Renuncia en el INPC Zonal 6 por tráfico de influencias y presión indebida.
Este miércoles 4 de diciembre de 2024 arrancó el juicio en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito en contra de 11 personas procesadas por presunta obstrucción de la justicia en el Caso Independencia Judicial.
En el caso están imputados Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura y quien ya fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada en el Caso Metástasis; y la exconsejera de la Judicatura, Maribel B.
Las 11 personas son acusadas por la Fiscalía General del Estado de presuntas irregularidades en torno a la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo de un caso por presunto tráfico de influencias contra dos vocales del Consejo de la Judicatura y además fue ponente en el Caso Las Torres.
Wilman T. y Maribel B. son juzgados en calidad de supuestos autores materiales y otras nueve personas en calidad de cómplices.
Ellos son:
1. Milton José A. - Jefe Departamental Nacional de órganos auxiliares y sistema pericial del Consejo de la Judicatura.
2. Jéssica Carolina Ch. - Jefe Departamental Nacional de Innovación y Desarrollo del Consejo de la Judicatura.
3. S.P.C.C. - Asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y persona de confianza de Wilman T.
4. Liberton Santiago C. - Subdirector de Patrocinio del Consejo de la Judicatura
5. Carlos Alfredo G. - Subdirector de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.
6. M.FH.M. - Asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
7. Andrés Paúl J. - Secretario General (e) del Consejo de la Judicatura.
8. Khaterine Edith L. - Subdirectora Nacional de Gestión de Procesos del Pleno del Consejo de la Judicatura.
9. Olga Natalia V. - Asesora de la vocalía 4 de Maribel Barreno.
En la audiencia de este miércoles, la Fiscalía presentó sus alegatos, en los cuales el fiscal (e) Wilson Toainga describió el cometimiento del delito y la presunta participación de las 11 personas procesadas. Durante la tarde se presentaron las pruebas de cargo y pruebas testimoniales en contra de los sujetos procesados.
El delito de obstrucción de la justicia está tipificado en el artículo 270,1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se castiga con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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