Minería: actores armados y estatales amenazan la cobertura periodística
Los periodistas o comunicadores comunitarios, que intentan contar lo que ocurre en sus territorios, son amenazados por la minería avalada por el Estado o por la minería ilegal. Ellos ven cómo su trabajo se ha vuelto cada vez más difícil debido al debido al aumento de la violencia asociada a la minería en todas sus formas.
Si bien la historia de la minería en Ecuador data de la época precolonial, el auge de la minería a gran escala comenzó en los años 90. Un estudio de caso sobre la gobernanza del sector minero en el Ecuador, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dice que entre 1990 y 2006 se crearon las bases e incentivos para atraer inversiones del sector privado bajo un esquema de libre mercado.
Pero con el crecimiento de las inversiones, también empezaron los conflictos ambientales. Uno de los más destacados de la época fue el suscitado en 1997 en Íntag, una parroquia ubicada en la provincia de Imbabura y que forma parte del Chocó Andino ecuatoriano, contra la empresa minera japonesa Bischimetal.
Mientras más concesiones se otorgaban, más conflictos se tramaban. Fue así que el gobierno de Rafael Correa llamó a un Diálogo Nacional Minero que permitió definir las bases de la institucionalidad minera y la explotación minera a gran escala. Entre 2007 y 2012, el gobierno empezó la negociación para implementar los mega proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, en el sur de la región amazónica del país.
En 2015, el Estado decidió impulsar con más fuerza esta industria y desde entonces, la minería en el país ha crecido exponencialmente. Solo en la Amazonía, esta aumentó casi un 300% entre 2015 y el 2021, según datos del proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia.
Sin embargo, este incremento -avalado por el Estado, pero carente de las condiciones legales y constitucionales que se requieren- ha implicado consecuencias como la destrucción de ecosistemas, la migración forzada de personas, el uso de niños, niñas y adolescentes como fuerza de trabajo, el abuso sexual y conflictos graves entre las comunidades y las empresas mineras, o entre las comunidades y los mineros ilegales.
Los periodistas o comunicadores comunitarios, que intentan contar lo que ocurre en sus territorios, son amenazados por la minería avalada por el Estado o por la minería ilegal. Ellos ven cómo su trabajo se ha vuelto cada vez más difícil debido al debido al aumento de la violencia asociada a la minería en todas sus formas.
Según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, desde 2021 hasta 2024, ha habido al menos 1.020 agresiones contra la prensa en Ecuador. El aumento en el índice de agresiones contra los periodistas y medios de comunicación es un reflejo del aumento de la violencia en el país. Ecuador terminó 2023 con la mayor tasa de homicidios de América Latina, según el Observatorio de Crimen Organizado (OECO).
Los periodistas que cubren temas relacionados con minería no están fuera de estas estadísticas. Sin embargo, no existe información desagregada de sus casos hasta la fecha de publicación del presente documento. De hecho, de acuerdo con los testimonios que FPSC ha recogido, podría existir un gran subregistro.
Además, con el crecimiento exponencial y descontrolado de la minería y las conexiones que se han encontrado entre la minería ilegal y el crimen organizado, la prensa que cubre estos temas está cada vez más expuesta. Muchos periodistas ya han empezado a callar para salvaguardar su vida.
Este informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas presenta datos y testimonios que evidencian que la prensa ecuatoriana enfrenta riesgos derivados de la minería y que ha normalizado las agresiones en su contra a tal punto que muchas de ellas ya no se reportan. Además, revela los principales problemas que dificultan la cobertura periodística relacionada con la minería y que coartan gravemente la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
En el primer capítulo se abordan las principales amenazas que enfrentan los periodistas durante o debido a sus coberturas sobre minería. Algunos de los riesgos resaltados son el avance del crimen organizado, las agresiones físicas y el hostigamiento, entre otras. Además, se muestra cómo estas amenazas han obligado a los comunicadores a censurarse, aislarse, cambiar de tipo de cobertura y hasta exiliarse por seguridad.
El segundo capítulo explica las acciones e inacciones que se han tomado para intentar mitigar la vulnerabilidad de la prensa que realiza coberturas mineras. Se destaca que la gran mayoría de
periodistas siente un abandono por parte del Estado y se resalta la falta de conocimiento sobre las herramientas y organizaciones que existen para ayudar en su protección.
Finalmente, el tercer capítulo presenta una lista de conclusiones sobre el estado de la cobertura de la minería en Ecuador y los riesgos y amenazas que supone para los periodistas. También, describe una serie de recomendaciones para mejorar la situación actual de este tipo de prensa.
FUENTE: PERIODISTAS SIN CADENAS
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