Dormir con el enemigo para manejar la Asamblea Constituyente
La Convocatoria a la Asamblea Constituyente de Daniel Noboa tiene varias lecturas, pero hay una que merece mucha mayor atención de la que le han dado espacios de opinión y las inefables redes sociales. Si gana el SÍ en la consulta que habilitará la convocatoria a una Nueva Asamblea Constituyente, se produciría un mutuo beneficio impulsado por la lógica estratégica de un juego entre dos oponentes. El estatuto corregido que envió Noboa a la Corte Constitucional propone una Constituyente de 80 miembros: 50 elegidos por provincia, 24 nacionales y 6 por el exterior. Esto significa que 13 provincias quedarían con solo un asambleísta, algo inédito desde 1966; un contexto mínimamente democrático para un país que necesita con urgencia aprender a discutir con razones y tramitar sus diferencias civilizadamente, con respeto a las normas y leyes establecidas.
Pero hay otro asunto que no debe tomarse a la ligera: de instalarse una nueva Asamblea Constituyente, se integrará con base a la elección con listas cerradas y el método D’Hondt. La combinación de circunscripciones uninominales y D’Hondt tiende a entregar todos los escaños al partido ganador en cada provincia. Así, por ejemplo, en provincias con un solo asiento, el partido más votado obtendría la representación total, dejando a los demás sin nada. El uso de D’Hondt —ya empleado por el correísmo para asegurar mayoría calificada (Asamblea 2013–2017)— favorece en especial a las fuerzas políticas más grandes. En términos sencillos: D’Hondt reparte escaños proporcionalmente, dividiendo los votos totales de cada lista por 1, 2, 3… y asignando asientos a los mayores cocientes. Así, el partido con más votos gana proporcionalmente más escaños. En distritos pequeños (uno o pocos escaños) este método tiende a otorgar la totalidad de la representación al partido ganador, incluso si la diferencia con el segundo es mínima. Esto ocurre porque al haber pocos escaños en disputa, la proporcionalidad se distorsiona y el sistema deja de reflejar la pluralidad del voto ciudadano.
En la práctica, D’Hondt en circunscripciones pequeñas convierte la competencia electoral en un modelo casi mayoritario, en el que las fuerzas minoritarias quedan excluidas del reparto, reforzando la hegemonía de los partidos con más estructura, recursos y maquinaria territorial: ADN y la Revolución Ciudadana.
Recorte de escaños y pérdida de representación minoritaria
Otro punto polémico es la consulta sobre reducir el número de asambleístas (de 137 a 73). Esta pregunta es una trampa que encubre una reducción de la pluralidad: con solo 73 curules, la mayoría de provincias tendrían 1 o 2 representantes. Las simulaciones publicadas muestran que, usando D’Hondt, el bloque oficialista de ADN (Noboa) ganaría mayoría absoluta y los partidos pequeños perderían casi todo su espacio. En concreto, 13 provincias pasarían a tener un único asambleísta totalmente relegadas, incluso si la diferencia fuera un solo voto. Este diseño es favorable al oficialismo, pues ADN obtuvo el primer lugar en la mayoría de esas provincias en 2025. En resumen, ese modelo de reparto —planteado tanto en el decreto de referendo como en el estatuto de la Constituyente— alimenta la previsión de que el poder se repartirá entre los supuestos enemigos: ADN y la Revolución Ciudadana. Dejen ya la alharaca y la falacia argumental, todos y todas las cajas de resonancia del régimen, que a voz en cuello advierten que votar NO en la pregunta 4, es abrir la puerta al correísmo. Es al revés, totalmente al revés.
Amigos íntimos hasta la victoria siempre
Ganar-ganar es una filosofía de negociación que busca soluciones y acuerdos mutuamente beneficiosos y satisfactorios para las partes involucradas. Para Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, el objetivo estratégico frente a la actual coyuntura es sobrevivir políticamente. La Constituyente le permitiría mantenerse como fuerza relevante y promover la impunidad de sus líderes. Hay quienes advierten que, de ganar RC la mayoría en la Constituyente, se trazaría una nueva Constitución con “perdón y olvido de los delitos de Correa, Glas, Serrano, Aleaga…” En la práctica, eso implicaría purgar las causas legales en su contra y allanar el camino para el retorno de sus jefes, sin embargo, esa probabilidad no es la más cercana; ponerla en el tapete de la discusión pública es invocar tramposamente al “cuco” que acecha bajo el catre de la violentada democracia ecuatoriana.
