lunes, 7 de noviembre de 2016

Nicaragua: la farsa democrática

Columna semanal de la diputada Sandra Piszk
 
Las elecciones presidenciales realizadas ayer en Nicaragua, son parte del espejismo que constituye la cada día más débil democracia en nuestro vecino del norte.
Los resultados más que previsibles desde hace varios meses dan nuevamente la Presidencia de la República a Daniel Ortega, otrora luchador contra la dictadura somocista y garante de la democracia cuando reconoció su derrota electoral en 1990 en las elecciones que llevaron a doña Violeta Barrios de Chamorro a ejercer la Presidencia de su nación.
El Daniel Ortega de hoy es muy distinto de aquel que gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990, quien también tuvo un importante papel en los acuerdos de paz en Centroamérica liderados por el Expresidente costarricense Oscar Arias Sánchez. El Ortega que vemos hoy es el producto de estratégicas maniobras políticas y jurídicas desde que asumiera de nuevo la Presidencia en el periodo 2007-2012.
Los hechos son clarísimos.   En 2011 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en manos de Ortega, resolvió, en contra de la Constitución, su reelección para el período 2012-2016. En 2014, la Asamblea Nacional, en poder de los sandinistas, reformó la Constitución y aprobó la reelección permanente
Hace tan solo unos meses, el Tribunal Electoral resolvió despojar, sin justificación probada, a 28 diputados no oficialistas de sus escaños en el Parlamento. Y, mediante un acuerdo entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema, ambos controlados por allegados al Gobierno, se le revocó la representación legal al señor Eduardo Montealegre, líder del Partido de Liberación Independiente, principal partido de oposición y en su lugar se nombró a un tercero, Pedro Reyes, también allegado al régimen.
Y no le bastó a Ortega su automática reelección, para nombrar a su esposa y aliada incondicional, Rosario Murillo, para que le acompañe en este nuevo capítulo de autoritarismo como Vicepresidenta de la República, asegurando con ello el control absoluto en el manejo de la política social y los recursos internacionales, especialmente venezolanos antes de la crisis del petróleo, que de manera discrecional han repartido la pareja Ortega Murillo.
La descarada politización de los órganos judiciales y de los tribunales electorales han servido tanto a Ortega como a Maduro en Venezuela para legitimar su permanencia en el poder, en el contexto de lo que ellos autoproclaman como regímenes democráticos, y cuya velada fortaleza se asienta en una milicia que por lo menos en el caso de Nicaragua no puede pasar desapercibida, en una Centroamérica sin conflictos entre países y que hoy combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la pobreza mediante otro tipo de estrategias.
No olvidemos que en abril pasado nuestro vecino del norte,  anunció con bombos y platillos su compra a Rusia de una considerable cantidad de equipo bélico altamente sofisticado compuesto por aviones, tanques, carros de combate y otras linduras armamentistas que parecieran totalmente desproporcionadas en un país que de acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 se encuentra entre los países con mejores indicadores de seguridad ciudadana, pero con los peores grados de pobreza y privación  de América Latina
Las nuevas dictaduras se visten hoy de democracia.
La manipulación de los poderes constitucionales, el irrespeto al sistema electoral, la limitación a la libertad de expresión, el sometimiento de la prensa y el fortalecimiento desbordado de la milicia, no son prácticas democráticas y países como el nuestro no deberían seguir disimulando la situación.  Bien ha hecho el Secretario General de la OEA Luis Almagro levantando la voz por todas estas situaciones.  Ojalá sus palabras y sus advertencias, hasta ahora poco escuchadas, despierten más temprano que tarde. Por ahora, al menos desde nuestra Cancillería, no lo veo muy claro.

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