La factura que deja la baja del precio del petróleo –que no cesa de sumar– se ha convertido en la roca de Sísifo para el gobierno ecuatoriano. No solo se han reducido los ingresos –y eso tiene consecuencias sociales y políticas– sino que los mismos contratos petroleros se han vuelto motivo de preocupación. René Ortiz, analista en temas petroleros, hizo el 21 de enero pasado,  en el portal 4pelagatos.com, un cálculo sorprendente: Ecuador debe $1.800 millones de dólares a las compañías petroleras por el desfase que hay entre el precio de barril de petróleo y la tarifa que fijó el gobierno en los contratos por su extracción. La paradoja es grande: el fisco subsidia ahora la producción petrolera.
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¿Cómo salir de este entuerto? El gobierno no parece tener una estrategia ganadora. La incertidumbre comienza por la falta de cifras oficiales. Un ejemplo: no hay acuerdo entre los analistas económicos sobre la brecha de financiamiento. Se estima que oscila entre $10 000 y $12 000 millones. Esto ha terminado generando la dinámica sisifeana en que se mueve el gobierno.
No tiene cómo pagar a los proveedores unos $2500 millones. Por falta de esos pagos, han disminuido los saldos de depósitos. La banca ha restringido el crédito. Esto ha incidido en la recesión económica, quiebre de empresas y aumento de desempleo y subempleo.
Para invertir la dinámica, el gobierno debería empezar por reducir el gasto. Pero si lo hace, contrae la economía. Ese es su gran dilema, dice Fausto Ortiz, ministro de Rafael Correa durante un año, al inicio de su gobierno en 2007. Él no ve cómo hará el gobierno para gastar menos sin frenar mucho la economía en este año que es electoral.
El correísmo sabe que es ahí donde se juega su supervivencia política. Su expectativa financiera sigue dependiendo de créditos externos. El Presidente habló de un empréstito por $3.000 millones provenientes de la China. Son créditos amarrados a proyectos que, al parecer, no darán mayor oxígeno al gobierno. Tampoco hay información sobre la forma cómo el gobierno piensa encontrar los $10 000 ó $12 000 millones que necesita este año. Sí hay, en cambio, muestras de cómo está intentado pasar la pelota de la responsabilidad al sector privado. Dicho de otra manera, el gobierno tiene la pretensión de deshacerse políticamente de la factura, cualquiera que sea el monto y sus consecuencias.
Esto se nota en el discurso oficial. El Presidente está haciendo grandes esfuerzos en sus cadenas sabatinas –que duran hasta cuatro horas y son retransmitidas por los canales oficiales y un centenar de radios– para mostrar que el Estado ya hizo su trabajo. El Presidente no dice que su gobierno incrementó la legislación y las trabas administrativas contra las empresas, no firmó acuerdos comerciales e incrementó la inseguridad jurídica. Todo esto se nota en el índice riesgo país que bordea los 1600 puntos.
Ahora que el Estado no puede jugar el papel de principal motor de la economía, Rafael Correa declara que es el momento que el sector privado salte a la cancha. El gobierno, según él, ya hizo su tarea: obra de infraestructura. Ahora son los empresarios los que deben invertir, conquistar mercados y encarar la crisis. Incluso ha dicho –en dirección de los proveedores impagos– que mantengan integralmente la operación, pues deben haber ahorrado tras los beneficios económicos y buenos negocios que les trajo la Revolución Ciudadana. Conclusión presidencial mirando las cifras de pérdida de empleos y deterioro del subempleo: el Estado no ha despedido a sus empleados. Una afirmación que es inexacta, pero que retrata la decisión política de trasladar la factura de la crisis al sector privado.
El gobierno de Correa parece haber archivado, en forma definitiva, la supuesta apertura que muchos empresarios creyeron ver en el proyecto de Alianza público-privada. Esta se dio tras múltiples tentativas fallidas de acercamiento que fueron concluyentes solo para unos pocos grandes grupos monopólicos del Ecuador. Correa sin plata no solo decidió endosar la responsabilidad de la crisis a los empresarios; ahora hace política contra ellos.
Desde hace un par de semanas, él y su Ministro de Trabajo han enviado una carta a los trabajadores, con nombre propio, directamente a su lugar de trabajo. Es evidente que hace proselitismo político dentro de las empresas, contrariando leyes que lo prohíben expresamente. Su carta, en la que declara ser defensor de los trabajadores y cita al Che Guevara, trasluce su deseo de consolidar los nexos con el sector más duro de su electorado, ahora que ha perdido gran parte de la clase media.
Llevar la política a las empresas no es un buen mensaje para inversionistas u organismos internacionales que pudieran, eventualmente, contribuir a enfrentar la crisis económica. Pero es lo único que le queda tras haberse quedado sin plata: pobres contra ricos. No es seguro que le funcione pero debe pensar que nada pierde con ensayar.