Gestión de Wilman Terán dejó secuelas para la operatividad de la justicia que requiere recursos para mejorar servicio
En octubre de 2023, cuando todavía estaba en funciones, Wilman Terán planteó una acción de protección para que el Gobierno entregue $256 millones al Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional dio de baja la demanda.
El nombre de Wilman Terán, quien ejerció el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) entre febrero y diciembre de 2023, sigue dando de qué hablar casi 14 meses después de haber sido involucrado en el caso de Metástasis.
La cuestionada gestión de Terán dejó secuelas para la operatividad de la Función Judicial, que requiere recursos que deriven en una tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) de los usuarios del sistema.
En 2024, la Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto una acción de protección, que la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha había concedido a Terán.
En octubre de 2023, cuando todavía estaba en funciones, Terán planteó dicha acción para conseguir que el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso, le entregara $256 millones al Consejo de la Judicatura, que supuestamente correspondían a las asignaciones a la Función Judicial.
Los recursos solicitados por Terán habían sido contemplados para cubrir varios rubros; avanzar en un concurso para el nombramiento de jueces, compra de equipo jurisdiccional, modernización de la infraestructura, plan de citaciones.
Asimismo, se estimaba poner en marcha requerimientos tecnológicos y de automatización, en el marco de un proyecto que fue denominado ‘Acceso a la Justicia y Automatización de sistemas de la Función Judicial’, que buscaba la materialización y aplicación adecuada del modelo de atención a víctimas de violencia de género, con la creación del Registro Único Judicial que, por mandato de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, debe integrar de forma automatizada la gestión judicial de defensores públicos, fiscales, jueces, peritos, etc.
José Alomía: ‘Juzgados siguen abarrotados de demandas, no hay quien atienda’
José Alomía, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador, cree que en la gestión de Wilman Terán también se perdió tiempo, porque tampoco se logró impulsar un plan estratégico de desarrollo que permita destrabar los procedimientos.
“Los juzgados siguen abarrotados de demandas de familia, niñez, adolescencia, trabajo; no hay quien atienda, y como consecuencia de ello viene el represamiento, la lentitud y la corrupción”, alerta Alomía.
Por eso, ahora, el expresidente de la Federación hace un llamado a las actuales autoridades del CJ para evitar un colapso en la Justicia, porque el crecimiento cuantitativo de la Función también implicará la necesidad de más recursos.
Alomía considera que quizá, los $256 millones que intentó tramitar Terán “le hubiese caído al pelo a la Función Judicial para mejorar la situación”. Sin embargo, también duda que esos recursos pudieran haber sido gestionados de manera adecuada.
Reclamo de Wilman Terán fue acogido de forma parcial
El reclamo de Terán recayó primero en un juez de la Unidad Judicial de Quito, y después, a raíz de la apelación, en la citada Sala de lo Penal. En ambos casos, fue acogido de forma parcial, lo cual obligaba a transferir los fondos señalados.
Sin embargo, la Corte Constitucional emitió un dictamen que dejó sin efecto el recurso, por considerarlo improcedente.
Asimismo, la CC señaló que el fallo de los jueces (que dictaminaron a favor de Terán), se considera “error inexcusable”, lo cual traería procesos disciplinarios, e incluso la destitución,
Para la CC, hubo “manifiesta improcedencia de la acción (de protección) por afectar el derecho a la seguridad jurídica”, y señaló como responsables a los jueces J. Jiménez, M. Bravo y M. Narváez, de la Sala Penal de la Corte de Pichincha. La sentencia fue trasladada además al Consejo de la Judicatura, para que inicie el procedimiento correspondiente y evalúe la sanción. Según informaron fuentes de la Judicatura, aquellos jueces incluso fueron destituidos de los cargos.
La Corte Constitucional también señaló que judicializar el Presupuesto General del Estado afectaba la estabilidad económica del país, y que el fallo protege las finanzas públicas y establece un precedente sobre la improcedencia de tales acciones judiciales. Además, reafirmaba la función de la Corte en proteger la estabilidad jurídica y económica del Ecuador. Aunque la acción de Wilman Terán originó el proceso, fue considerada improcedente.
Las acciones emprendidas por el Ministerio de Economía
Por este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó una acción extraordinaria de protección contra dos sentencias. Estas sentencias fueron emitidas el 28 de abril y el 7 de septiembre de 2023 por la Unidad Judicial de Familia y la Sala Especializada de lo Penal, respectivamente. (SC)
La acción de protección permite a los ciudadanos defender sus derechos fundamentales cuando son vulnerados por actos u omisiones de autoridades públicas o entidades privadas.
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