El patrón de la persecución judicial
La investigación y análisis de 300 casos judiciales durante el correato determinó un patrón de comportamiento de jueces y fiscales que se basó en el escarnio público, la construcción de "pruebas" a partir de informes propagandísticos del gobierno, las violaciones al debido proceso de las partes , entre otras irregularidades. El informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia se basó en el examen de 1400 casos denunciados por las víctimas.
12 de diciembre del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo en el tiempo, desde el Estado, para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización de las diferencias políticas. Existe una construcción comunicacional del "enemigo" contra el que se aplica el derecho penal de más rigor; a través de esta política comunicacional se construía la idea de "enemigo del pueblo", no solo del gobierno. Se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar "perdón y archivar procesos, quienes no accedieron a ellas siguieron siendo perseguidos. Esta es la conclusión principal del informe provisional de la Mesa Verdad y Justicia, que fuera presentado por sus voceros el lunes 10 de diciembre en el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio.
Los patrones de comportamiento de la justicia controlada por el gobierno de Rafael Correa, fueron examinados en torno a varios casos: en las medidas judiciales ejercidas contra los defensores de la naturaleza se marcó cono un rasgo común el ejercicio de "violencia extrema" como una de las respuestas del Estado. Otra respuesta fue el ingreso violento a las comunidades de grandes contingentes de la fuerza pública (entre 100 y 300 efectivos), se aplicaron tipos penales graves y una política comunicacional para estigmatizar a las víctimas. La vocal Angélica Porras señaló que en los casos contra los defensores de los derechos de la naturaleza hubo ciertos patrones de comportamiento como: conflictos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales por empresas extranjeras; ingreso violento a las comunidades por parte de grandes contingentes de la fuerza pública (100-300 policías), entre otros aspectos. “Hay casos en los que se registraron muertes, violaciones, agresiones, quema de casas y cultivos”, dijo.
En cuando a los pueblos y nacionalidades indígenas, se aplicaron también tipos penales muy graves, hubo enjuiciamientos penales y encarcelamientos a los más altos dirigentes indígenas, fuertes multas económicas, desconocimiento de decisiones de la justicia indígena, desconocimiento de decisiones de la justicia indígena y del principio nen bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa) hubo encarcelamientos sin orden de prisión, falta de interpretación cultural y se usaron pruebas forjadas.
Las audiencias públicas de la Mesa por la Verdad y la Justicia se realizaron en el Complejo Judicial Norte. En la imagen, el caso Luis Martínez. Foto: Consejo de la Judicatura
Sobre los casos analizados en el 30S se encontró que las llamadas sabatinas, o Enlaces Ciudadanos, tuvieron un papel fundamental para "construir al enemigo"; que en los procesos judiciales hubo participación directa del ministro del Interior y de otros altos funcionaros del Estado; se aplicaron delitos penales muy graves, hubo cambios de fiscales y jueces cuando las resoluciones no eran compatibles con la versión oficial, se dieron calificaciones de flagrancias hasta tres años después de haber ocurrido las detenciones; hubo detenciones y allanamientos ilegales, eliminación de pruebas y falta de motivación en las sentencias.
La persecución judicial a líderes sociales y políticos, la investigación encontró —nuevamente— el papel fundamental de la política de comunicación del Estado para construir un enemigo.
En torno a los casos de libertad de expresión, la justicia correísta, dice el informe de la Mesa Verdad y Justicia que se iniciaron procesos por denuncias de corrupción o irregularidades por parte del gobierno; se destaca, como en los otros casos, el papel de las sabatinas para construir un enemigo; se iniciaron juicios penales y civiles contra periodistas por sus opiniones y publicaciones; se cambiaron jueces, se juzgo sin pruebas y no se consideraron las posiciones de las partes demandadas.
La persecución judicial a líderes sociales y políticos, la investigación encontró —nuevamente— el papel fundamental de la política de comunicación del Estado para construir un enemigo, la gravedad de las imputaciones de tipo pena, la detención arbitraria, la falta de cumplimiento del debido proceso y para el traslado a las cárceles, los despidos laborales y las expulsiones de la cátedra universitaria.
La Mesa por la Verdad y la Justicia registró alrededor de 1400 casos de presunta persecución política, 300 de ellos cumplieron los requisitos establecidos para su calificación y luego de un proceso de depuración, quedaron 247 para el análisis definitivo. De estos, 24 casos fueron considerados emblemáticos y hubo audiencias públicas con las víctimas. La Mesa consideró que el Consejo de la Judicatura (CJ) debe investigar en el ámbito disciplinario, preliminarmente, a 492 jueces y fiscales por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento a través del sistema judicial.
Una de las solicitudes que realizaron los integrantes de la Mesa al CJ es que se impulse reformas al Código Orgánico Integral Penal para despenalizar los delitos de opinión y que se reforme la Ley de Víctimas y Reparaciones con el objetivo de que quienes sufrieron acoso político no tengan límite de tiempo para realizar sus reclamos.
La Mesa entregará el informe preliminar a organizaciones de Derechos Humanos, universidades y a las personas que participaron en este proceso para que realicen sus observaciones. El documento definitivo estará listo en enero de 2019.
