Elecciones Ecuador: Advierten de politización en justicia electoral por toma del TCE
A casi una semana de la crisis en el TCE, advierten un riesgo de politización. La Policía no respaldó al juez Fernando Muñoz para defender su presidencia.
A casi una semana del problema generado en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que llevó a que los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega destituyeran de la presidencia del organismo a Fernando Muñoz por presunto incumplimiento de funciones, surgen voces desde los gremios de abogados y desde el ámbito electoral, que advierten del riesgo de una politización en esta instancia del Estado.
A Ciro Guzmán, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y a Medardo Oleas, expresidente del máximo órgano electoral, la ausencia de mayores argumentos para remover y sustituir a Muñoz les hace presumir la existencia de una violación a las normas legales y constitucionales.
Guzmán recordó que, según el Código de la Democracia, el presidente del TCE debe cumplir un periodo fijo y no puede, ni debe ser reemplazado. Muñoz asumió la presidencia del TCE el 7 de junio de 2022 y su función debía culminar en mayo de 2025.
En este caso, las preguntas que se plantea Guzmán son: “¿Por qué el apuro, por qué la desesperación de reemplazarlo?, ¿Cuáles son las razones que impulsan a la mayoría de jueces a reemplazarlo?, ¿Qué elementos se esconden en esa precipitada decisión?”
Sin embargo, consideró que cuando se producen estos hechos en el ámbito político-electoral, “hay intereses y, en este caso, es fácil presumir un interés del Gobierno”, alertó.
Guzmán recordó la denuncia que fue presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa por presunta violencia de género en el TCE.
Para este profesional del derecho, es evidente que este tema puede traer serios problemas en caso de que se acepte la demanda de Abad y se produzca una sentencia favorable que podría desembocar en la suspensión de los derechos políticos de Daniel Noboa, lo cual bloquearía una eventual candidatura a la reelección.
“Esto hace presumir que lo que ocurre en el TCE está vinculado a poderosos intereses políticos; no de otra manera se explica la vertiginosa agitación de las aguas en el Tribunal”, indicó.
También opinó que la crisis podría quedar superada si la acción de protección que presentó Muñoz en la justicia ordinaria para dejar insubsistentes las decisiones que adopte la jueza Ivonne Coloma. Esto, si se resuelve en derecho y sin interferencias políticas.
La acción legal interpuesta por Muñoz es sustanciada por la jueza Clara Soria, integrante del Tribunal de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Sin embargo, para Medardo Oleas, la solución inmediata al problema solo quedará subsanada con la renuncia de los tres jueces electorales que “han violado la ley para tomar posesión del organismo por asalto”. Recalcó que el tema se ha politizado con lo que se pone en duda la imparcialidad e independencia de los jueces del TCE.
Toman distancia de la crisis en el TCE
El bloque gobiernista en la Asamblea Nacional toma distancia de las imputaciones que relacionarían a la actuación de los jueces con la política partidista. Inés Alarcón (ADN) dijo que el Gobierno cree en la independencia de funciones, “pero tampoco estamos de acuerdo con actuaciones que minan la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad de cualquier cuerpo colegiado”.
Otto Vera (PSC) planteó una preocupación en torno a que Fernando Muñoz, fue designado en el cargo para un periodo fijo. “Fue destituido por incumplimiento de funciones, pero eso no está claro y como partido haremos un análisis jurídico profundo”.
Franklin Samaniego (Revolución Ciudadana) afirmó que de comprobarse irregularidades en la destitución de Muñoz, la fiscalización deberá habilitarse. (SC)
Muñoz pidió la detención de tres jueces pero la Policía no actuó
Un pedido que Fernando Muñoz realizó el 13 de agosto de 2024 a la Policía Nacional no prosperó. El Juez, quien asegura se mantiene como presidente del TCE, pidió que se ejecuten acciones por un presunto delito flagrante de usurpación de funciones en el que habrían incurrido los tres jueces del TCE, quienes el lunes le removieron del cargo. La Policía no actuó.
Ivonne Coloma, quien dice ser la actual presidenta del TCE, dijo que Muñoz puede emprender las acciones legales que considere, pero puso en duda que las autoridades competentes le den la razón. “Estoy segura que actué con legalidad para el cargo que ostento”, señaló.
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