Madre clama justicia por la violación de su hija en Machala: luego de tres años aún no se formulan cargos
La madre y su defensa también mencionan que han recibido ofrecimientos de ayuda por parte del Gobierno y la Asamblea, pero no se han concretado.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Han pasado tres años desde que Cristina (nombre protegido) denunció que su hija Sarita (nombre protegido) fue violada por el hijastro de su expareja, sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no formula cargos. La madre ha recibido amenazas de muerte por exponer el caso. Tanto la Asamblea como el Gobierno le ofrecieron ayuda, “pero no le han cumplido nada”, asegura el abogado de las víctimas.
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Esta historia sucedió en Machala, provincia de El Oro, y todo empezó en 2017, cuando el padre de la pequeña, Patricio, fue acusado de agresión física contra Cristina, por lo cual, pasó algunos días preso y tuvo que hacer trabajo comunitario. Pese a este antecedente, en el 2021, la custodia de la niña pasó al sujeto porque la madre estaba en la cárcel tras ser sentenciada por concusión.
Sarita permaneció en casa de su padre, quien ya tenía otra familia, un año y medio. El dos de abril del 2022, Cristina salió del reclusorio y empezó una lucha por visitar a su hija. Al inicio, solo le permitían acercarse el sábado por la tarde.
La madre interpuso una denuncia por violencia psicológica y volvió a tener la custodia de su hija. No obstante, en una diligencia de ese proceso, la niña confesó una agresión sexual por parte del hijastro de su padre.
“Mi hija tenía pesadillas, gritaba en la madrugada y se orinaba en la cama”, comenta Cristina. Además, la madre encontró perturbadores dibujos en el diario de la niña, en los cuales graficaba monstruos.
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DENUNCIA POR VIOLACIÓN
La denuncia por violencia psicológica quedó archivada, pero la madre interpuso una nueva acusación en agosto del 2022 por el delito de violación contra un joven de 20 años, identificado como Andrés, y el padre de la niña porque asegura que este sujeto sabía de las agresiones.
Carlos Medina, abogado de la víctima, comenta que en una valoración médica se determinó que Sarita tenía una desfloración antigua y la niña volvió a confirmar en un nuevo testimonio lo que le había ocurrido en casa de su progenitor.
Sin embargo, el caso no avanzaba en la Fiscalía de Machala y Cristina viajó a Quito para denunciar irregularidades. El expediente pasó a una fiscal de la capital, pero tampoco hubo resultados ni se formularon cargos.
Ante la falta de celeridad, en noviembre del 2024, Cristina se desangró en los exteriores del Ministerio Público de Quito. Escribió con su sangre la siguiente frase: “Justicia, ya no más daño”. A pesar de esta acción y las pruebas médicas, ese mismo día, la fiscal solicitó el archivo del caso, pero la solicitud no fue aceptada por una jueza.
Finalmente, el caso volvió otra vez a Machala. Cristina, madre de la pequeña, menciona que la fiscal capitalina pidió que se cree un nuevo expediente sin ningún sospechoso. “Puso que la niña si fue violada, pero que Andrés no tiene culpabilidad”.
Ahora el nuevo fiscal quiere volver a ejecutar pericias, sin embargo, el abogado de la víctima menciona que no es necesario porque ya existe un expediente previo en el que consta el testimonio de Sarita y las evidencias médicas, por lo cual pide que se ejecute la audiencia de formulación de cargos.
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PROMESAS NO CUMPLIDAS
“Le ofrecieron muchas cosas, pero no le han cumplido nada”, dice el jurista Carlos Medina sobre las promesas que le hicieron a la madre y su hija desde distintas carteras de Estado, como el Ministerio de Inclusión Económica (MIES) o el Ministerio de la Mujer.
Y es que luego de que el caso se hiciera público, hubo varias autoridades que se pronunciaron a favor de las víctimas, pero Medina afirma que los ofrecimientos no se concretaron, no solo a nivel del Ejecutivo, sino también del Legislativo.
Recuerda que Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea y parte de la Revolución Ciudadana (RC), solicitó a los entes de justicia que actuaran con transparencia y celeridad. Específicamente, la asambleísta indicó: “Me mantendré alerta y fiscalizando hasta que se protejan los derechos de las víctimas”.
“Ahora ya ni contestan el teléfono”, dice el abogado Medina, quien agrega que “se burlaron de la madre, utilizaron el caso políticamente porque aprovecharon para hacerse mediáticos y al final no pasó nada”.
El jurista también cree que “el poder económico ha sido parte de la impunidad”, ya que señala que el padre del joven acusado es un militar de alto rango, que estaría influyendo para que el caso no avance a las siguientes etapas.
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AMENAZAS DE MUERTE
Cristina teme por su vida porque ha recibido amenazas a través de mensajes de texto en su celular. “Me dicen que me van a hacer picadillo”. De hecho, interpuso una denuncia para que se investigue la procedencia de estos amedrentamientos.
Mientras tanto, su hija aún vive los efectos de la agresión sexual. Se orina en la cama, toma medicamentos psiquiátricos y tiene estrés postraumático. Además, su madre indica que Sarita posee una regresión infantil, que la hace actuar como una niña de 5 años, pese a que ya tiene 10.
Ella y su abogado piden que los fiscales que han estado a cargo del caso sean suspendidos y se realice la audiencia de formulación de cargos. También, piensan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre las irregularidades.
Por su parte, Vistazo se comunicó con el abogado del padre de la niña, quien se excusó de dar cualquier dato informativo sobre los acontecimientos antes descritos.
Agregó que se debe esperar que la justicia sea quien determine responsabilidades y “evitar de esta manera los juicios paralelos”. Asimismo, solicitó no hacer “suposiciones o conjeturas nada comprobadas”.
Recalcó que una fiscal ya había pedido el archivo de la investigación previa porque no encontró elementos de convicción “y lo que se pretende es que, tras la revocatoria del Fiscal Superior, otro fiscal se acomode a los intereses de una de las partes, lo cual a todas luces es persecución”.
El pasado martes, Vistazo conoció que el fiscal de Machala ya pidió una audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, esto también fue cuestionado por el padre de la víctima, Patricio, quien a través de la red social X dijo que se está fraguando “tremendo amarre” dentro del Ministerio Público.
“Cómo un fiscal encargado cuatro días, dos de ellos no laborables, sin tener pruebas o escuchar el CD de grabaciones, así como el mismo manifiesta, solicita audiencia de formulación”, apuntó Patricio.
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