jueves, 11 de febrero de 2016

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Aguiñaga habló pero no dijo nada

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Finalmente habló pero no dijo nada.
Marcela Aguiñaga, ahora asambleísta incondicional del Gobierno y  ministra del Medio Ambiente en el 2010 cuando esa cartera hizo la compra de los terrenos del Issfa,  sacó a la luz hoy un comunicado suyo sobre dicha transacción, luego de que varios segmentos de la opinión pública le han pedido un pronunciamiento sobre su participación en la compra.
Sin embargo, Aguiñaga no aclara absolutamente nada sobre su participación en la compra ni sobre los cuestionamientos de fondo. Nada sobre sobre el precio, nada sobre el avalúo, nada sobre los temas de fondo.
IMG_6344 (1)“Acerca de la compra de 66 lotes en la ciudadela Los Samanes (norte de Guayaquil) por parte del Ministerio del Ambiente (MAE) al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), en el año 2010, cuando presidí esta Cartera de Estado, aclaro:”, dice en el encabezamiento de su comunicado y luego procede a enumerar una serie de hechos relacionados con la polémica compra.
Aguiñaga, más bien, recurre a generalidades. En los tres primeros segmentos de los cuatro que tiene el comunicado se refiere a temas ambientales, como si eso estuviera en debate en los actuales momentos. Dice que Guayaquil tiene un déficit de áreas verdes y cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) según la cual el mínimo de áreas verdes que debe tener una ciudad es de 9 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante. Ni siquiera aporta con el dato de cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Guayaquil.
Solo en la segunda parte del cuarto punto se refiere en algo a la transacción. “Se llevó a cabo una negociación entre instituciones públicas, enmarcado en la ley, donde no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada. Sin embargo, la Procuraduría como la Contraloría están en su derecho de intervenir en la revisión de este procedimiento con base en sus competencias constitucionales”, dice y al final sostiene que “como abogada que conoce los procesos legales” únicamente se pronunciará cuando la Contraloría presente su estudio.
¿Como funcionaria encargada no se dio cuenta que se estaba pagando 41 millones de dólares por encima del “verdadero” precio como dice ahora el Gobierno? 41 millones no es poca cosa y lo mínimo que se espera de una funcionaria pública es que ella diga por qué aceptó hacer la compra si había un precio así, brutalmente inflado como ahora dice el Gobierno.
¿Por qué se basó en un avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros (DINEC) y no en uno hecho por el Municipio cuando la ley dice que en una transacción entre organismos públicos debe hacerse el avalúo municipal? Eso al menos sostiene el informe de la Procuraduría con el que el Gobierno respalda su decisión.  ¿No se dolió siquiera de que el Estado pagara un precio tan exorbitantemente alto si es cierto como dice ahora el presidente Correa que lo que se pagó no tenía relación con la realidad?
Aguiñaga parece olvidar que es responsable de lo que hace y no hace como funcionaria pública. Y si en algún momento recibió  presión para que haga la compra debería denunciar ese hecho.
El comunicado no aporta en nada a esclarecer cómo y en qué condiciones se hizo la compra. Por ahí quizá sugiere que no hubo comisiones cuando dice que “no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada”. Aguiñaga quiere despejar cualquier duda sobre una supuesta corruptela, pero no aporta en nada para explicar sobre su participación como funcionaria pública responsable.
Quizá el mayor aporte del comunicado no tiene relación con la transacción entre el Issfa y el Ministerio de Ambiente, sino con el hecho de dejar cada vez en mayor evidencia que lo movió a desconocer el precio pactado es la angustiosa y desesperada necesidad del Gobierno por reunir fondos que le permitan pagar los costos del funcionamiento del Estado.
Aguiñaga ha hablado pero no ha dicho nada. Los que hablan por sí solos son los hechos y los hechos hablan de una dramática crisis económica y de un manejo político donde la ley y los procesos no cuentan sino la voluntad omnímoda del caudillo.

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