En los últimos cincuenta años, el crecimiento de la economía fue modesto, nunca pudo sostenerse a tasas elevadas y por largo tiempo. En los años 70s el petróleo impulsó el crecimiento y las distorsiones económicas. En los 80s y 90s la factura fue el estancamiento de la economía. Entre 2000-2006, la dolarización estabilizó la economía y las cuentas públicas, la economía creció alrededor del 4 por ciento. Entre 2007-2017 el crecimiento se ubicó alrededor del 3 por ciento, al amparo de acumular profundas distorsiones por el crecimiento de la deuda y el gasto público. Hasta 2021 la economía retomará el estancamiento. Al mismo tiempo, en este reciente casi medio siglo, la inversión privada no superó el 20 por ciento de la producción, en cambio, fueron recurrentes los déficit fiscales y la inestabilidad macroeconómica.
El Ecuador jamás progresará sin mantener por décadas tasas de crecimiento de la economía superiores al 5 por ciento anual. Anhelo imposible sin niveles de inversión pública y privada superiores al 30 por ciento del PIB. A su vez, inversión y crecimiento no serán posibles sin orden fiscal y estabilidad macroeconómica. Preciados objetivos a alcanzarse en una economía dolarizada, que exige abundantes flujos de dólares mediante el aumento de las exportaciones no petroleras y de la inversión extranjera directa. Dolarización que requiere mejoras substanciales en la productividad y competitividad, un sistema financiero sólido, profundas reformas laborales y un ambiente de garantías para la inversión.
Los obvios y universalmente comprobados caminos al desarrollo y la prosperidad, se han proscrito por una variopinta gama de ciegos intereses políticos, económicos y sociales. El pago de intereses de la deuda pública en el presupuesto se duplicará entre 2015-2019, al pasar de $1.760 millones a $3.500 millones, monto que supera lo asignado al sector de la salud. El malsano interés de mantener a la sociedad dependiente de un paquidérmico sector público, financiado con un desproporcionado e irresponsable endeudamiento público, tiene un costo financiero inviable en el futuro.
Con la poco responsable denegación de sus responsabilidades ante la sociedad, los políticos, con pocas excepciones, han antepuesto sus egoístas intereses ante el bien común asociado a las reformas estructurales para mantener una economía sana que sustente la inversión y el crecimiento. No muestran el menor acto de contrición, cuando utilizan a los pobres para seducirlos con sus seculares ofertas populistas, que luego destruyen las finanzas públicas y la economía.
Los intereses burocráticos, de los GADs y de otros sectores que han capturado el Estado, son incompatibles con la sostenibilidad de las cuentas públicas, postulado ajeno a la preservación de sus privilegios, que en la mayoría de estamentos han elevado sus niveles de vida con remuneraciones muy por encima de la producción por habitante del país.
Las élites representativas de los sectores sociales, que viven directa o indirectamente del Estado, se cobijan bajo la noble defensa de la atención a los pobres para preservar sus intereses. Sólo caben en sus convicciones, las ilimitadas demandas de recursos para educación, salud, bienestar social, subsidios a los pobres. Está lejos de su entendimiento, que tales exigencias intrínsecas a la gestión de un Estado, sólo pueden sostenerse en el contexto de cuentas públicas equilibradas. Tampoco estos sectores están dispuestos a asociar el incremento de sus demandas a una economía en constante crecimiento.
Los trabajadores y sus élites dirigentes, no tienen otro interés que la satisfacción de sus crecientes demandas laborales, sin importar sus negativos efectos en la productividad y competitividad de las empresas y en la sobrevivencia empresarial. Sus intereses los alejan del imperativo de superar la precaria existencia de una enorme masa de subempleados e informales. Tampoco está en su norte la preservación de una economía sana que exige mano de obra con elevadas calificaciones para producir y progresar.
Los dogmatismos ideológicos se debaten en el obscurantismo de sus convicciones populistas-socialistas-izquierdistas. Su interés no es otro que la ciega defensa de sus dogmas en desafío a la razón y miopía ante el fracaso de sistemas que han empobrecido a las sociedades. Siempre su relato será la antípoda al neoliberalismo, al capital, a la empresa, al desdén por la estabilidad económica y fiscal y la creación de riqueza. De otra parte, el gobierno, débil en su concepción de la gestión del Estado, sólo tiene el interés de sobrevivir acumulando distorsiones, que, cada vez serán más costosas para los pobres que pretende proteger.
El Ecuador vive una profunda crisis en su economía y en la conformación de sus instituciones democráticas. No obstante, el país no ha madurado lo suficiente para enfrentarla, por el contrario, se han vuelto a reeditar conductas económicas, políticas y sociales, germen de las crisis del pasado. Si gobernantes y gobernados no deponen sus particulares intereses, en pro de las reformas económicas, políticas y sociales para encontrar las vías al desarrollo, la negación de un futuro de prosperidad tendrá impredecibles consecuencias.
Jaime Carrera es economista.
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