El observador

Se reactivan las dudas en las condenas por el 30S

Según los abogados de dos policías, el juicio por intento de magnicidio contra Rafael Correa ilustra cómo se violaron derechos y se forjaron pruebas. Dicen que los testigos no reconocieron a ninguno de sus clientes en el lugar de los hechos. Y que los videos usados para acusarlos no estuvieron en cadena de custodia. Uno de los seis uniformados procesados por este delito, Jesús Jetacama, presentó un oficio que confirmaba que nunca estuvo en el Regimiento Quito. Aún así fue condenado a 12 años de prisión. Ha sido amenazado.

12 de marzo del 2018

REDACCIÓN PLAN V

Las últimas semanas han sido intensas para defensores y procesados por el 30S. El anuncio de un informe de Contraloría que supuestamente demostraría que hubo manipulación de videos del 30S para enjuiciar a policías y militares los ha reunido nuevamente. Se trata de un documento que apareció en medio de la disputa entre el fiscal Carlos Baca Mancheno y el ahora expresidente de la Asamblea, José Serrano. Su origen ha sido cuestionado por el primero, mientras que el segundo le ha dado su espaldarazo y certificación.

Pero desde que el presunto informe fuera difundido y propagado por las redes sociales, las oficinas de los juristas que llevan casos del 30S se han convertido en escenario para ruedas de prensa, mientras que los afectados se han concentrado en un coliseo para tomar acciones y han marchado hasta la Asamblea. Todos tienen un objetivo: que se revisen los procesos judiciales en los que cientos de policías y militares han sido involucrados. Según cifras de los dirigentes de estas convocatorias, habrían al menos 1.550 procesados y 110 sentenciados por al menos 16 diferente delitos. Hablan de injusticia y de irregularidades en los juicios para justificar la tesis del entonces presidente Rafael Correa: que el 30 de septiembre de 2010 se produjo un intento de golpe de Estado.

Uno de estos casos es el de los seis policías sentenciados a 12 años de prisión por el delito de intento de magnicidio. Fue el segundo de los dos juicios que se siguieron por ese delito. El primero, denominado “caso Carrión”, estuvieron acusados cuatro policías entre ellos el coronel César Carrión (hoy asambleísta), quien fue declarado inocente en tres instancias. A él se lo procesó por supuestamente haber impedido el paso de Correa hacia el hospital de la Policía al colocar supuestamente un candado en la puerta de acceso. Pero en las audiencias de 2011 este hecho fue desvirtuado.

A la convención nacional de los policías del 30S asistieron el político César Montúfar (primero a la izquierda), el asambelísta César Carrión (de chaqueta beige) y el activista Fernando Villavicencio (último a la derecha). 

En junio de 2014 se reactivó el segundo caso por intento de magnicidio. Los policías Hugo Bonifaz, Vinicio Carvajal, Luis Guanotasig, Oswaldo Laso y Jesús Jetacama. El fiscal del caso fue Gustavo Benítez, quien ahora está fuera del país. En su teoría del caso, el fiscal manifestó que el país vivió un estado de emergencia nacional y detalló los incidentes previo al ingreso de Correa al Hospital de la Policía donde permaneció por varias horas. Sostuvo que Correa estuvo secuestrado y que hubo disparos con la finalidad de impedir su rescate.

“En esos momentos miembros del Ejército persuaden para rescatar al Señor Presidente, pero un gran número de policías y personas vestidas de civil, tapados su rostro se quedan en sitios estratégicos, para disparar al Presidente, como efectivamente lo hacen, pero un grupo de militares y policías tenían la misión del rescate, así lo intentaron por varias ocasiones, donde los vehículos fueron disparados de igual manera la seguridad presidencial, varios hombres fueron heridos y otros pierden la vida, como (el policía) Froilán Jiménez, soldado (Darwin) Panchi, otros fueron capturados, vejados,maltratados, vehículos impactados con proyectiles de armas de fuego en el rescate”, narró en la audiencia.

Para acusar usó como evidencia seis videos donde, según Benítez, se vio cómo se recibe con disparos a una caravana de tres vehículos, que fueron impactados por proyectiles. En su exposición dijo que en esos videos se podía ver los “palazos” y el robo de pertenencias, joyas, relojes y celulares contra personas que tenía como objetivo rescatar con vida al Presidente de la República. En estos hechos cinco personas (dos policías, dos militares y un civil) murieron. También usó pericias de identidad humana para identificar a los acusados y 32 testimonios que incluyen a generales militares del operativo de rescate así como la declaración juramentada del mismo expresidente Correa.

El pasado de 28 de febrero, unas 50 personas llegaron hasta la Asamblea para pedir que los juicios por el 30S sean revisados después de que se conociera de la existencia de un supuesto informe de la Contraloría que confirmaría manipulación de los videos para acusar a decenas de policías. 

¿Hubo manipulación en los videos de este juicio? Guido Escobar, abogado de Jesús Jetacama, calificó como “barrabasadas jurídicas” algunas situaciones que se dieron durante el juicio.  En el caso de los videos cuestionó que estos no hayan ingresado al Centro de Acopio de la Policía como lo disponía la ley de aquel entonces. “El perito de identidad humana al comparecer dijo que el video le entregaron en la Secretaría de la Fiscalía. El fiscal ofició a los canales y estos entregaron los videos editados”, sostuvo y aunque entiende que la edición es una técnica normal para la elaboración de las noticias, para un proceso -agrega- no puede ingresar como prueba porque “estuvo más que contaminada”.

