Pregunta sin respuesta

Por: Simón Pachano

Tres temas de fondo quedan de lado cuando al caso del asambleísta Jiménez se lo reduce a la dicotomía entre perdón y amnistía. El primero es el proceso seguido para llegar hasta ese punto. El debate jurídico elude ese aspecto, aunque varios de los pasos que se dieron fueron claramente irregulares y sientan precedentes que afectan gravemente al Estado de derecho. El más grave es el despojo de la inmunidad sin seguir los preceptos constitucionales. Es verdad que el asambleísta equivocó el camino al presentar una denuncia ante la Fiscalía en lugar de impulsar una acción dentro del órgano legislativo. Pero, claramente, ese no es un acto que lleve a la pérdida de su condición de legislador y tampoco de su inmunidad. Sin embargo, fue enjuiciado y condenado. El mensaje es claro: un asambleísta que hace una denuncia se despoja automáticamente de su inmunidad.

El segundo es el acatamiento o el rechazo de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. El Gobierno nacional niega la facultad de ese organismo para expedirlas, pero en ocasiones anteriores se sometió a esos dictados (en el caso de los pueblos taromenane y tagaeri, en octubre de 2010) e incluso las pidió explícitamente (en el caso de Nelson Serrano, condenado en Estados Unidos, en julio de 2011). En una declaración que debería formar parte de la antología del profesionalismo con que se manejan las relaciones internacionales, el canciller atribuyó aquellos acatamientos al desconocimiento (¿en su ministerio, en el Gobierno?) del alcance de las atribuciones de la CIDH. Por su parte, el líder sostuvo que aunque esa Comisión tuviera la atribución de dictar medidas cautelares, “es el colmo que trate de revertir la sentencia ejecutoriada de un país soberano”. Es una suerte que lo haya dicho recién en estos días, porque si lo hubiera hecho antes Estados Unidos podía hacer suya esa lógica para tratar el caso ya sentenciado de Nelson Serrano. De cualquier manera, queda claro que las normas –incluso las internacionales– pueden ser manipuladas como un pedazo de plastilina que se amolda según las conveniencias del momento.

El tercer aspecto es el que reviste mayor importancia, y se refiere al origen de todo el problema. Cabe recordar que la denuncia del asambleísta Jiménez aludía a la responsabilidad del presidente en los hechos del 30 de septiembre. Independientemente de que esta fuera mal formulada y que debió canalizarse por las instancias parlamentarias, ella apunta a un tema que no puede quedar en el olvido. Así como es necesario e imprescindible que se clarifiquen todos los aspectos relacionados con la insubordinación policial y que se castigue a sus autores intelectuales, constituye una obligación ética y jurídica la identificación de quién o quiénes planificaron y ejecutaron una acción tan desafortunada como la de esa noche. Era imperioso rescatar (si esa es la palabra) al presidente y salvaguardar su integridad, pero se debe analizar cuidadosamente si se consideraron todas las opciones posibles y, sobre todo, si se optó por la más conveniente. Hasta ahora esa es una pregunta sin respuesta.