Aunque aún es un borrador que puede ser modificado durante los próximos días con las descargas de las partes involucradas, la investigación hecha por la Contraloría al proceso de nacionalización y acreditación como diplomático ecuatoriano a Julian Assange sin duda será un potente argumento político a favor del juicio que se tramita en la Asamblea en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa.
El borrador, que fue leído en Contraloría frente a las partes involucradas o sus defensas, establece básicamente dos cosas: una, que la nacionalización de Assange y su acreditación como diplomático ecuatoriano primero en Londres y luego en Moscú, fueron hechas violando todas las normas legales vigentes sobre el tema y, dos, que el comportamiento de Assange en el interior de la sede diplomática fue insostenible mucho antes de la llegada del actual canciller José Valencia, pero que sus tres antecesores no cumplieron con su trabajo de precautelar las instalaciones de la Embajada ni la seguridad de sus funcionarios.
El borrador elaborado en Contraloría compromete aún más a Espinosa y a los funcionarios que actuaron bajo sus directrices porque establece de forma contundente que el proceso alrededor de Assange fue un acto fraudulento cometido desde la función pública. Prácticamente todos los trámites que se hicieron para concederle la nacionalización fueron hechos no solo pasándose por alto las normas legales y reglamentarias, sino que con mecanismos administrativos fraudulentos y tramposos. Para comenzar, el informe dice que la nacionalización no cumple con los dos únicos requisitos que la Ley de Movilidad Humana que se debe cumplir para que un extranjero se nacionalice como ecuatoriano: que haya vivido tres años en el Ecuador o dos como apátrida. Ninguno de los dos requisitos cumplió Assange, pues la sede de la Embajada no es legal ni constitucionalmente territorio ecuatoriano, dice el borrador que únicamente se refiere a ese tema. El borrador sobre los gastos se leerá hoy en la tarde del lunes 20 de mayo.
A parte de la ilegalidad en la concesión de la nacionalidad, sostiene el informe, los trámites que se siguieron son una colección de actos fraudulentos e irregulares: Assange no tenía un documento de identidad válido, las firmas recogidas durante el proceso no coinciden, no demostró con documentos los ingresos de subsistencia que se supone debía mostrar, los funcionarios encargados mintieron afirmando que todo estaba correcto, ni se pagaron los timbres y aranceles que se debían pagar, entre otras cosas. Es tal la cantidad de irregularidades y saltos administrativos que es inevitable preguntarse cuál era el apuro que había para hacer el trámite. Si tan solo hubieran hecho los pasos que establecen los procedimientos legales, el proceso nacionalización quizá únicamente hubiera terminado con el tiempo declarado como nulo, pero tal y cómo aparece en el informe es más que probable que se genere una investigación y una posterior sanción administrativa a todos los involucrados.
Entre esas irregularidades está, además, el hecho de que la entrevista que se hizo a Assange fue con un cuestionario que no procede para los casos de nacionalización. Ni siquiera se tomaron el cuidado de usar la plantilla correcta donde había preguntas relacionadas al conocimiento del aspirante sobre el Ecuador, como por ejemplo sobre su geografía o historia. ¿Durante tantos años que Assange estuvo en la Embajada nunca se dio tiempo para hojear una enciclopedia geográfica del Ecuador o un resumen de su historia? No, evidentemente la Cancillería en ese entonces dirigida por María Fernanda Espinosa prefirió violar las normas y hacerle una entrevista en la que no era necesario que mostrara ni el más mínimo conocimiento del país.
La segunda parte de la lectura del borrador fue, sin embargo, quizá lo más novedoso en el caso. Se reveló cómo el comportamiento de Assange había sido ya insoportable desde poco tiempo luego de haber llegado como asilado. Hay informes y documentos que prueban que Assange era un huésped incómodo que incluso ponía en riesgo la seguridad física de los funcionarios desde el año 2012. Llegó a tal punto su comportamiento que el personal de limpieza y de recepción de la Embajada pidieron que se les diera un seguro de vida.
En el borrador destacan sin duda las comunicaciones que el ex embajador ecuatoriano en Londres, Juan Falconí (quien estuvo durante la lectura) donde pedía ayuda al entonces canciller Ricardo Patiño. Ninguno de los pedidos fue atendido. Falconí en sus comunicaciones desesperadamente pedía que la Cancillería en Quito hiciera algo para que Assange no se tomara prácticamente todas las instalaciones de la sede diplomática, lo que incluía “la mejor oficina” y el Back Office. En una de esas comunicaciones, el ex embajador decía que Assange había convertido la Embajada en un club donde había fiestas hasta altas horas y donde los invitados se quedaban a dormir. Hay una comunicación donde Falconí da a entender que Assange llegó a “zapatearle” ante un pedido de mejorar el comportamiento que él le hizo y otra donde se ve que el entonces embajador redactó un protocolo de 22 de puntos para que Assange se comportara de mejor forma. Nunca esos pedidos fueron atendidos en Quito. Assange incluso aseguraba que esas quejas no tenían sentido porque todo lo que hacía era aprobado en Quito, se dice en los comunicados de Falconí.
Este comportamiento de Assange, se establece en el borrador del informe, no fue tomado en cuenta ni por Patiño ni por sus dos sucesores: Guillaume Long y María Fernanda Espinosa.
La defensa de los involucrados, según el borrador, apuntan a dos temas. En el caso de Espinosa, a que el caso de Assange es único y que por defender su vida y sus derechos humanos la nacionalización se hizo de acuerdo a principios internacionales que están por encima de las leyes ecuatorianas. Los funcionarios de menor rango, por su lado, han dicho que el proceso tuvo que hacérselo saltándose procedimientos administrativos porque el caso justificaba una celeridad que era imposible cumplir con las normas vigentes.
Ambos argumentos, se leyó en el borrador, no satisfacen al equipo de Contraloría.
En la foto, el ex embajador en Londres, Juan Falconí da declaraciones a la prensa a la salida de Contraloría
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