Según la Fiscalía, en un video entregado por diario El Comercio, se ve a Jetacama en medio de otros dos policías acusados. Además en las imágenes se lo ve corriendo en el momento que otros gritan: ¡ahí sale, échale bala! y que está junto a la persona que grita tras una baranda, según el perito. La Fiscalía sostuvo que desde esa baranda, a la altura de la avenida Occidental, se disparó contra Correa. “Un video no le da certeza de que usted es, una pericia de identidad humana con un video jamás le va a dar la certeza, no aparece la imagen del Presidente y no había esa necesaria conexión. No estaban ni con armas en las manos”.

Video de diario El Comercio que fue presentado como prueba en el juicio por intento de magnicidio contra seis policías. 

El caso de Jetacama, dice su abogado, es particular porque demostró cómo la justicia estuvo politizada. Narra que el 30 de septiembre de 2010, el policía Jetacama estuvo de guardia en la Unidad Policial de Ponciano, en el norte de Quito. Para corroborarlo, pidió que le certifiquen el libro diario y de prevención de esa unidad. “En esos documentos se dice que él estuvo de guardia toda la noche del 30S hasta el día siguiente. ¿Cómo pudo haber estado en Ponciano y en el Regimiento Quito?”, se pregunta. El fiscal del caso no impugnó ese documento e ingresó como prueba documental en el juicio. Sin embargo, en la sentencia, los jueces del Tribunal Séptimo de Garantías Penales no se pronunciaron sobre esta prueba. “Pero sí la enunciaron. Eso quiere decir que ingresó al caudal probatorio y los jueces debían pronunciarse en sentido negativo o positivo. Pero guardaron silencio”.

En la sentencia, los jueces Daniel Tufiño, Luis Fuentes y Elisabeth Martínez acogieron el video, el informe pericial y los testimonios. Aunque, según el abogado Escobar, ninguno de los testigos identificó a ninguno de los procesados. En la sentencia, por ejemplo, está este testimonio de Christian Byron Bonilla, policía y parte de la seguridad de Correa: “Que los proyectiles venían de la occidental, desde donde tienen una línea directa, ha estado dando seguridad en el pasillo, ha visto que entraban personas a visitarle (a Correa), siempre el señor Presidente ha estado con seguridad, no está en capacidad de reconocer a los que disparaban al señor Presidente”.

El abogado Patricio Armijos, quien defendió al policía Oswaldo Laso, coincidió con su colega y agregó que la noche del 30 de septiembre se limpió el lugar de los hechos por parte de Emaseo. Asegura que las irregularidades comenzaron con el no haber acordonado la escena y entregar indicios en cadena de custodia. En el juicio, Armijos también sostuvo que los videos fueron editados y que se trataron de copias. “Se ha violentado el debido proceso, en las diligencias procesales y pre procesales”.  En su opinión, el peritaje debió hacerse en los videos originales que estaban en los medios.

En el segundo juicio por intento de magnicidio, seis policías fueron condenados a 12 años de cárcel. Una de las pruebas principales de la Fiscalía fueron seis videos. 

Armijos dice que hay un antecedente importante en los juicios del 30S. Recuerda que el 5 de octubre de 2010, es decir cinco días después, decenas de policías fueron convocados por medio de una circular a una conferencia, a las 18:00. Pero, asegura, ese día 96 policías fueron retenidos y llevados a los patios de la Fiscalía General. Allí estuvieron incomunicados y les quitaron el armamento, según el abogado. Las instalaciones estaban militarizadas.

Armijos acudió con dos defensores más y narra que los uniformados habían sido detenidos sin orden judicial. “Este secuestro institucional era para someterlos. Les habían dicho que si daban 15 nombres de miembros policiales que han estado en este supuesto intento de golpe de Estado, que a ellos no les iban a involucrar en nada. Frente a eso hablé con los policías y les dije que están buscando información, donde no existe, para formular cargos”. Ellos se acogieron al derecho del silencio y en la audiencia de formulación de cargos obtuvieron medidas sustitutivas. Armijos cree que allí empezó la distorsión del 30S. A eso se suma, dice, la consulta popular del 2011 cuando Correa convocó a las urnas para lo que sus detractores llaman “meter mano a la justicia”. “Ahí empezó el calvario”, dice el abogado.

En su opinión la Comisión del 30S forjó pruebas con las que la Fiscalía contra atacó. Pero Baca Mancheno, presidente de la Comisión, ha asegurado que no manipuló pruebas y que en 8 meses él presentó un informe que fue entregado al fiscal de entonces Galo Chiriboga y que los videos eran los mismos que entregaron los medios de comunicación.  El abogado Escobar dice que más que manipulación se violó la cadena de custodia y por ello los videos fueron pruebas fraudulentas. Él ha interpuesto ya una denuncia por fraude procesal.

Los policías Hugo Bonifaz, Vinicio Carvajal, Luis Guanotasig, Oswaldo Laso y Jesús Jetacama fueron condenados a 12 años de reclusión mayor en su calidad de autores del delito de intento de magnicidio. Sus familias desde entonces han buscado que su caso sea revisado por las inconsistencias de las pruebas. En el caso de Jetacama, su madre y abogado han enviado dos cartas tanto a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo, y a Ernesto Pazmiño, Defensor Público, por los golpes e insultos que, según su denuncia, ha pasado dentro de la Cárcel N4, en Quito. Según su familia, las amenazas se dieron para que acepte un indulto. Entre el 19 y 23 de septiembre de 2016, a pocos meses de que Correa dejara la Presidencia, funcionarios del Ministerio del Interior le pidieron que firme una solicitud para que se acoja al indulto, un recurso que Jetacama había rechazado porque asegura ser inocente. Finamente, él aceptó acogerse a este beneficio, pero aún no tiene respuesta.