Réplica al Dr. Ramiro García

Viernes, 30 de septiembre, 2016


Con estupor y desagrado he leído el artículo publicado en el Diario de su dirección, el 27 de septiembre de 2016, intitulado “Los Jueces”, cuyo autor es el Dr. Ramiro García Falconí; puesto que el mismo adolece de objetividad, generaliza la conducta de los jueces de una manera irrespetuosa e insolente, al expresar que sin lugar a duda los jueces están sujetos a influencias exógenas, como medios de comunicación y entorno social.

En el artículo de marras, el autor con cierta arrogancia o resentimiento social dice que “los jueces son producto de su sociedad” y pretende hacer creer que los jueces en su accionar están sujetos a actos de corrupción, de lo que se infiere que toda la sociedad es corrupta. Manifestar que “el juez es un tipo de clase media” es despectivo, ofende a la clase profesional del derecho que ocupa un cargo en la Función Judicial y, sobre todo, deja entrever que su pensamiento es precario cuando divide en clases sociales a la sociedad, dejando excluidas a las otras capas sociales que según el autor seguramente no pueden acceder a un cargo de juez.

Cuando el Dr. Ramiro García fue designado sin que medie proceso de selección alguna, conjuez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ya que en la época en que ejerció su función no había concursos de oposición y merecimientos para ese cargo, pero seguramente cumplió a cabalidad con el perfil de juez, acorde a lo que manifiesta en su artículo, debe haber experimentado presiones endógenas y exógenas y como él lo manifiesta proclive a las tentaciones diarias para satisfacer sus costosos lujos, jamás realizó denuncia alguna: por lo que el silencio se convierte también en un cómplice de la corrupción.

Al parecer, de acuerdo al criterio del mencionado Dr. García Falconí, existen entre los profesionales del derecho que ocupan un cargo de juez; buenos y malos; los buenos que tienen “publicaciones internacionales de calidad e indexadas” y los malos, aquellos que no han podido tener acceso a una educación especializada; pero que se han dedicado con afán, responsabilidad, seriedad a cumplir con su deber. Para el Dr. García Falconí la experiencia no tiene valor alguno, como es la que tienen muchos de los jueces que ocupan un cargo en la actualidad; sino una simple publicación internacional. Como el articulista debe tener publicaciones y ostenta títulos de postgrado o cuarto nivel, se atreve a hacerse una autoalabanza, tachando a los demás de tener una educación precaria.

La corrupción puede ser material o intelectual. La material se encasilla en el apropiarse de lo ajeno, recibir coimas, etc., y la intelectual aquella que esgrimen personas que se creen que están por sobre los demás, y porque tienen acceso a algún medio de información pública pueden denostar a la clase a la que pertenecieron y que nunca denunciaron actos dolosos como los que ahora endilga cometen los jueces al ceder ante una propuesta de cohecho.

El generalizar la conducta de los jueces es propio de gente mediocre y arrogante, que no ve más allá de su escasa visión; puesto que como en toda actividad del ser humano existen malos elementos, pero la mayoría nos encasillamos en ser personas de bien, honestos y responsables de nuestros actos.

Es menester que quien escribe en contra de los jueces, con la calidad que ostenta de presidente del Colegio de Abogados de Quito, denuncie públicamente todo acto de corrupción, con sus nombres y apellidos, a fin de no generalizar conductas impropias que dañan el honor y la dignidad de todos los jueces. (O)

Julio Arrieta Escobar, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces

En relación con las opiniones vertidas por el actual presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en el Diario EL UNIVERSO, de fecha 27 de septiembre de 2016, en la sección Opinión, en el artículo que se titula “Los Jueces”, al respecto puntualizo los siguientes aspectos:

Todos los jueces y juezas que formamos actualmente parte de la Función Judicial de nuestro país, nos hemos sometido a exigentes concursos de méritos y oposición, con fases previas de evaluación psicológica, impugnación ciudadana, exámenes escritos y orales, esto es que ningún juez o jueza ha sido nombrado como cuota de poder político alguno, como era la tónica históricamente.

