Reporteros sin Fronteras celebra que el 28 de marzo de 2014
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
haya adoptado una resolución sobre la promoción y la protección de los derechos
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. Esta resolución
reconoce y respalda el papel esencial que tienen los periodistas en la
cobertura de manifestaciones; asimismo, denuncia los ataques y las agresiones
de las que son víctimas durante éstas.
“El año 2013 estuvo marcado por un dramático aumento de los
actos de violencia e intimidación que padecen los periodistas cuando cubren
manifestaciones. Celebramos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya
escuchado las preocupaciones expresadas por Reporteros sin Fronteras. Esta
resolución constituye para nosotros una importante herramienta para seguir
luchando ante los Estados concernidos”, subrayó Lucie Morillon, Directora de
Investigación de Reporteros sin Fronteras.
“Ahora deben establecerse procedimientos para verificar que
los Estados respeten sus obligaciones y garantizar la efectiva aplicación de
esta resolución. Los mecanismos de la ONU también deben hacerse cargo del
problema de las agresiones a periodistas en las manifestaciones pacíficas. Los
‘procedimientos especiales’ concernientes, que atañen al Relator Especial para
la libertad de opinión y expresión, así como al Relator Especial sobre el
derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ahora deben incluir
sistemáticamente esa cuestión en todos los informes, comunicados y visitas a
países”, agregó Lucie Morillon, quien concluyó: “es necesario que la comunidad
internacional vaya más allá en la protección de los periodistas. El Consejo de
Seguridad de la ONU, que en 2006 asumió la protección de civiles y de
periodistas en conflictos armados, ahora también debe encargarse de la
situación de los periodistas en el contexto de conflictos no armados y, en
particular, en las manifestaciones, bajo el modelo de la resolución relativa a
la seguridad de los periodistas, adoptada en noviembre de 2013 por la Asamblea
General de la ONU”.
En primer lugar, la resolución reconoce que las
manifestaciones pacíficas contribuyen “al desarrollo, el fortalecimiento y la
eficacia de los sistemas democráticos”. Además, pide a los Estados que presten
particular atención “a la seguridad de los periodistas y de los profesionales
de los medios de comunicación que cubren manifestaciones pacíficas” y, lo que
constituye un avance notable, que “tengan en cuenta su papel específico, los
riesgos que corren y su vulnerabilidad”. Esta última parte marca un importante
progreso en el sentido de que el Consejo reconoce los peligros que enfrentan
los periodistas en las manifestaciones, así como su función específica.
La resolución va más lejos en el reconocimiento del papel
esencial de los periodistas: “reconoce el rol primordial que juegan las
instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, la sociedad civil,
en especial las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y otros
profesionales de los medios de comunicación, los internautas y los defensores
de los derechos humanos, así como otras partes que recaban información sobre
las violaciones a los derechos humanos o los ataques a esos derechos, cometidos
durante manifestaciones pacíficas”.
Esta resolución, presentada por Costa Rica, Suiza y Turquía,
fue objeto de laboriosas discusiones durante varias sesiones del Consejo. Los
debates tropezaron con las obligaciones de los Estados y los manifestantes, las
categorías de personas a las que habría que proteger, el comportamiento de las
fuerzas del orden y de los manifestantes. Sin embargo, en la cuestión de los
periodistas, su papel y los ataques que sufren, hubo finalmente –y de manera
sorprendente– un cierto consenso entre las delegaciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó en cuenta las
preocupaciones de RSF
La resolución hace eco de las inquietudes manifestadas por
Reporteros sin Fronteras durante estos últimos meses. En particular, considera
las expresadas en un escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en febrero de 2014 (ver archivo adjunto) sobre la agravación de la
situación de los periodistas durante manifestaciones pacíficas. En este
documento, Reporteros sin Fronteras subrayaba el rol crucial –de información,
testimonio y vigilancia– que tienen los periodistas en las manifestaciones
pacíficas, actos por esencia públicos, colectivos y políticos cuya cobertura es
de interés general: “Los medios de comunicación son testigos de la actitud de
las fuerzas del orden durante las manifestaciones. Los profesionales de la
información abordan, en ocasiones en tiempo real, el desarrollo de las
protestas, las eventuales detenciones, los casos de violencia u otros ataques a
los manifestantes”. La cobertura de las manifestaciones permite: “informar
sobre la manera en que se desarrollan las protestas, difundir los reclamos o
las peticiones expresados en ellas, relatar la manera en que las autoridades
responden a estos movimientos, propiciar un debate sobre estas acciones y
reivindicaciones, etc.”
RSF insistía en el hecho de que “una reflexión sobre la
promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones
pacíficas, mencionada en la resolución 19/35 del Consejo de Derechos Humanos,
debe tomar en cuenta imperativamente el estatus de profesional de los medios de
comunicación durante estas protestas”. De esta manera, la organización llamaba
a los Estados a: “Reconocer la cobertura mediática como un elemento de
promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las
manifestaciones pacíficas”.
Agravación de la situación de los periodistas en las
manifestaciones pacíficas
En Turquía, entre mayo y septiembre de 2013, los periodistas
pagaron caro la violenta represión del movimiento de protesta
antigubernamental: 153 actores de la información resultaron heridos y 39 fueron
interpelados. En Ucrania, entre el inicio del movimiento Euromaidan (23 de
noviembre de 2013) y el momento en que las manifestaciones degeneraron en
enfrentamientos (19 de enero de 2014), al menos 58 periodistas fueron heridos.
Puesto que en la mayoría de los casos llevaban chalecos con la inscripción
“prensa”, parecería que los periodistas fueron tomados como blanco
deliberadamente por las fuerzas del orden. En Egipto, el balance de las
agresiones a los profesionales de la información durante las manifestaciones
–tanto bajo el mandato de Mohamed Morsi como cuando el ejército tomó el poder–
no es nada alentador: 65 periodistas fueron agredidos y 103 interpelados
durante las manifestaciones en 2013; desde el inicio del año 2014 el número de
casos registrados de agresiones a periodistas asciende a 11 y el número de
interpelaciones a 32. En Brasil, durante la “Primavera brasileña” una centena
de periodistas padeció la violencia.
Además de los actos de violencia, los profesionales de los
medios de comunicación sufren con frecuencia detenciones arbitrarias, condenas
o actos de intimidación, ya sea en países autoritarios o en democracias. En
Grecia, por ejemplo, mientras que la policía antimotines ejerce una represión
generalizada e insiste en considerar a los fotógrafos, camarógrafos o técnicos
de audio como testigos molestos de sus excesos, el partido neonazi Amanecer
Dorado y grupos anarquistas radicales declaran la guerra a los actores de la
información durante las manifestaciones.
Reporteros sin Fronteras también ha registrado numerosos
casos de obstrucción al trabajo de los periodistas, en particular: prohibición
de acceso a las manifestaciones, expulsión, casos de confiscación del equipo de
los periodistas con el fin de impedir todo eco mediático de esas protestas, en
especial internacional. En China, el 26 de junio pasado se registraron en la
región de Xinjiang los enfrentamientos más mortíferos desde los motines de
2009; poco después, reporteros de la Agence France-Presse (AFP) fueron
expulsados tras una breve interpelación. En Bahréin, las detenciones
arbitrarias, la tortura y los malos tratos siguen siendo cotidianos para
quienes intentan cubrir las manifestaciones. Las autoridades intentaron imponer
un silencio informativo sobre las protestas que tuvieron lugar el 14 de agosto,
encarcelando a netciudadanos e impidiendo que periodistas y activistas
defensores de los derechos humanos entraran al país.
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