¿Alguien tiene algo que decir? Sonia Sierra, directora Nacional de Auditoría de la Contraloría, sentada a la izquierda de la mesa, mira desde lo alto del auditorio del ente de control a los asistentes. Hace silencio: espera una respuesta. Este 14 de diciembre están allí los involucrados en el uso –que resulta alegre y opaco– de los aviones presidenciales y periodistas que se han acreditado para esta lectura pública en la que no se puede interrumpir, grabar, tomar fotos o escribir en una computadora. Sonia Sierra preside la lectura del borrador del informe de la Contraloría que analiza lo que ocurrió con los aviones Legacy y Falcon durante cinco años en el gobierno de Rafael Correa: del 1 de enero de 2012 al 24 de mayor de 2017.
Omar Simon, sentado en la sección de los involucrados, interviene. Él fue secretario de la Presidencia de la República de marzo de 2014 a septiembre de 2016. Su intervención es corta y es la única. En sustancia dice a los auditores que hagan el favor de tener en cuenta que los aviones puestos al servicio de la Presidencia son de la FAE. Están bajo su responsabilidad, obedecen a sus regulaciones. Sonia Sierra no le responde. Repite que lo que se ha leído es un borrador, que está sujeto a rectificación o ratificación, que aquellos que tengan algo que decir, tienen cinco días hábiles para hacerlo. Y que adjunten las pruebas.
Omar Simon ensayó, en público y para que oigan los periodistas, una estrategia que dieron algunos a la Contraloría, que está incluido en el informe y que fue refutado por los auditores. Esa estrategia se llama lavado de manos. Simon, citado expresamente en el informe (por su cargo), quisiera hacer creer que la Presidencia de la República no tenía por qué responder por autorizaciones para usar los aviones, listas de pasajeros, motivos de los viajes, destinos, ingreso a los aviones de autoridades extranjeras, nombre de invitados especiales, paradas en los paraísos fiscales, tiempos de escalas, usuarios de esos aviones… Como si la FAE hubiera podido imponer regulaciones al gobierno de un señor que se creyó dueño del país. Por eso ante los requerimientos de la Contraloría, el ex secretario de la Presidencia se muestra extrañado de que le pidan cuentas a él. Y pide a la Contraloría que indague allí, donde a sus ojos está el responsable de todas estas irregularidades: la FAE.
La estrategia de Simon describe a la perfección lo que fue el cinismo del correísmo en el poder: lo usaron en forma discrecional. Usaron instituciones y el erario como se les antojó. Anteponiendo la decisión política y hasta los caprichos a las leyes, los mecanismos, los protocolos, los procesos institucionales. Y ahora que les llaman a responder por las consecuencias de esos actos discrecionales, quieren hacer creer que el correísmo fue la mata de la institucionalidad. Ellos cumplieron con lo suyo y las otras instituciones (que ahora dicen que fueron independientes) tenían que velar por sus obligaciones…
Correa usa la misma línea de defensa que Simon. En la respuesta que dio a la Contraloría sobre la forma cómo manejó los dos aviones presidenciales dice que, como Presidente, no le correspondía responder por las autorizaciones. Y si hay problemas –respondió– se debió tratar de errores porque esos viajes se hicieron en función de los intereses del país. Y se originaron en una decisión suya. En claro, todo lo que se hizo, fue hecho pensando en un interés superior que, por supuesto, él definió. Si algunas cosas se hicieron mal, debió haber sido por error. Y por esos errores no responde él.
Correa y Simon, que comparten responsabilidades en este asunto, no convencieron a los auditores de la Contraloría. El informe está plagado de textos legales que regulan el uso de bienes del Estado confiados, en este caso en prioridad –pero no únicamente– al Presidente y al secretario de la Presidencia. Hay verbos claves en la ley que describen, para uno y otro, lo que tenían que hacer en el manejo de los aviones: autorizar, liderar, supervisar, coordinar, informar debidamente… Pues bien: hay 58 vuelos del Grupo de Transporte Aéreo Especial, 24 vuelos de Tame y 9 del avión de Petroamazonas que se hicieron sin requerimiento ni autorización. En algunos de ellos no se sabe los objetivos del viaje, el listado completo de pasajeros o sencillamente fueron usados para transportar autoridades sobretodo de Islas del Caribe. La Contraloría habla de un costo para el Estado de casi 13,6 millones de dólares; a los cuales podrían sumarse costos de operación. Se supone que, de no desvanecer sus responsabilidades, esos montos aparecerán en glosas y eventuales responsabilidades penales.
Correa y Simon hasta ahora se dan por enterados de que los aviones no eran de su propiedad. Que son bienes del Estado cuyo uso cuesta. Y que esa plata tampoco era suya.
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