En este contexto, el sistema de designación de jueces y juezas que opera en el Ecuador contemporáneo, es el de la meritocracia, único sistema que prevé transparencia, control social e independencia, pues al no deberle nada a nadie para la designación, el postulante únicamente obedece a su capacidad y probidad para acceder al cargo de juez o jueza.

Asimismo, otra forma de control –no de sometimiento político interno, ni externo– para todos los jueces y juezas estriba en la denuncia que puede presentar el usuario en contra de cualquier funcionario judicial, cuando se vislumbra que se ha incurrido en alguna falta administrativa o de cualquier otra naturaleza; de ahí que si el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha conoce acerca de alguna supuesta irregularidad administrativa o de algún acto de “coima”, cometida por algún juez o jueza, está en su derecho de presentar la denuncia respectiva, pero de ninguna manera tiene el derecho de generalizar, cuestionar y subestimar a todos los jueces y juezas del país, denostando a la sociedad en general, así como a todas las estructuras del Ecuador, peor aún con un análisis tan básico y desprovisto de la rigurosidad que en el fondo exige el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pero que no lo pone en práctica, al redactar su artículo.

En esta línea de pensamiento, no puedo desconocer que, entre otras cosas, el mejoramiento del sistema de justicia de cualquier país del mundo radica en la educación de calidad, continua y sistemática que debemos tener como premisa los jueces; y que, en este sentido, nuestro reto, pero también de profesores de derecho y abogados en libre ejercicio profesional, estriba, precisamente, en la necesidad imperiosa de estudiar durante toda nuestra vida, para honrar nuestros espacios laborales con transparencia y conocimiento, pero no ejerciendo la crítica anodina, o alimentando el ego insaciable, o ya en fin, envilecidos por enrumbarse a cualquier precio en la política, lo cual, finalmente, siempre va a resultar vacuo, individualista y carente de contenidos para impulsar mejores derroteros para la administración de justicia del país.

De esta manera, reclamo un espacio en EL UNIVERSO a fin de que se publique la información proporcionada en este oficio, amparado en norma constitucional, como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la firme pretensión de defender a los jueces y juezas de la provincia de Pichincha, y observar cuando no se manejan informaciones objetivas en los medios de comunicación, como ocurre, precisamente, en el caso expuesto. (O)

Marco Rodríguez Ruiz, presidente Corte Provincial de Justicia de Pichincha

Del Dr. Ramiro García:

He leído con mucho interés las cartas remitidas al Diario por parte de los señores abogados Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y Julio Arrieta Escobar, presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces, respecto de mi artículo titulado “Los Jueces”, publicado el martes 27 de septiembre de 2016. En él realicé un análisis en abstracto de las condiciones en las que se desempeñan las judicaturas en nuestra región en general.

En primer lugar debo señalar que el artículo ha sido escrito en mi calidad de columnista y no de dirigente gremial, pues al parecer los dignísimos magistrados que presentan sus quejas desconocen que escribo para EL UNIVERSO desde hace más de tres años. Por otro lado, lejos ha estado de mi intención el ofender a tan altas personalidades, pues ¿quién en sus cabales podría dudar de la probidad y capacidad de los jueces ecuatorianos, así como de la imparcialidad con la que estos son designados? Nuestra administración de justicia es un referente para Latinoamérica y seguramente en ámbitos como el alemán o el español deben estar pensando en cómo hacer para replicar el modelo. Válgame Dios (y eso que soy ateo) el proferir ofensa alguna contra una administración de justicia que nos enorgullece a todos. Sentencias como las de los casos 10 de Luluncoto, EL UNIVERSO o 30-S son una buena muestra del altísimo nivel al que han llegado nuestros administradores de justicia. (O)

Ramiro J. García, columnista de EL UNIVERSO