El correísmo ha perdido ya en tres presidenciales seguidas, y está con gruesas goteras en Quito (Pabel Muñoz, Paola Pabón y hasta Yunda que según mucho se comenta estaría jugando ecuavoley con ADN para regresar a la alcaldía de la capital); en Guayaquil (Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga). El grueso del movimiento RC sigue votando su lista. Correa necesita la Constituyente como vía para subsistir institucional y políticamente. El correísmo, precisa mantenerse vivo en el tablero político. En lugar de desaparecer por falta de votos, recibe espacio garantizado en caso de ganar el SÍ en la cuarta pregunta de la consulta ideada por Noboa, y que se votará el 16 de noviembre.
Su apuesta es aguantar la crisis económica en Ecuador para fortalecerse entre sus seguidores, purgando disidentes y aprovechando la reforma constitucional para legitimar sus reivindicaciones. Correa, además, conserva numerosos aliados en instituciones del estado, consejeros, legisladores, autoridades locales y regionales que podrían influir en el proceso nuevo proceso electoral. Ambos se benefician: el correísmo conserva relevancia –aunque limitada– y para Noboa se convierte en un aliado funcional. El Noboísmo ha crecido con capital propio, capital prestado de Lasso (banquero y expresidente curiosamente sin capital -político- propio), y sobre todo juntando al anticorreísmo. Además, al presidente lejos de eliminar al “correísmo” —su enemigo íntimo—, un triunfo del “Sí” en la consulta le da oxígeno para continuar con su retórica refundacional.
Para Noboa y su gobierno, incluir al correísmo en la Constituyente le asegura aislar a los movimientos ciudadanos, indígenas y ecologistas que luchan contra su gobierno. No es coincidencia que tras las protestas de Cuenca que detuvieron el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, Noboa se quejó de que “ya no deberían protestar”. Claro, en ese momento no se había descubierto públicamente la triquiñuela legal que, en lugar de anular definitivamente el proyecto extractivista, simplemente revocó temporalmente la licencia, una medida que no elimina el modelo ni garantiza la protección ambiental, sino que posterga el conflicto y mantiene abierta la posibilidad de reactivarlo bajo nuevas condiciones. Asimismo, Noboa resistió las demandas indígenas tras eliminar el subsidio al diésel: para algunos, “salió favorecido” del pulso con los indígenas, pues no cedió ante los bloqueos y reforzó su posición política. De este modo el mandatario deja de lado a sectores críticos (trabajadores, campesinos, periodistas independientes, expertos ambientales) y concentra el debate en su agenda.
Lo que ya a nadie sorprende, es que Noboa no debata. Hábito muy decisorio en un tiempo electoral tan corto, en el que cuenta con ventajas electorales competitivas frente a todos quienes promueven el NO. Que discutan entre ellos, que se maten entre ellos, parecería la fórmula, parafraseando al mandatario cuando se refirió recientemente a las muertes violentas en la discusión sobre los índices de incremento de esa fatal estadística. En los hechos, se produciría una lógica de mutuo beneficio que repetirá el actual statu quo donde el bloque oficialista y RC mandan juntos en esta legislatura y cohabitan en otras instituciones. El SÍ dejará fuera a minorías y a provincias; con el tiempo y las aguas ambas tiendas políticas tratarán de capturarlas. A lo interno, Noboa asegura avanzar con su plan: impulsar proyectos mineros y petroleros sin consulta previa, desmantelar beneficios laborales e institucionales, y remodelar el Estado en clave neoliberal.