PUNTO DE VISTA
Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura
"Se construyó al enemigo de una manera brutal"
(En los hallazgos del informe) podemos hablar que hay una persecución política sistemática, estructurada y dirigida a un grupo de personas: los críticos al Gobierno. Esta crítica se manifestó en denuncias de corrupción, en protestas, en oposición al extractivismo y en el ejercicio de la justicia indígena. Y también en el 30S que es un parteaguas, es un antes y un después. La persecución tuvo un Estado de propaganda y de una política comunicacional. En las sabatinas se legitimaron decisiones judiciales. Se construyó al enemigo de una manera brutal. Es decir se le puso a la persona perseguida en un banquillo donde le denigran y desprestigian totalmente. Una persona que presentó su caso dijo que eso provocó que se convierta en alguien tóxico, nadie quería darle trabajo.Hubo presencia de los ministerios del Interior, de Justicia y del Consejo de la Judicatura en las audiencias y pronunciamientos de los ministros sobre un caso que estaba manejando la justicia.
En las comunidades indígenas y donde hay extracción minera, hay una presencia muy importante de violencia y de fuerza pública. Hay casos donde hubo quema de casas y cultivos, muertes y violaciones. Fue algo estructurado porque estuvo dirigo a los líderes sociales. Son casos donde hubo actuaciones (cuestionadas) de jueces y fiscales sino del Ministerio de Justicia a través de las cárceles. Entonces hubo dos grupos de personas: los líderes y aquellos que el azar les jugó una mala pasada. Fue gente que estuvo pasando por el lugar de los hechos y de pronto tuvo a la Policía encima.
Hay casos donde en corte provincial mejora la sentencia, pero llega a casación y agrava la situación de la persona condenada.
Otro elemento muy grave fue la presencia de la Senain. La gente relató cómo fueron perseguidos, amenazados y amedrentados. Y un elemento que es terrible fue la exigencia de las autoridades de que el perseguido pida perdón. Eso significó no solo que debía reconocer su responsabilidad -algo prohibido por la Constitución- sino además este deseo de humillar a la persona.
Sobre los jueces y fiscales se constató una violación constante del debido proceso. Entonces hubo detenciones ilegales arbitrarias, calificaciones de flagrancia fuera del tiempo, reconstrucción de los hechos años después del evento. A veces se aceleraba el proceso, otras se volvía lento.
Una cuestión muy importante en los jueces fue el tema de las pruebas. En algunos casos no se siguió la cadena de custodia. También hubo olvido de las pruebas más relevantes. En varios casos las pericias determinaron que las personas acusadas no correspondían, ni su voz ni su físico. Esas pericias no fueron tomadas en cuenta y se sentencia.
Hay resoluciones en cortes provinciales y en casación (en la Corte Nacional) realmente penosas. Hay casos donde en corte provincial mejora la sentencia, pero llega a casación y agrava la situación de la persona condenada. El papel de los jueces -de lo que hemos podido constatar- muestra serios indicios de violaciones al debido proceso.El Consejo de la Judicatura decidió el martes 11 de diciembre por unanimidad iniciar los procesos de investigación contra esos jueces y fiscales.
Son casi 500 jueces y fiscales que serán investigados. Tengo buenas expectativas respecto a los resultados de las investigaciones. Un número tan grande muestra que tenemos un problema en la justicia. No es una cuestión que se pueda resolver inmediatamente. El próximo Consejo de la Judicatura tiene que hacer la evaluación con parámetros más objetivos y valiosos de los que ha tenido hasta ahora. Hay que ir paso a paso, no es lo mismo un juez que ha sido denunciado 40 veces o un fiscal que participó en todos los casos del 30S que un juez que ha sido denunciado por un caso. Hay que empezar por lo más grave.
En las comunidades indígenas y donde hay extracción minera, hay una presencia muy importante de violencia y de fuerza pública. Hay casos donde hubo quema de casas y cultivos, muertes y violaciones. Fue algo estructurado porque estuvo dirigo a los líderes sociales. Son casos donde hubo actuaciones (cuestionadas) de jueces y fiscales sino del Ministerio de Justicia a través de las cárceles. Entonces hubo dos grupos de personas: los líderes y aquellos que el azar les jugó una mala pasada. Fue gente que estuvo pasando por el lugar de los hechos y de pronto tuvo a la Policía encima.
Hay casos donde en corte provincial mejora la sentencia, pero llega a casación y agrava la situación de la persona condenada.
Sobre los jueces y fiscales se constató una violación constante del debido proceso. Entonces hubo detenciones ilegales arbitrarias, calificaciones de flagrancia fuera del tiempo, reconstrucción de los hechos años después del evento. A veces se aceleraba el proceso, otras se volvía lento.
Una cuestión muy importante en los jueces fue el tema de las pruebas. En algunos casos no se siguió la cadena de custodia. También hubo olvido de las pruebas más relevantes. En varios casos las pericias determinaron que las personas acusadas no correspondían, ni su voz ni su físico. Esas pericias no fueron tomadas en cuenta y se sentencia.
Hay resoluciones en cortes provinciales y en casación (en la Corte Nacional) realmente penosas. Hay casos donde en corte provincial mejora la sentencia, pero llega a casación y agrava la situación de la persona condenada. El papel de los jueces -de lo que hemos podido constatar- muestra serios indicios de violaciones al debido proceso.El Consejo de la Judicatura decidió el martes 11 de diciembre por unanimidad iniciar los procesos de investigación contra esos jueces y fiscales.
Son casi 500 jueces y fiscales que serán investigados. Tengo buenas expectativas respecto a los resultados de las investigaciones. Un número tan grande muestra que tenemos un problema en la justicia. No es una cuestión que se pueda resolver inmediatamente. El próximo Consejo de la Judicatura tiene que hacer la evaluación con parámetros más objetivos y valiosos de los que ha tenido hasta ahora. Hay que ir paso a paso, no es lo mismo un juez que ha sido denunciado 40 veces o un fiscal que participó en todos los casos del 30S que un juez que ha sido denunciado por un caso. Hay que empezar por lo más grave.
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