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Sueldos elevados por fuera del techo legal, exceso de asesores y nepotismo: lo que halló la Contraloría en la gestión de Paola Pabón en la Prefectura de Pichincha
Nepotismo, contratación de asesores que sobrepasaron el límite permitido, con salarios elevados fuera del techo legal; vinculaciones sin precisar qué funciones cumplirían o con impedimentos para ejercer cargo público son, entre otras, las principales anomalías que ha detectado la Contraloría General del Estado en auditorías a la administración de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, que cumple su segundo periodo en funciones.
A octubre del 2023, la Prefectura de Pichincha tiene en su nómina a 2.237 funcionarios y la Contraloría ha intervenido con al menos tres informes relacionados con el talento humano y alistaría uno más, para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones.
A propósito de la divulgación de audios por conflictos sentimentales entre el exvicepresidente de la República, Jorge Glas y su excolaboradora por 16 años, Soledad Padilla, se reveló que la mujer era funcionaria de la Prefectura de Pichincha, pero parte de su labor se habría concentrado en atender, con comida y medicinas a Glas, cuando este se encontraba en la cárcel de Cotopaxi, procesado por hechos de corrupción.
La Fiscalía de Pichincha abrió una investigación por presunto abuso de recursos públicos en contra de la prefecta Paola Pabón, militante del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), por los términos laborales en los que se habría contratado a Padilla.
En un comunicado, la Prefectura ofreció entregar toda la información para la investigación y aseguró que la Contraloría ha hecho examenes especiales a la administración del talento humano y «no se ha determinado observación alguna respecto al cumplimiento de la asistencia de los servidores».
Las investigaciones a la administración de Pabón, respecto de la contratación de personal se hicieron antes por la Contraloría, que en tres informes emitidos entre el 2020 y 2023, concluyó con el hallazgo de posibles anomalías e incumplimientos a la legislación laboral.
En los expedientes no se mencionan los nombres de los funcionarios observados, aunque una de las conclusiones coincidente, fue la «falta de colaboración» para entregar información a los auditores.
Uno de los exámenes especiales se aprobó el 30 de octubre del 2020, a las operaciones administrativas y financieras en un periodo del 14 de mayo de 2019 al 31 de diciembre del 2019, en el que se examinaron recursos que bordearon el $ 1′ 214.895.
Se observó que 42 personas fueron contratadas con certificados extemporáneos de no tener impedimento para ejercer cargo público; once personas no presentaron declaraciones juramentadas y otras 37 las presentaron un mes después.
Se contrató a otras 52 personas, sobre las cuales no se especificó los puestos y funciones que asumirían; otras cinco se vincularon pese a tener certificados laborales con impedimento para ejercer cargo público.
Ingresaron 24 asesores sin autorizaciones del Ministerio de Trabajo y que no cumplían con la calificación de requisitos. A ello se sumó que se excedió el número de asesores, pues por disposiciones emitidas por el Ministerio, se permiten hasta diez, con lo que catorce estaban de más.
Para pagar sus salarios, la Prefectura destinó $ 395.576.
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El siguiente informe se aprobó el 25 de enero de 2021 que dio seguimiento a las recomendaciones del primer informe mencionado y se examinó $ 1′582.388.
Entre los hallazgos está la contratación de 24 asesores, de los que tres fueron cesados en el 2020 y se incorporó a cinco que completaron una nómina de 26, superando el límite de diez permitido por la autoridad estatal.
Sobre estas contrataciones no hubo informes de las áreas de talento humano que justifiquen la viabilidad de enrolarlos y las actividades que se les encargarían. Además, que no hubo autorización del ministerio.
Se ejemplificó que una persona se contrató como asesor ejecutivo 1 con un sueldo de $ 2.736, sin que tenga instrucción formal y complete un puntaje de 800 puntos. El departamento de Tesorería de la Prefectura había llamado la atención sobre su salario, pero talento humano no lo objetó.
Se contrató a 76 personas de las que 22 eran para nivel operativo y 19 bajo la modalidad de servicios ocasionales para catorce departamentos, sin que se justifique la necesidad.
Seis de ellos ingresaron con certificados caducados de no tener impedimento para ejercer cargo público; dos, con certificados extemporáneos; seis sin documentos. En 33 de ellos, no se evidenció la certificación presupuestaria.
En otro punto, en los contratos de 46 personas no se especificó el puesto que desempeñarían y los auditores constataron que las acciones de personal que se emitían no coincidían con el distributivo de personal.
