El observador

 

Estos son los diez jueces que multiplicaron su patrimonio  

14 mayo, 2023

JUSTICIA ACORRALADA. Diez jueces de siete provincias multiplicaron sus patrimonios, sin justificación, los últimos cinco años, según la Contraloría. Hay irregularidades e inconsitencias en sus cuentas. La entidad emitió informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en su contra, que ya son investigados por la Fiscalía y llamó a redir versiones a los jueces indagados por un presunto enriquecimiento ilícito. Este medio buscó el pronunciamiento de los diez judiciales, pero solo cuatro repondieron y aseguraron que no han cometido delito alguno.  

Por Fernando Medina
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Los hallazgos son parte de un estudio aleatorio y de riesgos que la Contraloría realizó desde enero del 2022. Un equipo de auditores analizó los patrimonios de 30 jueces a nivel nacional.

El proceso culminó en marzo pasado. Los auditores concluyeron que diez de los jueces (un 40% de la muestra) tienen irregularidades, y presumen que se cometieron delitos penales de perjuicio y enriquecimiento ilícito.

Código Vidrio accedió a las identidades de los funcionarios señalados con IRP. Y revisó sus  declaraciones juramentadas, que son públicas en el sitio web de la Contraloría. Así confirmamos que en todos los casos hubo un aumento de sus patrimonios. Estas diferencias no pudieron ser justificadas ante los auditores, que si establecieron como consitentes las declaraciones de 20 jueces.

En la lista observada constan seis hombres y cuatro mujeres. Los funcionarios trabajan en los juzgados de Guayas, Los Ríos, Manabí, Azuay, Cañar, Loja y Pastaza.

Según los datos de la Judicatura, son jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel. Se trata de:

• Milton Napoleón Morales Morales, juez multicompetente de Los Ríos.

• Mercy Carolina León Cruz, jueza penal de Guayaquil.

• Ángel José Briceño Castillo, juez de Loja

• Juan Giovani Sailema Armijo, juez provincial de Pastaza

• Luis Alberto Guerrero, juez de Azuay.

• Grace Antonela Cevallos Tagle, jueza de Manabí.

• María Soraya Quintero López, jueza de Azuay.

• Mauro Alfredo Flores González, juez de Cañar.

• Gilda del Pilar Gómez Rivera, jueza de Babahoyo

• José Antonio Intriago Williams, juez de Guayaquil.

La Fiscalía tiene en su poder los informes de responsabilidad penal para investigar los presuntos delitos que habrían cometido al incrementar injustificadamente sus patrimonios, entre 2018 y 2022. De hecho, ya ha avanzado en las investigaciones y ha llamado a dar versiones a algunos de los jueces. Contactamos a todos los jueces investigados. Cuatro accedieron a dar su versión y aseguraron que no han cometido ningún delito, que justificaron sus patrimonios en la auditoría del ente control y que actualmente ejercen su defensa en la Fiscalía. Los seis restantes no se pronunciaron: algunos dijeron que al ser un proceso reservado pereferían no dar declaraciones y otros estaban ausentes o de vacaciones.

El año pasado, la Contraloría hizo un examen a las declaraciones de bienes del mando de la Policía, integrado por 25 generales, y estableció reportes de  IRP para tres oficiales, dos salieron de la entidad y un tercero está activo. Se trata del general Fausto Buenaño Castillo, comandante de la Zona especial de Esmerladas, a quien la Fiscalía le abrió una indagación por un supuesto enriquecimiento ilícito. Tras ocho meses de indagación, la Fiscalía archivó el proceso porque el oficial descargó y aclaró todos los indicios penales que inicialmente se señalaron en su contra.

¿Quiénes son los jueces con IRP? 

Milton Morales Morales es el juez que más incrementó su patrimonio, desde el 2018. En ese año, según su declaración juramentada, sus posesiones apenas alcanzaban un valor de USD 929. Dos años más tarde, su patrimonio se multiplicó, llegando a 405 mil dólares. En tanto que para el 2022 su patrimonio volvió aumentar otros USD 32.970. Morales es juez multicompetente del cantón Montalvo, en Los Ríos. Sus ingresos son de USD 4.164 y entre sus bienes figuran cuatro propiedades en Guayas y Santa Elena. Dos de las viviendas están valoradas en USD 154.700 y USD 200.000.

Ocupa el cargo de juez desde el 2014 y en el sistema de la función judicial tiene un proceso de recusación, que fue inadmitido por otro juez.

Al buscar su versión, un funcionario de su despacho dijo que el juez no atenderá ninguna entrevista a medios de comunicación. Que los procesos que se están investigando son de carácter reservado y que los jueces están prohibidos de emitir declaraciones por disposición del Consejo de la Judicatura.