del movimiento correísta, indicó que en seis expedientes se procesaron 24 trámites que afectaron a 1.397 beneficiarios por pagos que no contaban con los soportes que justificaran el levantamiento de objeciones.

Respuesta de Edgar Lama

Mediante una carta pública, Lama calificó las acusaciones como una “descontextualización del correísmo, en medio de la campaña electoral”, y aseguró que los hechos a los que se hace referencia ocurrieron hace más de una década, cuando él no tenía ningún cargo político ni administrativo.

“Han descontextualizado hechos ocurridos hace más de una década, con el único propósito de manchar mi nombre y afectar la reputación que he construido con trabajo honesto”, expresó el funcionario.

En su comunicado, Lama presentó un relato cronológico de los hechos:

Los servicios médicos observados se prestaron entre 2013 y 2014.

En 2018, el IESS de ese entonces efectuó los pagos sin objeciones.

En 2020, una auditoría médica registró observaciones sobre los soportes documentales de 2013.

Finalmente, en 2024, la Contraloría emitió la glosa por supuestos servicios no prestados.

Lama recalcó que las prestaciones sí se realizaron y que fueron reconocidas por el IESS, pero que los soportes administrativos originales no existían al momento de la revisión, debido a “los deficientes sistemas de archivo y control que mantenía el Instituto en aquella época”.

 

“Ciertos actores políticos han tomado esta información fuera de contexto, tergiversando los hechos y utilizando los documentos de forma maliciosa para imponer una narrativa falsa y dañina”, sostuvo.