Es decir, se los vinculaba como servidores provinciales y directores de área y aparecían como directores de Gestión y analistas.
En febrero del 2020 se hicieron 53 contratos de personal con honorarios de entre $ 400 y $ 600, que «no correspondían a ningún rol ni grupo de la escala de remuneración», establecida por la autoridad de Trabajo.
Eso provocó que la prefectura desembolse $ 27.452 de febrero a junio en el pago de estos honorarios.
Así también, se contrató a una persona oriunda de Siria, quien no había contado con la autorización de persona extranjera que expide el Ministerio.
Se halló que en abril, mayo y junio del 2020, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el gobierno provincial pagó transporte y alimentación por $ 45.171 a personal relacionado con el Código de Trabajo.
Esos beneficios, que eran parte del contrato colectivo, se pagaron pese a que se propendía al teletrabajo, para evitar los contagios. A los auditores no se entregaron registros de asistencia a la dependencia o el reporte de actividades que cumplían.
Por el transporte se asignaba 0,50 centavos por cada día laborado y $ 4 por alimentación. Así, la compensación por transporte fue de $ 5. 019 y por alimentación $ 40.152.
La auditoría dejó constancia de que no pudieron fiscalizar el pago de horas extras, ni los informes por la asignación de los beneficios, pues no se les entregó información.
El 8 de mayo de 2023 se emitió un nuevo examen especial, a la gestión del talento humano, pago de sueldos, décimos tercer y cuarto sueldos, subvenciones, liquidaciones del periodo del 25 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2022.
Se examinó un monto de $ 3′ 625.311 en los pagos a 110 personas, refiere el documento.
De 37 asesores contratados: 36 eran para los consejeros provinciales y uno para el secretario del Consejo Provincial de Pichincha, que demandó recursos por $ 853.893 para pagar sus remuneraciones. Se verificó que no había justificación del cuerpo legislativo para las vinculaciones y que no pertenecían al Nivel Jerárquico Superior.
En esencia, se designó a 37 asesores «sin sustento técnico y legal».
La prefecta Paola Pabón había aprobado la contratación de 53 personas con nombramientos y por servicios ocasionales, cuyos sueldos superaron el límite permitido por el Estado.
Por ejemplo, para 44 personas el salario era de $ 2.600 y, $ 2.190 para otros nueve, superando el «techo límite de $ 1.760», por lo que la diferencia fue de $ 515.471, que se pagaron sin justificaciones, señala el informe oficial.
En ese contexto, apareció la causal de nepotismo. Los auditores concluyeron que tres servidores eran familiares de consejeros provinciales, que corresponde a los alcaldes o vocales de juntas parroquiales.
En marzo del 2021, se designó como asesor legislativo 3 a una persona que es primo del consejero provincial del gobierno parroquial de Cangahua, en un periodo del 25 de mayo de 2020 y el 24 de mayo de 2022. Los ingresos del asesor fueron de $ 4.770.
Se contrató una técnica supervisor de cambio climático en enero del 2021, que es la hija del consejero del municipio de Cayambe, en el periodo de 25 de junio de 2020 y el 31 de agosto de 2022. Sus ingresos fueron por $ 7.248.
Otra contratación fue de un analista de planificación y gestión vial en noviembre de 2021, que es el hermano del consejero provincial de la Junta Parroquial de Uyumbicho y percibió un total de $ 18.460.
La información se había corroborado con el Registro Civil y la prefecta autorizó esas contrataciones.
Esto «configura la causal de nepotismo» y la Prefectura desembolsó $ 30.479 en sueldos y compensaciones.
Hubo la contratación de dos asesores ejecutivos y siete legislativos sin que ellos hayan cumplido la instrucción formal. Ejemplo de ello, fue que uno era licenciado en Ciencias de la Educación con mención en pedagogía musical.
Se suscribieron 64 contratos de servicios ocasionales para varias áreas sin informes de talento humano y contratos de servicios ocasionales que sobrepasaron los doce meses, de lo que permite el Ministerio de Trabajo.
El recurrente argumento de defensa de la Prefectura a las observaciones de los auditores, fue que el Gobierno descentralizado de Pichincha cuenta con su propio manual de clasificación de puestos y que son designaciones de «confianza» que realiza la máxima autoridad (Paola Pabón).
La Contraloría rechazó esas respuestas, ya que existe un acuerdo ministerial emitido en el 2014 que regula las contrataciones y son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones, incluidos los gobiernos locales. (I)
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