Publicado en noviembre 4, 2016 en La Info por José Hernández
Un juez sentenció a pagar 141 mil dólares para indemnizar a Rafael Correa: es la reparación económica que debe recibir por las declaraciones que profirieron Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa sobre el papel que él jugó el 30-S. Cada uno pagará un tercio de esa multa.
¿Es ético que un Presidente, desde los privilegios que tiene su cargo, pida dinero a sus demandados? ¿Es ético que Rafael Correa, que pidió y obtuvo permiso para meter las manos en la Justicia, exija plata a adversarios que enfrentan un aparato convertido en instrumento para zanjar, a su favor, diferendos políticos? ¿Es moral que la administración de justicia, calculadora en mano, valore cuánto vale la dignidad u honra del Presidente, supuestamente lastimada por aquellos que lo critican o le endosan culpas en su gestión?
El correísmo debe creer que esta práctica es ética y es moral. Y sus funcionarios deben pensar que tienen derecho a usar a los jueces y a la salida de cada juicio –porque los ganan todos– engrosar sus cuentas bancarias y las de sus abogados. Se superó con creces el uso de la Justicia por parte de lo que se llamó la partidocracia: ahora los políticos poderosos pueden, si así lo deciden, extorsionar económicamente a sus contradictores. ¡Qué escuela!
Cualquiera, oyendo a Rafael Correa, dirá que es normal obtener reparación económica en las cortes. Pues no. Hay otras escuelas donde presidentes –sin importar su inclinación ideológica– se abstienen de ir ante los jueces por asuntos en los que, por ejemplo, Correa se ha vuelto adicto. François Mitterrand, socialista, y Jacques Chirac, gaullista, coincidieron en ese punto cuando gobernaron, cada uno durante dos períodos a Francia. Nicolás Sarkozy, también presidente de Francia de 2007 a 2012, demandó a un compañía aérea por haber usado una fotografía en la que aparecía con su esposa, Carla Bruni, en una publicidad. Pero lo hizo en el mejor estilo de los políticos decentes: pidió un euro de reparación. Un euro simbólico porque de lo que se trata, cuando realmente el honor está en juego, es demostrar ante jueces probos e independientes, quién miente: no en usar la justicia para volverse rico y obligar, como en el caso de Villavicencio, Jiménez y Figueroa, a deshacerse hasta de sus muebles y los de los hijos, para llenar las arcas de un Presidente insensible y todopoderoso.
La honra de un funcionario decente debe valer eso: un dólar. Y es penoso para la democracia y altísimamente inquietante para la convivencia, que un bloque mayoritario como Alianza País, vea como un hecho natural que sus jerarcas y aliados usen la justicia y salgan un poco más ricos de las cortes. Es evidente que el Presidente es el protagonista principal y autor de los casos más importantes: el juicio contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por el libro sobre los contratos de su hermano con el Estado. Los dos periodistas fueron condenados a pagar dos millones de dólares a Correa quien, según el juez, se vio perjudicado “en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él”. Ese “daño moral”, como lo llamó Correa, fue evaluado en principio en diez millones de dólares.
El médico Miguel Palacios, presidente de una organización cívica de Guayaquil, también fue condenado a pagar 40 mil dólares en un caso singular. De demandante, por las injurias que profirió contra él el mandatario, pasó a ser demandado. Pedir 80 millones de dólares de indemnización a diario El Universo y cárcel para Emilio Palacio por supuestas injurias, hará parte sin duda de la historia nefasta del correísmo. El Presidente podrá decir que perdonó en muchos casos a los demandados, pero implantó y promocionó una escuela funesta: usar la justicia para perseguir, dirimir controversias políticas y también aupar apetitos económicos en su gobierno. Vieja historia que trae a la memoria el caso de Carolina Chang demandando por tres millones de dólares en 2009 a Leonardo Viteri por las denuncias que él hizo sobre irregularidades que, según él, ella cometió a la cabeza del Ministerio de Salud. Historia que pone en escena a José Bolívar Castillo persiguiendo adversarios en Loja. Pidiendo cárcel y plata. Historia que sigue con el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, condenado por desacreditar “la honra y el buen nombre del presidente”, a una pena de 15 días de prisión.
La honra y dignidad del Presidente, a las cuales tiene derecho, deben valer un dólar. Dólar simbólico siempre y cuando quisiera probar, ante jueces independientes y probos, que lo asiste la razón. Pero es denigrante la imagen que produce un Presidente al exigir plata a los demandados que, además de tener asegurada la cárcel, se ven condenados a engrosar su cuenta bancaria
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