Por ejemplo, la proforma 2026 no asigna fondos para la salud del IESS, pese a la obligación legal de cubrir esas atenciones, lo que genera un déficit de USD 1.000 millones. De los USD 4.612 millones solicitados, solo se asignaron USD 2.926 millones, dejando un faltante total de más de USD 1.600 millones. Aunque el monto aumenta un 10% respecto al año anterior, sigue siendo insuficiente, y la deuda estatal con el IESS ya alcanza los USD 27.389 millones, equivalente al 22% del PIB nacional. Noboa ha defendido su intención de pasar la atención médica del IESS a los hospitales públicos, lo que deteriorará el servicio médico de jubilados y afiliados. También ha defendido reformas laborales para flexibilizar la contratación (trabajo “por horas”) y su ministra del ramo, recientemente en una entrevista, embistió contra el pago de sobresueldos dejando en la preocupación ciudadana la percepción sobre una potencial eliminación de esos haberes protegidos en la Constitución que se quieren tumbar con la Asamblea Constituyente. Con el proceso plebiscitario en marcha, el gobierno controla el cronograma político por al menos dos años: campaña electoral, debate constituyente y referendo ratificatorio. A menos que en la cuarta pregunta, gane el NO.
El salto al vacío: el alto riesgo de la desinformación en la consulta de Noboa
El 22 de octubre de 2025, durante una entrevista radial, el presidente Noboa condicionó detallar sus propuestas en la campaña por la Consulta popular y referéndum, solo después de que el 16 de noviembre, la mayoría vote SÍ a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La pregunta cuatro pretende legitimar una nueva Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008. Pero la opacidad de las reformas que el Ejecutivo dice tener listas (y nadie duda que esta vez eso sea cierto), representa para la ciudadanía un salto político peligroso e irresponsable. Fomentar un acto de confianza ciega que vulnera principios democráticos básicos como la transparencia y el debate informado, insulta la inteligencia y el sentido común de ciudadanos responsables.
Resulta cuestionable que un mandatario utilice el voto popular como chequera en blanco para convocar una Constituyente sin presentar previamente un proyecto concreto ni los lineamientos de las reformas que pretende impulsar. Esta ausencia de claridad atropella el derecho ciudadano a decidir con información suficiente y anticipa un escenario de incertidumbre jurídica y política. La nueva Constitución podría alterar estructuras fundamentales del Estado, los derechos y garantías, y la economía, sin que el electorado conozca ahora el contenido, los propósitos que se persiguen, ni los posibles impactos.
El “Sí” en esta pregunta equivale a entregar un mandato que abre la puerta a múltiples usos partidistas o intereses particulares, potenciando la inestabilidad institucional. Además, debilita el control social y la corresponsabilidad, pues legitima una reforma sin discusión pública firme, como si se confiara en una autorregulación de esa Asamblea, que no exige a sus nuevos integrantes un requisito de peso para garantizar su idoneidad; básicamente son los mismos requisitos que permitieron llegar a la actual Asamblea a los pintorescos personajes, personajillos y divas tropicales para el olvido y la vergüenza ajena, salvo excepciones de rigor. Este proceder podría reproducir dinámicas pasadas donde Constituyentes han devenido en espacios de concentración de poder, más que en escenarios de construcción colectiva. La democracia requiere debate, información y certidumbre.
La convocatoria condicionada a votar “Sí”, sin propuestas claras es una invitación a una ciudadanía ciega, sordomuda y que no factura -como canta Shakira-; una ciudadanía dispuesta a entregar derechos y regalar soberanía. Votar “Sí” compromete la estabilidad política y social, y puede desencadenar reformas perjudiciales con impactos imprevisibles en el orden institucional.
Con la consulta y la Constituyente encendidas, la RC como segunda fuerza tras ADN -al igual que hoy con la actual Asamblea- difícilmente podrá formar una coalición más amplia contra el gobierno. Noboa afianza así su control institucional: logra traspasar el debate público a su terreno (“mano dura contra el crimen”, etc.), mientras en la práctica impulsa sus intereses económicos y fiscales.
De producirse lo menos probable, es decir que se apruebe la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el correísmo gane mayor número de curules, estaríamos ante un escenario totalmente reverso. Aunque todo es posible en esta viña digital, lo probable y lo posible no son sinónimos y menos en política.
Gustavo Isch
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