CONCESIONES POR 20 AÑOS Y 20 MIL MILLONES: ESTA ES LA AGENDA
El presidente Moreno decretó, el 16 de mayo, la creación de Comité especial para implementar la "gestión delegada" que consiste en la posibilidad de que el sector privado participe de los sectores estratégicos de la economía. Santiago Cuesta, ministro sin cartera del Gobierno, dio algunas pistas de la agenda.
El decreto fue firmado el 16 de mayo y tiene el número 740. Concreta algunas de las aspiraciones de un sector del Gobierno que cree que es necesaria la participación privada en los sectores estratégicos, tradicionalmente reservados al Estado. El decreto presidencial, que fue firmado por el presidente Moreno y su ministro de Finanzas, Richard Martínez, no habla de "privatización", palabra satanizada durante la lucha contra el neoliberalismo, pero plantea un esquema que podría considerarse similar, al entregar la administración y buena parte de las ganancias que produzca la infraestructura del Estado a empresarios privados, a los que piensan blindar durante no menos de 20 años.
En efecto, en los considerandos, la disposición presidencial si bien menciona que la Constitución declara como sectores estratégicos a la energia, las telecomunicaciones, los recursos naturales, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el espectro radioeléctrico y el agua, entre otros, se ampara en la posibilidad legal de delegar, "en forma extraordinaria" el control de esos sectores a la economía privada y popular y solidaria.
El decreto cita también el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, que faculta a que el Estado delege los sectores estratégicos a la iniciativa privada, siempre y cuando no esté en capacidad de brindar los servicios relacionados con ellos. Así mismo, menciona la posibilidad de que se "delegen" la provisión de servicios como electricidad, telecomunicaciones, portuarios o aeroportuarios, entre otros.
Santiago Cuesta, asesor del presidente Lenín Moreno, es parte del Comité para las concesiones. Foto. El Universo
De ahí que el presidente consideró necesario crear un Comité de Gestión Delegada, con la intención de que el Estado, sin perder la propiedad de los activos, pueda obtener "opciones de financiamiento" en la provisión de servicios públicos o sectores estratégicos. Con esa consideración, por ejemplo, el Estado podría "delegar" el funcionamiento de las telecomunicaciones, como es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o de la provisión de electricidad, que actualmente es prestada por empresas estatales, o la administración de las carreteras, el sector petrolero y la mayor parte de la infraestructura pública.
Aunque el esquema difiere de la privatización en que los activos siguen siendo del Estado, la gestión -y, por supuesto, una parte de las ganancias- pasaría a manos de empresarios privados.
Decreto 740 emitido por el presidente Lenín Moreno.
El Comité creado para el efecto tiene cuatro integrantes. El ministro de Finanzas, Richard Espinosa, en calidad de delegado presidencial, con voto dirimente. El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Pablo Campana. El ministro de Energía, Carlos Pérez, y el consejero presidencial Santiago Cuesta. Las tareas del Comité serán, entre otras, identificar los posibles proyectos y crear un portafolio, así como propiciar que se realicen los estudios correspondientes para el proceso de delegación.
Además, con funcionamiento en la Presidencia, habrá un equipo asesor, que apoyará al Comité, mientras rinde cuentas a la Secretaría General de la Presidencia de la República, que encabeza José Agusto Briones.
La definición de la "gestión delegada" también constan en el decreto: serán las acciones realizadas por el Estado para obtener financiamiento en condiciones favorables" con énfasis en aspectos como "la prestación de servicios públicos" o "la gestión de sectores estratégicos".
El presidente dio un mes de plazo para que los ministerios envíen a la Presidencia los proyectos que puedan servir para "monetización".
¿Cuál es la agenda?
Pero, ¿en qué proyectos piensa el Gobierno cuando conforma este Comité? El consejero de Gobierno y ministro sin cartera del régimen, Santiago Cuesta, dio tres pistas en una reciente entrevista con la agencia británica Bloomberg.
Las refinerías, oleoductos, redes eléctricas y de telecomunicaciones: 20 años de concesión
Las refinerías estatales de Esmeraldas y La Libertad podrían ser cerradas, para ser reabiertas bajo la administración de alguna empresa privada. El Estado seguiría contando con la propiedad de las plantas, pero una empresa privada podría administrarlas. Las refinerías producen derivados de petróleo que se consumen en el país. El esquema podría aplicarse también a los oleoductos y redes de telecomunicaciones y de distribución eléctrica, que también podrían servir para "monetizar". Las concesiones de la infraestructura estatal serían por periodos largos, de no menos de 20 años.
Para aplicar el modelo, se agruparán los activos en nuevas empresas y el Estado recibirá el 25% de las ganancias proyectadas. Por ejemplo, en el Gobierno estiman que se podrían obtener 20 mil millones de dólares aplicando la "delegación" a las redes de energía eléctrica, mientras que "delegar" la Corporación Nacional de Telecomunicaciones podría producir entre tres y cuatro mil millones.
En el área petrolera se tiene previsto empezar por la refiería de La Libertad (Santa Elena) y la de Esmeraldas.
Pero los inversionistas se harán cargo de parte de las ganancias y de los activos, pero no de los pasivos, los cuales seguirán siendo del Estado. Se tratará de concesionar a quien ofrezca la menor cantidad de años de concesión, dijo Cuesta a Bloomberg. Cuesta mencionó también que el concesionario deberá pagar tan pronto reciba la concesión, pero afirmó que "lo lógico" sería que el contrato sea renovado tras los primeros 20 años.
Quiénes asesoran el proceso y cómo lo van a blindar
Según la información de Bloomberg, el Gobierno tiene previsto contratar a Guggenheim y Credit Suisse como asesores para la licitación, y las concesiones serán gestionadas bajo un único, no modificable. Los contratos, habría mencionado cuesta, están siendo preparados por abogados locales, de Nueva York y españoles. En el Gobierno cuentan con que pueden, amparados en las mismas normas que citan al crear el Comité, tomar la decisión sin consultar a la Asamblea Nacional. Además, los contratos serían blindados porque, como ya ha ocurrido antes, si las concesiones se revierten, las inversionistas podrían demandar al Ecuador en el extranjero por montos multimillonarios.
Y como si los fiascos en tribunales arbitrales del Ecuador, condenado a pagar millonarias indemnizaciones no fueran suficientes, el nuevo modelo piensa blindar a los inversionistas extranjeros dándoles la posibilidad de concurrir ante la Cámara de Comercio de París y a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus siglas en inglés) para cualquier disputa.
Sí habrán despidos
Según la información de Bloomberg, Cuesta mencionó la posibilidad de "despidos importantes" de buena parte del personal que labora en los sectores eléctrico, petrolero y de telecomunicaciones. El Gobierno está dispuesto a pagar las indeminizaciones a las que haya lugar, habría dicho Cuesta. Para el consejero de Gobierno, los dineros obtenidos con esta fórmula podrían ser colocados en el Banco Central del Ecuador para ser usados "en casos de emergencia".
Cuesta hizo una revelación adicional: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue firmado para tener un sello de aprobación internacional y lograr las reformas económicas más que por falta de financiación. El objetivo es que este esquema de concesiones no pueda ser modificado por el próximo gobierno.
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