Pocos días atrás renunció la secretaria anticorrupción del gobierno. Al igual que sus antecesores, la ex funcionaria se fue del cargo sin que buena parte de la ciudadanía conozca cuáles eran sus tareas específicas, el alcance de su gestión y, en definitiva, el lugar que ocupa esa dependencia dentro de la organización burocrática de la presidencia de la República. En medio de la incertidumbre que genera definir qué es y para qué sirve dicha estructura de poder, lo único que queda claro es que el problema de fondo no está en la persona que ha dejado el cargo recientemente sino en la institución como tal. Por tanto, la discusión pública gira en torno a dilucidar si es necesario mantener la secretaría anticorrupción o si, por el contrario, ha llegado la hora de que desaparezca, como muchas otras instituciones estatales ineficientes.
Aunque en el plano normativo se pueden señalar muchas razones que justificarían la existencia de una estructura estatal orientada a dictar una política pública que evite y combata la corrupción, la impresión que queda ante la opinión ciudadana es que, en las actuales condiciones, la secretaría anticorrupción sirve para pagar favores políticos y, en alguna medida, para reivindicar la posición de los gobiernos en una coyuntura específica. Basta revisar quienes han ocupado ese cargo desde su creación, el 21 de febrero de 2007, para concluir que en ese espacio se apuntalan carreras políticas y/o se fraguan estrategias para visibilizar los temas que le interesan al Jefe de Estado de turno. De hecho, dado que la secretaría anticorrupción es una institución adscrita a la presidencia de la República, resulta poco creíble que sus titulares sean personas ajenas al intercambio y la negociación política.
A las razones citadas se suman otras no menos relevantes y que, en conjunto, ponen en duda la utilidad práctica de la secretaría anticorrupción. En primer lugar, existen ya instancias públicas que realizan una labor similar, aunque desde perspectivas distintas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de ellas. El Poder Judicial y la Contraloría General del Estado, son otras. En segundo lugar, financiar una institución pública como ésta, en momentos de austeridad fiscal, resulta contradictorio frente al discurso del gobierno en el sentido de que el país debe comprometerse a tomar medidas de ajuste. Aunque desde el oficialismo se podrá argumentar que la carga burocrática de la secretaría anticorrupción es menor, poco se conoce públicamente. Paradójicamente, en la pestaña “transparencia” de la página web de esa institución no es posible hallar una descripción de sus funcionarios y mucho menos de sus remuneraciones.
Si a las razones citadas se suma que la actividad de la secretaría anticorrupción ha pasado de gobierno a gobierno prácticamente desapercibida, quedan pocos argumentos para mantener una instancia burocrática que no sirve sino a los fines políticos ya mencionados. Tan irrelevante ha sido la gestión de esa estructura de poder como irrelevante ha sido el desempeño de la comisión de expertos internacionales anticorrupción constituida bajo su paraguas institucional. Tanto es así que, al término de sus funciones, el pasado 13 de noviembre de 2019, la mentada comisión no había analizado ningún caso de alto impacto. En su desesperación por justificar dicha decisión política, el gobierno no tuvo otra alternativa que otorgar noventa días de prórroga a los comisionados. Así, más allá de la rimbombante presentación pública de los expertos internacionales, en la que el rol estelar estuvo a cargo de la secretaría anticorrupción, la ciudadanía no ha visto prácticamente ningún resultado específico hasta la fecha.
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Desde su surgimiento en 2007, la secretaría anticorrupción ha servido para muchas cosas, menos para sus fines institucionales. Por ello, nada justifica su existencia, al menos como una dependencia de la presidencia de la república. Si los gobiernos quieren efectivamente enfrentar a la corrupción, la vía no es la generación de más burocracia. Por el contrario, la alternativa está en el apoyo a organizaciones sociales, como la Comisión Nacional Anticorrupción, o al periodismo de investigación que han sido los que, en realidad, han denunciado los innumerables casos de mal uso de recursos públicos en el país. A la par, fortalecer la independencia judicial y proveer recursos para la constante formación de jueces y fiscales, son los mejores medios mediante los cuales los gobiernos pueden apoyar genuinamente el combate a la corrupción y a los corruptos. Instituciones como la secretaría anticorrupción lo único que hacen es tomar el tema como una bandera política que termina vaciando de contenido la lucha ciudadana por mejorar la transparencia y los valores éticos de la sociedad.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
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