La deuda que puede llevar a la cárcel a Correa

Publicado en marzo 14, 2018  en La Info  por José Hernández

Rafael Correa nunca imaginó, en sus escenarios más pesimistas, algo parecido a lo que ocurrió esta mañana en la Contraloría General del Estado: la lectura del borrador del informe sobre la legalidad, las fuentes y los usos de la deuda pública durante su gobierno. Concretamente del 1 de enero de 2012 al 24 de Mayo de 2017.

Se trata del borrador de un informe, investigado desde hace 6 meses por un equipo de 9 personas de la Contraloría, que abre la puerta para que el ex presidente sea enjuiciado penalmente. Por supuesto, la Contraloría no empujó hasta allá el corcho. Por ahora las personas vinculadas, entre otras Rafael Correa, tienen cinco días para presentar sus descargos. Alexis Mera, ex asesor jurídico de la Presidencia, estuvo presente en la lectura del informe que duró 2:30, aunque llegó 1:10 después de iniciada. Pasado este lapso, la Contraloría presentará el informe definitivo y eventualmente formulará responsabilidades penales contra las personas vinculadas.

Es difícil pensar que Rafael Correa pueda desvanecer las pruebas que pesan contra él. Él figura, con evidencias claras, en cada uno de los seis capítulos en los que la Contraloría dividió su investigación. Los seis componen, en los hechos, un sistema de ocultamiento de información, de asalto a la fe pública, de violación a disposiciones constitucionales y de cambio de cuentas públicas, para contratar deuda torciéndole el cuello al ordenamiento legal o cambiando el cálculo del monto total.

El borrador de la Contraloría es incompleto por la inexistencia de un archivo donde reposen los expedientes debidamente indexados, cronológicamente organizados y con copias certificadas. Ni hay respaldos completos ni hay traducción de los contratos, redactados en inglés. Sin esa “seguridad razonable sobre la documentación”, la Contraloría concluye que tuvo que limitar el análisis y que en el futuro tendrá que abrir nuevas investigaciones.

No obstante, el borrador de la Contraloría es abrumador. Como es costumbre, no cita nombres y solo evoca hechos. Pero es evidente que siluetea el sistema usado por el gobierno de Rafael Correa para dar liquidez a su gobierno. En él están inmersos ministros, subsecretarios del ministerio de Finanzas, gerentes de Petroecuador, su directorio y funcionarios de otras entidades.

La evidencia que concierne, en forma directa a Correa, es el decreto 1218, firmado en octubre de 2016, mediante el cual se reformó la forma de calcular la deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto. Esa relación, como se sabe, no podía superar el 40% del PIB. Gracias a ese decreto, la deuda interna no fue incluida en los boletines de la deuda pública y así su monto total bajó en diciembre de 2016: sumó apenas 27%. Ese cálculo establecido por Correa fue ilegal y significó que la relación de la deuda con respecto al PIB llegara al 52%. Y aún así se siguió contratando deuda sin pedir la aprobación de la Asamblea Nacional, como obliga la ley.

Este trastrocamiento de cifras hace parte del sistema general creado por el gobierno de Correa para ganar liquidez y sostener, con deuda solapada, el gasto monumental y el despilfarro. La Contraloría demuestra que hubo cambio de leyes, derogación de normas e incluso redefinición de palabras para interpretar a su manera el endeudamiento y su utilización. Por ejemplo, la palabra infraestructura que el diccionario define como medios técnicos, servicios e instalaciones; es decir cosas físicas, adquirió bajo el correísmo sentidos figurados. Eso le permitió destinar el dinero de la deuda en la infraestructura económica, financiera, ambiental, social, de ciencia y tecnología…

Ese sistema de disimulo requería total opacidad. Por ello los contratos de deuda fueron declarados, desde el 2010, secretos y su documentación reservada. Sin información, no podía haber control. La fiebre por obtener liquidez llegó al punto de usar a Petroecuador como gestor de créditos. Para ello se hizo un convenio interinstitucional y el Comité de Deuda, presidido por el Presidente o su delegado, autorizó la operación. Petroecuador suscribió créditos, tarea que le corresponde al Ministerio de Finanzas, por $970 millones con el Industrial and Commercial Bank of China limited. La Contraloría habla de otro contrato por $1000 millones.

Los investigadores de la Contraloría muestran la desidia e informalidad con que el gobierno correísta hacía seguimiento y supervisión al manejo de las líneas de crédito. En el informe se dice que no se creó la oficina conjunta, prevista con la China, para ese propósito. Un hecho escandaloso que seguramente no lastimaba el nacionalismo exacerbado del cual hicieron gala Correa y los suyos. No hubo un sitio físico. Todo fue informal. No se hicieron actas de las reuniones. No hubo informes anuales.

Correa creó un sistema redondo para ocultar la empresa colosal de endeudamiento destinada a mostrarlo como un administrador eficiente y un economista consumado. Ese sistema fue posible gracias a su intervención directa, a las órdenes que dio a los Ministros de Finanzas y al decreto 1218 que salió de su despacho. Sus ilegalidades están consignadas en el borrador del informe de la Contraloría que, si se vuelve definitivo, lo convertirá en un seguro reo de la justicia.