DESMONTAR EL SISTEMA ANTIDEMOCRÁTICO

LES COMPARTO ARTÍCULO DE PRENSA PUBLICADO EN DIARIO EL MERCURIO EN SU EDICIÓN DEL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016


Carlos Castro Riera
Todos los sujetos políticos y movimientos sociales críticos del gobierno, coinciden en sostener la necesidad de “descorreizar” el país, refiriéndose con ello a desmontar las políticas, normas jurídicas, e instituciones antidemocráticas del actual régimen político. Más allá de la coincidencia, difieren en la profundidad del cambio dejando a salvo los aspectos positivos del actual gobierno, sin que exista claridad en cómo hacerlo en forma concreta.
El diagnóstico coincide en que se ha construido un Estado con rasgos totalitarios caracterizado por la concentración de poder, un Estado formal de derecho con una división igualmente formal de funciones subordinadas al Ejecutivo, violación sistemática de derechos fundamentales y de las garantías a los derechos, persecución política administrativa y judicial, intento de convertir a las fuerzas armadas en guardia pretoriana del gobierno, ausencia de control constitucional, hiperpresidencialismo, forma autoritaria del ejercicio del poder, recentralización administrativa, sustitución del Estado Constitucional por un Estado Decretal, restricción de las libertades de expresión, asociación, de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de la naturaleza, autonomía universitaria y de los derechos de los trabajadores.
Se ha señalado que la participación ciudadana ha sido arrebatada a la sociedad civil y se la ha subsumido al poder y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido la vía del ejecutivo para nombrar al procurador, superintendentes, defensor del pueblo, defensor público, Fiscal, Contralor, CNE, TCE, Corte Constitucional y Consejo de la Judicatura, y a través de este último a los jueces.
Sin embargo, la desestructuración del sistema político antidemocrático, requiere no solo ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias por parte de las fuerzas críticas del oficialismo, sino firmar un acuerdo político sólido, con antelación a las elecciones, esto es, compromisos políticos mínimos, para desactivar desde los poderes legislativo y ejecutivo, toda la legislación, institucionalidad y políticas públicas contrarias a la Constitución, ya que luego de las elecciones será difícil o casi imposible lograr estos acuerdos, pues el nuevo gobierno podría heredar y usufructuar la institucionalidad autoritaria.
La reinstitucionalización democrática implica identificar las vías legales para desmontar la superestructura autoritaria. Existen cuestiones que podrán resolverse con decretos ejecutivos o leyes reformatorias o derogatorias, mientras que temas más complejos de alcance constitucional, se podrían desmontar a través de enmienda constitucional, reforma constitucional, consulta popular y referéndum. 
Los asuntos políticos más trascendentales y sobre los que no exista consenso deberán ser resueltos mediante consulta popular, mientras que la utilización del referéndum requiere de textos normativos los más estrictamente necesarios y cortos para someterlos a aprobación, en tanto que la Asamblea Constituyente debería ser apenas una opción extrema.
Ahora bien, para que procedan los cambios constitucionales con un nuevo gobierno, se requiere el pronunciamiento de la Corte Constitucional que constituye la llave para abrir el candado de las puertas hacia las transformaciones del sistema político.
Por lo tanto, no es difícil determinar qué se debe cambiar, pero si lo es el cómo, en forma jurídica, concreta y operativa.