miércoles, 24 de febrero de 2016

Polit Mediocres

#Ecuador Contraloría glosas por Usd. 102,8 millones en perjuicio al Estado

Un tercer proceso en los tribunales de lo Contencioso Administrativo suma ya la disputa legal por $ 23,7 millones que el Estado reclama por un perjuicio en la implementación de un sistema informático para el Consejo de la Judicatura, detectado por la Contraloría General del Estado.
Este es el más reciente de los casos en la lucha por recuperar millonarias sumas establecidas como glosas, derivadas de auditorías a instituciones públicas.
Un reporte entregado por el ente de control a EXPRESO da cuenta de glosas por $ 102′ 784.847, que se desprenden de exámenes especiales efectuados a nueve instituciones (en infografía aparecen las seis primeras, con $ 88’720.921,68).
En los tribunales de lo Contencioso Administrativo se tramitan juicios entablados contra la Contraloría, por parte de funcionarios y terceras personas que fueron señaladas con responsabilidades civiles por acciones u omisiones culposas.
Desde 2007, más de 3.000 procesos han entrado en acción Contencioso Administrativo en tribunales distritales, según un registro de la Contraloría.
Recuperar recursos con juicios de impugnación de por medio en los plazos y términos que establece la ley se vuelve incierto, a criterio de dos excontralores consultados por EXPRESO.
Marcelo Merlo Jaramillo considera que la congestión existente en los tribunales de lo Contencioso Administrativo por este tipo de apelaciones es tan alta, que un caso puede tomar no solo meses, sino años.
Y añade otra problemática. “Los propios magistrados tienen sus propios recelos de precipitarse en sus decisiones porque muchas veces la presión política que se ejerce ante la opinión pública es de tal naturaleza, que se toman más tiempo del esperado”.
Para ilustrar esa situación, Alfredo Corral Borrero recuerda el caso Andrade Gutiérrez, que no se resuelve desde el año 2000, cuando la Contraloría determinó que esa empresa brasileña, encargada de la construcción de la carretera Méndez-Morona, debía devolver al Estado $ 23, 4 millones pagados en exceso.
Para el excontralor, el número de jueces de lo Contencioso Administrativo es insuficiente para atender los juicios. “Hay un exceso de causas y es una de las razones por las cuales el trámite es tremendamente lento”.
Según él, más del 80 % de funcionarios, exfuncionarios y terceras personas que son sujetos de una glosa, la impugnan por la vía judicial
Merlo, de su lado, cree que el problema de fondo es el crecimiento del Estado, que implica hoy un mayor número de entidades y funcionarios, así como un aumento de la contratación pública.
En 2014, la contratación pública en el Ecuador fue $ 8.197’628.393,94, según información del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Esto representó el 18,1 % del PIB nacional y el 23,9 % del presupuesto general del Estado de ese año.
“La tarea de la Contraloría por ello, ahora es inmensa”, aduce. “Los casos se acumulan y, más aún, hay tal cantidad de recursos, que lo que el Estado pueda recuperar en última instancia es bastante reducido”, enfatiza.

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