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P. Qué opinión le merece la censura y penalización a la libertad de
expresión en los tiempos de la “Revolución Ciudadana”, como es el caso del periodista Jaime Cedillo, director de la Revista “El Observador” de la ciudad de Cuenca, por el delito de haber compartido una investigación sobre La Ruta Criminal del Oro en Ecuador?
expresión en los tiempos de la “Revolución Ciudadana”, como es el caso del periodista Jaime Cedillo, director de la Revista “El Observador” de la ciudad de Cuenca, por el delito de haber compartido una investigación sobre La Ruta Criminal del Oro en Ecuador?
R. Lo que sucede con Jaime Cedillo es un buen ejemplo para ilustrar todos los defectos de esta pretendida Ley que buscaba ampliar la democracia comunicativa y que ha ocurrido todo lo contrario.
El supuesto delito de Jaime Cedillo es haber insertado en las redes sociales, una publicación sobre un tema que ya fue publicado en una revista digital del exterior, por el periodista Venezolano, residente en Miami, Casto Cando.
Lo que calificaría como gravísimo, es el hecho de que cuando se difundió la investigación en el exterior, la fiscalía ecuatoriana, alarmada por esta situación utilizó el material para iniciar un proceso investigativo o una indagación previa.
Lo curioso, es que en este caso, se aplica de forma indebida un principio de solidaridad, es decir la culpa de Pedro, si acaso lo hubiera cometido, tendría que pagar Juan.
La ley, reconoce el equivocado concepto de solidaridad, que la UNP, está en desacuerdo por el hecho de que compartir una información no da lugar a ser señalado y juzgado como reo o culpable.
Esto nos recuerda los tiempos de la última dictadura militar que en su afán de imponer el orden, mediante decreto, dictaminó una Ley que establecía la solidaridad penal, es decir si en un colectivo social, alguien cometió un delito, todos sus miembros se convertían en solidarios de la infracción. Por esa vía la dictadura encontró el expedito para perseguir a quien lo desagradaba.
Cuando recuperamos la democracia en 1989, una de las principales leyes que fueron echadas abajo por el Tribunal Constitucional, fue: El Principio de la Solidaridad”, por constituir una flagrante violación del derecho a compartir y respetar la libertad de expresión.
Si la Fiscalía Ecuatoriana, tomo el caso para una investigación previa, dio pleno aval para encontrar indicios de hechos delictivos. Pero resulta que, en vez de investigar el hecho y establecer sanciones a los involucrados en la Ruta Criminal del Oro, persigue y enjuicia a quien comparte la denuncia.
Con esa lógica, el señor Caupolicán Ochoa, debía demandar a la Fiscalía y al fiscal. Si ellos acogieron la información para abrir una investigación previa, el señor Caupolicán Ochoa si acaso tiene lógica y coherencia jurídica debía demandar a ellos y no a nuestro compañero periodista.
Quienes somos formados en el derecho, queremos ver a la justicia aplicada en la sociedad como uno de los fundamentos de la democracia. Cuando vemos fallos como el de la jueza señora Pachar, nos congratulamos y recobramos la fe al no encontrar en la denuncia, ninguna posibilidad de delito.
Si el señor Ochoa ha presentado su apelación al fallo, nosotros como Unión Nacional de Periodistas queremos conservar la fe en que la Función Judicial del Azuay, a la que le toque conocer en subida de grado, tenga la actitud digna que ha tenido la jueza de primera instancia.
Sería funesto que una función judicial que se ha caracterizado ser una de las mejores y más probas del país tenga una caída tan grave ante una muestra de prepotencia y poder que es lo que ha originado el juicio.
Lo que aquí está en juego, es la libertad de expresión, por eso hemos respaldado al compañero Jaime Cedillo Feijóo y consideramos totalmente injusta esta persecución, nacida de alguien que en algún momento ha llegado a acumular tanto poder, para querer meter la mano en la justicia ecuatoriana.
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