El observador

Domingo, 29 de marzo, 2015

Escándalos y demandas minan la imagen de Bachelet y Rousseff

Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.

Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.

En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.

Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.

Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.

Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.

Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.

Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)