BUITRE RADARES
En los próximos días tendrá lugar la posesión de las nuevas autoridades de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. Algo más de 5600 personas electas conducirán los destinos de
las parroquias, ciudades y provincias en medio de expectativas por las ofertas hechas durante
la campaña electoral.
Previo al cambio de gestión, un primer traspié constituye los procesos de transición que
resultaron polémicos, fallidos o simplemente inexistentes en la mayoría de territorios. De esos
espacios se esperaba información detallada de la situación financiera y administrativa de los
gobiernos de cercanía, pero quedan más incertidumbres que certezas.
Adicionalmente, en estos días abundan quejas y peticiones de una buena parte de las
autoridades electas. Ellas reclaman que las administraciones salientes se inhiban de firmar
contratos comprometiendo presupuestos futuros o que se evite estabilizar como servidores
públicos a adeptos o familiares de quienes terminan su gestión, etc. El boicot, al parecer, sería
el propósito de algunas autoridades salientes.
En la ciudad de Azogues la controversia se sostiene alrededor de la dinámica descrita. En
adelante la atención popular estará definida entre las secuelas de la gestión municipal
heredada y el cumplimiento de las ofertas electorales de la autoridad entrante.
Particular preocupación provoca la adjudicación del contrato que delega la seguridad vial del
cantón. Al consorcio privado CONVIAZ fue entregada la responsabilidad pública de reducir la
siniestralidad en las vías, por ello se están instalando fotoradares bajo la justificación de evitar
accidentes en las carreteras. Es evidente, el objetivo no es el de salvar vidas o mejorar rutinas
de conductores y peatones, sino el interés es vilmente monetario.
Hay perlas como la duración de doce años de este yugo, la participación del 49% de la
recaudación obtenida a favor de CONVIAZ, indemnizaciones cuantiosas o la sorprendente
adjudicación del contrato antes que ni siquiera se constituya la mencionada empresa; etc.
Todo huele mal, las autoridades de control deben analizar probables vicios de corrupción,
favoritismos en la contratación, perjuicios al Estado para sancionar a quien corresponda y
evitar que la ciudadanía recurrentemente sea vista como fuente de recaudación.
El reto del alcalde electo es honrar su palabra contraria a la instalación de los radares buitres y
promover políticas de tránsito y movilidad efectivas. La tarea del pueblo es vigilar el
cumplimiento de lo ofertado.
Francisco Escandón Guevara
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