miércoles, 31 de mayo de 2023
SANCIÓN PARA LOS DEPREDADORES DE LA NATURALEZA
Juicio No: 01904202000034, PRIMERA INSTANCIA, número de ingreso 1
martes, 30 de mayo de 2023
Fiscal Diana Salazar advierte que el Consejo de la Judicatura pretende arrogarse funciones para suspenderla del cargo
Un informe recomienda la suspensión de la funcionaria, con base en una denuncia en su contra.
Actualizado el
La Fiscalía General del Estado denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ) busca suspender del cargo a la fiscal Diana Salazar, “con un informe elaborado de forma maliciosa y sin sustento jurídico”, informó la entidad a través de rede sociales.
La institución indicó que el subdirector de Control Jurídico pretende que el CJ “arrogue funciones y suspenda” a Salazar. La Fiscalía anticipó que si esto se llega a consumar, “se actuará con base en la ley y con toda la contundencia”.
En tanto, la fiscal expuso, por su parte, que la está sujeta a control político de la Asamblea Nacional, mas no al régimen disciplinario de la Judicatura.
“Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía. Ya expliqué para qué. Actuaré con toda contundencia”, replicó Salazar en rede sociales.
La Judicatura analiza una denuncia de carácter disciplinario en contra de la fiscal General del Estado, que fue impulsada por el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), entre cuyos integrantes (y denunciantes) se encuentra Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por el delito de abuso sexual.
Según la denuncia, en el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en 2018, para elegir al fiscal general del Estado, Diana Salazar presentó documentos que no corresponden a producción académica y además varios textos habrían sido plagiados.
Con base en la denuncia, el subdirector nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, Santiago Cueva, recomienda al pleno la institución emita la medida preventiva de suspensión en contra de la fiscal Diana Salazar, incluida la remuneración, por el plazo máximo de tres meses.
En declaraciones a Teleamazonas, la fiscal insistió que si la Judicatura acoge la recomendación del informe se “estaría cometiendo un delito flagrante” y frente a ello la Fiscalía actuará con toda la contundencia de la ley. “Ellos (los vocales de la Judicatura) no pueden suspender a la fiscal general”, dijo Salazar.
A criterio de la funcionaria, la intensión de suspenderla del cargo “obedece a los a los procesos que encaminamos contra los dos vocales investigados por presunto tráfico de influencias, un vocal investigado por presunto lavado de activos”, aseguró Salazar.
Ante la polémica generada, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, hizo un llamado a “respetar la institucionalidad de la Función Judicial” e indicó que la Judicatura “no puede suspender ni sumariar a la fiscal”.
Saquicela recordó que hace un año “hubo otro atropello” cuando él fue suspendido en sus funciones. “El respeto al poder judicial no se cede ni negocia!”, expresó.
Estaba previsto que el pleno de la Judicatura sesione la noche del lunes para tratar el informe; sin embargo, no hubo el quorum suficiente para la instalación.
Asistieron el presidente del organismo, Wilman Terán, y el vocal Fausto Murillo. Los ausentes fueron los tres vocales investigados: Xavier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo.
Esta noche, Fausto Murillo expresó en redes sociales su “absoluto respeto a la institucionalidad de la Función Judicial”. Mientras que el 18 de mayo manifestó su posición de respeto y fortalecimiento de la Fiscalía. “No me prestaré para ninguna acción ilegítima que pretenda afectar a su institucionalidad”, dijo entonces. (I)
Sin más argumento que el escándalo
La Fiscalía General del Estado se ha visto arrastrada a un torbellino político artificial, orquestado por funcionarios y activistas con agenda oculta. Mientras el país enfrenta una crisis de seguridad y busca esclarecer casos icónicos de corrupción —o quizás justo por ello—, se intenta desviar la atención de esta institución.
Es parte de un accionar desesperado. Las apelaciones y revisiones de procesos de exfuncionarios sentenciados —por asociación ilícita, cohecho, peculado o abuso sexual— no han prosperado. Con la destitución de los asambleístas y el llamado a elecciones, la presunta ofensiva legislativa contra las autoridades judiciales se vio truncada. Así, a los interesados no les queda más que perseguir golpes de efecto, como auscultar con herramientas contemporáneas la tesis de grado de la fiscal general, Diana Salazar, escrita hace 18 años y aceptada con alta calificación por una de las universidades más prestigiosas del país. Dicho trabajo constó con cercana supervisión de los docentes encargados, bajo las normas de entonces y se hizo cuando ella no ocupaba ninguna posición de poder. Resulta llamativo que para juzgar a una funcionaria con altísima exposición, una extensa carrera en la Justicia y numerosos casos de gran relevancia a su haber, sea necesario apelar a esas pequeñeces.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución crónicamente cuestionada y aborrecida, está dominado ahora por vocales politizados y ambiciosos. Pese a su bajísima votación, insisten en arrogarse protagonismo político y manipular percepciones. La ciudadanía no debe caer en el juego.
lunes, 29 de mayo de 2023
FERNANDO EL PRESIDENTE
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domingo, 28 de mayo de 2023
jueves, 25 de mayo de 2023
Nadie extrañará a la Asamblea del bizcocho.