Casi tres años han transcurrido desde que un banco en poder
del Estado ecuatoriano, Cofiec, concedió un préstamo de $800 000 al argentino
Gastón Duzac. Un crédito que se dio sin cumplir las mínimas garantías que se
exigen a cualquier cliente que acude para solicitar este servicio bancario: Una
operación que, desde sus primeras revelaciones, estuvo plagada de
irregularidades que hacían presumir el cometimiento de un delito.
La prensa independiente, llamada por el presidente de la
República corrupta, fue la primera que informó sobre este hecho. Y la primera
reacción oficial, hay que recordarlo, fue desacreditar la información que salía
a la luz pública.
Uno de los primeros mencionados, porque era el presidente del
fideicomiso AGD-No más Impunidad, al que pertenecía el banco Cofiec, fue Pedro
Delgado Campaña, quien resultó ser primo en segundo grado del presidente de la
República. Y la defensa del Gobierno
incluyó la realización de un concurrido homenaje en el hotel Quito, en
el que sobraron las alabanzas al funcionario, cerrando filas a su alrededor,
rechazando cualquier tipo de insinuación que lo involucre en alguna
irregularidad. De boca del propio presidente salió su molestia por el intento
de vincularlo en este crédito irregular.
La Fiscalía ha determinado, mucho tiempo después, que el funcionario sí tiene responsabilidad en la concesión de
ese crédito. Por eso ha solicitado y la Corte lo ha concedido, su detención inmediata,
así como la del beneficiario Gastón Duzac, el cuñado de Pedro Delgado y dos
funcionarios más. También hay 12 procesados más, que no tienen orden de
detención, pero tienen medidas sustitutivas.
El caso Duzac se reactiva ahora y aunque Delgado y Duzac ya
no están en el país, la Fiscalía mantiene el discurso que ambos podrían cumplir
las penas que les imponga la justicia ecuatoriana. Tarea difícil. La lección
que se debe sacar a limpio de este caso es que el poder político debe
mantenerse alejado de las investigaciones judiciales y que el Gobierno debe dar
todas las garantías para que se llegue a determinar a los autores del
cometimiento del delito que se investiga.
Cerrar filas para defender a un funcionario público atenta al objetivo
de la justicia de encontrar responsables. O la retarda, por decir lo menos,
como ha ocurrido en este caso. La
justicia que llega tarde, no es justicia, se suele decir. Y en este proceso ha
pasado demasiado tiempo y se protegió a un sospechoso que solo ahora, cuando ya
no tiene ningún apoyo político, puede ser procesado y puesta una orden de
prisión en su contra por este caso. El Estado, como tal, sigue perjudicado. Son
$800 000 que se han perdido y no hay la certeza que se puedan recuperar. La
tarea de la Fiscalía es profundizar las
investigaciones y determinar si hay otros casos más, que podrían ser de igual o
mayor perjuicio a los fondos públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario