El observador

 JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA

POR JAIME CEDILLO F.

“La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. La justicia como valor democrático es un nivel que se desea alcanzar y está vinculado estrictamente al valor del bien general”.

El Pleno del Consejo de la Judicatura decidió por unanimidad iniciar un sumario disciplinario en contra de Karina Alvarado Ríos y Juan Darquea Arias, por sus actuaciones como directores provinciales del Azuay del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario. Presuntamente incurrieron en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habrían retardado de forma injustificada la sustanciación de un sumario disciplinario.

La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido ese plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. Art. 107.- Infracciones leves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer amonestación escrita o sanción pecuniaria, a juicio del sancionador, por las siguientes infracciones disciplinarias:5. Incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio que está obligado.

Pero este caso, que ya habría prescrito, por cuanto la acción disciplinaria se excedió más del año, de acuerdo a la consulta realizada por El Observador, no tiene nada que ver con las denuncias que se tramitan en el Pleno del Consejo de la Judicatura, en contra de la Coordinadora de Talento Humano de la Judicatura en el Azuay, “Ingeniera” María Cecilia Vázquez, que presentó el Pleno de la Corte de Justicia del Azuay, al Pleno del Consejo de la Judicatura, con fecha 19 de julio del presente año, solicitando que se dicte la medida de suspensión de dicha funcionaria, por la desconfianza en sus actuaciones, que han puesto en riesgo la imagen de la Función Judicial. El Pleno ha dicho que las actuaciones de Vázquez inciden en el prestigio, imagen y confianza de la Función Judicial.

Además, señalan en el documento que está en peligro la selección de los futuros perfiles del personal administrativo y jurisdiccional, por la forma cómo se han venido seleccionando. Se teje la desconfianza de la ciudadanía y los propios funcionarios judiciales, incluso en la selección de los jueces y juezas que deberán acceder a la Sala Civil, Tribunal Penal y jueces de nivel.

En otra parte de la misiva, firmada por la Presidente de la Corte de Justicia del Azuay, Doctora Julia Elena Vázquez, alerta a los vocales de la Judicatura, porque en “cualquiera de estos días son mandados a intervenir y manipular las computadoras de los jueces y juezas, bajo el pretexto de supervisar; es decir, estarían en riesgo las resoluciones y sentencias; no quisiéramos pensar que sean difundidas antes de haber sido subidos al sistema (SATJE)”.

Algo más, le señalan a la Coordinadora de Talento Humano como autora de abuso de poder, discriminación, e incluso acoso a servidores judiciales. Estos hechos han sido ya puestos en conocimiento de la Fiscalía, para que investigue en debida forma las denuncias que han circulado por distintos medios.

El Pleno de la Corte de Justicia del Azuay, asegura que la independencia de la Función Judicial está amenazada por las actuaciones de la funcionaria de Talento Humano, pues dichas conductas se adecúan a lo que establece el artículo 5.4 del Código de Ética:

“Independencia interna: Ausencia de injerencias indebidas procedentes de personas pertenecientes a la misma institución en la que se desempeña una servidora o un servidor de la Función Judicial, cuya finalidad es presionar, interferir, influenciar, instigar, dirigir, perturbar, socavar, condicionar o impedir, directa o indirectamente, la realización o el desarrollo objetivo de sus actuaciones o decisiones administrativas o jurisdiccionales”.

Esta solicitud que se podría calificar como emergente, de atención inmediata, no ha tenido respuesta, hasta la presente fecha, por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, donde todo se mueve y se resuelve con base a cálculos políticos, pago de favores, reparto de cargos entre el presidente y los vocales, llamadas telefónicas desde los Poderes del Estado, para recomendar que sus “fichas” no sean movidas, peor removidas, así griten a los cuatro vientos, exigiendo transparencia y honestidad en la administración de la Función Judicial, desde ese organismo que nació chueco y que seguirá contaminado porque los que deben tomar al toro por los cuernos, hacen su agosto en el parto y reparto de la troncha política. El Consejo de la Judicatura es una de las instituciones públicas más desprestigiadas, con presidentes y vocales procesados y sentenciados por haber hecho de la justicia un negocio entre privados.

Como consecuencia de estos dimes y diretes, hay una demanda penal en curso, presentada por la jueza Alexandra Vallejo Bazante, en contra de la Coordinadora de Talento Humano, María Cecilia Vázquez, por haberla nombrado en el comunicado que Vázquez dirige al Pleno del Consejo de la Judicatura. Dice que afectó su buen nombre e imagen que lo ha construido a lo largo de su vida profesional.

También le mencionó a la hija de Vallejo que trabaja en la Función Judicial, desde hace 5 años, de nombre Gabriela Alexandra González Vallejo.

González Vallejo registró su título de abogado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2023, título obtenido en la Universidad Técnica Particular de Loja.

El Observador como medio de comunicación independiente, cumple con su deber de hacer un seguimiento periodístico, informativo, con la finalidad de que se haga justicia, que los que se aprovechan de un poder efímero para sacar tajada, sea sancionados, y para que los perjudicados sean reparados, porque cómo se puede pensar que en la Casa de la Justicia se cometan INJUSTICIAS. Continuará.

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