Una sentencia condenatoria a Rafael Correa en el caso Sobornos sería el fin de todo un ecosistema de poder en el que cohabitan las fuerzas más sofisticadas, mafiosas y poderosas que probablemente hayan existido en la reciente historia del Ecuador.
Lo que se juega en el proceso es enorme: si el tribunal de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia, conformado por Iván Saquicela, Marco Rodríguez y David León, condenan a Correa y, por esa vía, lo inhabilitan electoralmente, todo el circuito de intereses que creció al abrigo de la cleptocracia autoritaria que parió ese régimen, perderá cualquier esperanza de asegurarse la impunidad y su supervivencia.
Las derivaciones de ese posible escenario son múltiples. Existen operadores de primera línea como Virgilio Hernández, Paola Pabón o Gabriela Rivadeneira que saben a la perfección que si Correa no recupera el poder su destino estará signado por la prisión, la clandestinidad, el eterno escarnio público o el olvido. En ese grupo están personajes como Jorge Glas, Alexis Mera o Vinicio Alvarado que están conscientes de que el momento en que Correa quede fuera del juego político, ya no tendrán más esperanza de que les llegue un indulto o un archivo de sus causas. En ese círculo hay personajes como Marcela Aguiñaga, Doris Solís o Pabel Muñoz y muchísimo otros que tienen carpetas abiertas en la Contraloría o incluso en la Fiscalía. Pero no son únicamente los operadores más visibles del correísmo o sus funcionarios más beneficiados los que dependen del regreso del caudillo, ahora radicado en Bélgica, para volver a caminar orondos por las calles o mantener operativos sus negocios: muchos empresarios chicos, medianos o grandes que están siendo procesados por el sistema judicial, o están bajo la lupa de la Contraloría, también dependen de lo que digan los jueces sobre el futuro de Correa.
Pero los actores de poder que están pendientes de que Correa recupere el poder no se limitan a operadores políticos o empresarios corruptos vinculados al Estado ecuatoriano. A ese amasijo hay que agregar el entramado geopolítico regional y mundial. El regreso de Correa al poder representa para distintas fuerzas políticas en países de la región la posibilidad de consolidar alianzas estratégicas para articular políticas y negocios internacionales. Ahí está el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y, eventualmente, el de los partidarios de Evo Morales en Bolivia. No hay que olvidar que desde muy poco después de dejar el poder, Correa se convirtió en un operador de los intereses del presidente Vladimir Putin, al haberse consolidado como una estrella más del canal de noticias RT. Y Putin, se sabe, es de los que luchan hasta el final y sin escrúpulos para lograr sus objetivos.
La suma de intereses de todos estos poderosos actores representan lo que realmente significa el caso Sobornos. El regreso de Correa al poder es, sin duda, un objetivo por el que todos ellos estarán dispuestos a pelear en una lucha sin cuartel. Por eso, lo que se viene en los próximos seis meses, como calcula la Fiscalía, en los que se produzca la eventual sentencia condenatoria, apelación y el recurso de casación que sin duda se presentará, será una auténtica guerra.
Tanto en Fiscalía como en la Función Judicial se sabe que el camino hacia el final del juicio estará sembrado de las más insospechadas triquiñuelas, amenazas, intentos de sobornos y sobresaltos. Aquellos que dependen del regreso de Correa son actores con inmenso poder y fuerza política, económica, mediática e incluso delincuencial. Ahora, si en la Fiscalía y la Función Judicial son conscientes de lo que se viene y todo lo que significa este proceso ¿también lo es la sociedad? Aparentemente no existe una idea cabal sobre todo lo que esto significa, está en juego y puede ocurrir. De otra forma no se explica por qué hasta ahora no ha aparecido una sola iniciativa de la sociedad civil para acompañar el proceso. Por el momento, la figura de la Fiscal General, Diana Salazar, aparece solitaria y con más críticas que apoyos y alientos de los sectores políticos y de opinión que, se supone, están empeñados en que se haga justicia y se pruebe el daño infringido por el correísmo al país. Solo así se podría bloquear el retorno del correísmo.
El caso Sobornos, además, no solo significa la posibilidad de que Correa quede o no inhabilitado electoralmente, sino la forma en la que la sociedad comprenda lo que es vivir en democracia y en el marco de un sistema republicano con independencia de poderes. Los diez años de cleptocracia autoritaria que Correa y sus operadores montaron, tenían como objeto terminar con las bases de un estado democrático regido por el imperio de la ley. Por eso, su eventual regreso sería mucho más inquietante y, hasta ahora, no parece que en la sociedad exista una cabal idea de todo lo que eso significa.
Foto: Alianza País.
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